17/08/2000 | 677

Derogan la «Cobertura Integral o Universal» y encarecen la salud

Con la desregulación de las obras sociales, ¿»habrá más cobertura médica», como tituló Clarín el viernes 11?


En la Argentina más de la mitad de la población *20 millones de personas* no tiene cobertura médica y se hacina en los hospitales públicos, que carecen de presupuesto y arancelizan las prestaciones médicas.


El resto tiene una obra social o el Pami. En lugar de resolver el problema de los 20 millones de carenciados en salud, el gobierno de la Alianza tomó la decisión de privatizar la atención médica de los que tienen alguna obra social.


¿Razones? El negocio de la salud no está entre los desocupados, entre los que trabajan en negro, o entre los indigentes y los pobres. El negocio está entre los que trabajan, a quienes se les quiere descontar, compulsivamente como siempre, un «aporte» mayor, que agrandará la ‘torta’ para los grandes pulpos de la salud.


La resultante será un empeoramiento de la situación de los que no tienen cobertura médica, una menor cobertura para los que hoy tienen una obra social y un encarecimiento de la salud para los que ganan por encima del ingreso medio.


Lo que Clarín entiende por «más cobertura médica» no es otra cosa que la redefinición del Programa Médico Obligatorio (PMO), que es la cobertura mínima que deberán brindar las obras sociales y las empresas de medicina privada a partir del 1 de enero de 2001.


¿Por qué en un sistema de Seguridad Social tiene que existir PMO? ¿Por qué se cambia el PMO justo cuando se anuncia el ingreso de la medicina privada en el campo de las obras sociales?


El PMO es una propuesta que viene del Banco Mundial y constituye la clave de la privatización de la salud.


El PMO reemplaza a la «cobertura integral y universal», esto es, que todo trabajador y su familia, en materia de salud, estén cubiertos de todas las contigencias y patologías médicas y que tengan libre acceso a los médicos y profesionales, los cuales, a su vez, no deben tener ninguna limitación a la hora de encarar un tratamiento médico.


El PMO, en cambio, especifica qué cosas están cubiertas y qué cosas no lo están. Por ejemplo, el PMO dice que «todos los afiliados tendrán un médico de cabecera, el que derivará *cuando corresponda* a los especialistas» (Clarín, 11/8).


Esto no apunta a mejorar la atención médica familiar sino que actúa como ‘filtro’ del llamado ‘uso médico’. A través del médico de cabecera, que es el único autorizado para derivar al paciente, las empresas de salud pueden controlar la cantidad de veces que una persona recurre al especialista o realiza un análisis de sangre o una placa radiográfica.


En el nuevo PMO, «se incorporarán los usos e indicaciones de las prácticas de mayor costo y complejidad incorporadas a la práctica médica en los últimos 10 años. En este caso, se trata de evitar que se pida una resonancia nuclear magnética *que es muy cara* para confirmar una fractura», dijo el superintendente de Salud (ídem).


Querer indicarle a los médicos y profesionales ‘los usos’ de las prácticas médicas, en especial de las costosas, apunta claramente a limitar la atención médica. Según el superintendente aliancista, «el objetivo es que no existan prestaciones innecesarias que encarezcan sin razón la atención médica» (ídem).


Pero el problema en la Argentina, que se agravará con el ingreso del capital privado a las obras sociales, pasa por la sub-prestación médica y no por la abundancia de las prácticas médicas. En lugar de garantizar que las empresas que van a lucrar con la salud garanticen que ningún médico deje de recetar una práctica médica, como una radiografía compleja o un estudio costoso, el PMO castiga a los médicos que receten ‘inadecuadamente’ con sanciones por parte del colegio médico.


¿Acaso no sabe un médico o profesional que no se necesita una resonancia magnética para detectar una fractura?


El PMO apunta a bajar costos y no a mejorar la atención médica, de manera de optimizar los beneficios de las empresas. De esta manera, al estimular la subprestación médica lo que se busca es que el trabajador realice aportes ‘voluntarios’ para acceder a un plan superior.


Así, la llamada «libre elección» no es otra cosa que un encarecimiento de la salud del trabajador y un aumento de las ganancias para la medicina privada.


En los últimos días, la Superintendencia ha dictado resoluciones que obligan a las empresas privadas que intervengan en el campo de las obras sociales, a tener entre un millón y tres millones de pesos de capital mínimo. La medida fue exigida por los grandes pulpos para monopolizar el sistema. Pablo Giordano, el ‘patrón’ de una de las Cámaras de prepagas, admitió que «con las reglas fijadas se está facilitando que grandes instituciones financieras manejen esta actividad y que queden relegadas las entidades genuinas del ámbito de la salud» (Ambito Financierio, 8/8)


El PO plantea:


• Derogación de los decretos de privatización de la salud.


• Plan de salud único bajo control de los trabajadores, basado en el aporte exclusivo a cargo de las patronales.


• Nacionalización bajo control obrero de la medicina privada.

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