La “reforma provisional" que se anuncia derogará la ley que asegura a los jubilados un haber equivalente del 70 al 62% del salario al momento de su cese laboral, actualizado. Con la reforma los haberes jubilatorios perderán cualquier vinculación con el salario, transformándose, por eso, en un haber "asistencial", limosna o caridad. El monto oscilarla entre los 80 y 120 dólares mensuales.

En la actualidad, como las cajas no están pagando ese 70/82%, están incurriendo en una deuda con los jubilados por la diferencia resultante. Ni la dictadura, ni Alfonsín ni Menem han cumplido con el pago de estas deudas. Ahora el gobierno se apresta a emitir un bono a 10 años por el total de lo acumulado al 31 de marzo de 1991, mientras a los exportadores y contratistas del Estado les está pagando deudas que son “curros” y “negociados’’ al contado. Pero como después de esta fecha tampoco pagaron el 70/82%, las Cajas han vuelto a incurrir en deudas con los jubilados por 300 millones de dólares al mes.

La derogación del 70/82% para todos aquellos que se jubilen de ahora en más es totalmente ilegal, esto porque afecta el derecho adquirido por los trabajadores en actividad que aportan desde los 18 años a un sistema que aseguraba que al momento del retiro recibirían ese 70/82. Si el Parlamento deroga el 70/ 82% deberla, al mismo tiempo, aprobar la devolución inmediata de lodos toe aportes y contribuciones que hicieron los trabajadores activos. Pero no puede disminuir o derogar beneficios y al memo tiempo quedarse con los aportes.

En tanto que el beneficio del 70/82% es un derecho ya adquirido, mediante aportes concretos, estos son no ya un derecho, a determinado beneficio sino una propiedad o título de propiedad privado como surge incluso del simple hecho de que las empresas lo depositan en las cajas oficiales a nombre de los trabajadores. No es un aporte global sino personalizado, con el nombre y apellido de cada trabajador. Al momento de jubilarse, el trabajador debe presentar planillas con todo el detalle, mes por mes, de los aportes y contribuciones efectuados a su nombre por las empresas donde estuvo empleado y sobre esa base se calcula el 70/82. Los aportes y contribuciones son propiedad privada de los trabajadores y ninguna ley que se base en un régimen constitucional de propiedad privada puede autorizar a un gobierno a desconocerlo.

La reforma Menem-Cavallo es absoluta/nene ilegal, por todos los lados que se lo quiere analizar.