Javier Milei, lanzó un DNU con drásticas modificaciones en la legislación vigente, entre cuyas medidas se elimina la Ley de Alquileres. Así, el Ejecutivo liberaliza el mercado de alquileres, lo que constituye un nuevo golpazo a los inquilinos y agrava la ya acuciante necesidad de vivienda que padece la población.

Dicha ley establecía que el plazo mínimo de contrato era de tres años, con una actualización semestral a partir del coeficiente casa propia y la prohibición de publicar los alquileres en dólares. A partir de ahora los contratos serán establecidos por dos años y actualizados mediante el “libre acuerdo” que firmen propietario e inquilino con el índice que fuera y en la moneda que convengan. Es una negociación sumamente desigual en tanto el primero cuenta con la propiedad del inmueble y el otro solo con su magro salario y su necesidad acuciante de vivienda: uno puede esperar a encontrar un mejor comprador, el otro requiere un techo donde dormir.

Un informe de la Fundación Tejido Urbano afirma que, en la Ciudad de Buenos Aires, el 76% de los jóvenes menores de 35 años no llegan a cumplir sus contrato y los tienen que rescindir antes de su vencimiento, una situación que muchas veces es producto de las paupérrimas condiciones laborales en que hoy tiene que trabajar la juventud, pedaleando en apps como Rappi o en empleos precarizados con salarios miserables.

A su vez, los inquilinos en ocasiones enfrentan condiciones abusivas por parte de los propietarios, como incrementos injustificados, algo ilegal que ahora con la derogación entraría dentro de la “libertad contractual”, por lo que muchos inquilinos se van a ver directamente expulsados de sus hogares. Es la ley de la selva, un sálvese quien pueda.

El informe también reveló que se produce un “fenómeno de corrimiento” donde los adultos mayores deben alquilar una vivienda, algo que no se veía en los resultados del Censo anterior y ahora es frecuente. Un monoambiente no baja de $200.000, mientras que una jubilación mínima se ubica en un miserable $105.713, por lo que ningún jubilado podría afrontar un alquiler por sí mismo.

La derogación de la Ley de Alquileres es un nuevo motor para impulsar la especulación inmobiliaria, que ya prima sobre todo en CABA, en donde los desarrolladores inmobiliarios, incluso en tierras del Estado, construyen complejos que se destinan a la venta o quedan vacíos y ofician como reserva de valor, y que presionan sobre el precio de los alquileres. Al mismo tiempo, Milei en su DNU privatiza la obra pública, lo que confirma que tampoco habrá planes de viviendas.

Para hacer todo esto, el Ejecutivo se apoya en que la Ley de Alquileres no resolvió el problema de los inquilinos, justamente porque trataba de conciliar los intereses de estos con los especuladores inmobiliarios. En la medida en que los gobiernos anteriores se rehusaron a fijar impuestos a la vivienda ociosa y en avanzar en un plan de viviendas populares, contribuyeron a que los propietarios y las inmobiliarias retiraran del mercado sus propiedades y a las que quedan le ponen precios exorbitantes para cubrirse de antemano, algo que se agravará con la derogación.

Esta es la situación habitacional a la que nos han traído todos los gobiernos anteriores y que Milei va a profundizar en beneficio de los grupos inmobiliarios. Si bien la Ley de Alquileres jamás resolvió los problemas de los inquilinos, liberalizar el mercado de los mismos es un ataque directo a los inquilinos que solo contribuirá a dejar sin techo a una gran parte cada vez mayor de la población.

Hay que enfrentar este decreto antipopular y luchar por un programa de fondo para abordar el problema: plan de creación de viviendas populares, con créditos accesibles y a tasas subsidiadas, también destinados a la adquisición de viviendas disponibles en el mercado; impuesto a la vivienda ociosa, progresivo según la cantidad de propiedades, para desalentar la especulación y volcar viviendas al mercado; creación de un Banco de Tierras Públicas para destinar terrenos y edificios fiscales a viviendas populares; revisión de las tierras y edificios públicos enajenados en los últimos años; impuesto progresivo a los acaparadores inmobiliarios; urbanización real de todas las villas y asentamientos; impuesto progresivo al alquiler temporario.

El camino ya lo mostró la movilización de este 20 de diciembre, convocada por el movimiento piquetero y el sindicalismo combativo, que quebró el protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich, y los cacerolazos posteriores al anuncio del DNU, que volvieron a mostrar que el protocolo está muerto y que la clase obrera cuenta con sobradas reservas de lucha para enfrentar esta ofensiva. Ganemos las calles, por la derogación de este decreto y contra todo el programa antiobrero del gobierno.

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