10/06/2003 | 808

Derrumbe estatal, levantamiento popular

El gobierno de Kirchner enfrenta una crisis política que hace tambalear la estructura general del Estado. La reacción popular contra la inseguridad (generada, particularmente, por los negocios delictivos de la «bonaerense», y del conjunto de las fuerzas de seguridad) ha tumbado ya a varios comisarios y amenaza ir por más.

El 16 de junio, en Arequito, la furia popular arrasó con la dependencia policial de la localidad, en una rebelión que duró dos días y estuvo seguida de marchas multitudinarias contra la policía y los gobiernos cómplices de la delincuencia uniformada. El 19 de junio, otro levantamiento de vecinos copó la comisaría de Arrecifes. El 1° de julio, en Lanús, miles de vecinos ocuparon la comisaría 7ª, de Villa Industriales, denunciando la connivencia policial con los desarmaderos de la zona. Al igual que los movimientos citados, provocaron la caída de la cúpula de la seccional. Los reclamos y cortes de calles y de rutas originados por el mismo problema de la inseguridad, se extendieron a Wilde-Avellaneda, a San Martín y Tres de Febrero, a San Miguel y a José C. Paz (donde también se relevó al comisario). La reacción masiva de los vecinos contra el accionar coordinado de policías y delincuentes tiene sus antecedentes, el año pasado, cuando en el barrio Las Catonas, en Moreno, sus trabajadores quemaron la casa de una banda de desarmadores de autos, protegida por la «bonaerense».

Uno de los temas predilectos de la burguesía, la «inseguridad», usada para justificar la represión contra el pueblo resultó ser el detonante de nuevas puebladas contra el Estado cuando «parecía que las protestas sociales habían quedado reducidas a los piquetes y a los cortes callejeros (…) como luces de alarma, volvieron las manifestaciones espontáneas de la gente que simplemente siente miedo» (Clarín, 6/7).

La «bonaerense»

La policía de la provincia de Buenos Aires es, probablemente, la corporación más poderosa en la estructuración y el regenteo del delito, y en la distribución de sus beneficios, de todas las mafias que actúan en el país. A los más de 45.000 efectivos, la «bonaerense» le suma la «familia policial», integrada por los que pasaron a retiro pero siguen trabajando para la «coorporación».

Cada comisaría de barrio es una «casa de recaudación» de las lucrativas ganancias por la protección del juego ilegal, la prostitución, el robo de autos y las ventas ilegales de los desarmaderos (y el narcotráfico). Una «departamental» – que integra a 25 ó 30 dependencias – recauda por comisaría no menos de 3.000 pesos por mes, para el capo de la departamental. Sólo un jefe medio recibe alrededor de «90.000 pesos que, por supuesto, no son sólo para el jefe. El les manda su parte a los jefes que están en La Plata» (Página/12, 23/6). Los «jefes de La Plata» son los 44 comisarios generales que integran la cúpula de la «bonaerense», con los cuales el «garantista» Cafiero quiere «demostrarle a la gente que estamos en una lucha decisiva contra el delito» (Clarín, 6/7).

Este «mapa del crimen» policial integra también «la venta de drogas, el robo de camiones (piratería del asfalto) y buena parte de los secuestros» (Página/12, 23/6).

La reacción popular contra la «mafia bonaerense» puso en crisis todo el andamiaje del Estado y desnudó sus vinculaciones con el poder político y con los jueces. La crisis ha llevado a Joaquín Morales Solá (editorialista del diario La Nación) a afirmar que «otro ingrediente insoslayable de la crisis de seguridad es la complicidad de los punteros políticos y la policía para amparar el delito; el fenómeno tiene más raíces en la provincia que en la Capital, pero existen en ambos lados de la General Paz» (La Nación, 6/7).

Queda claro lo que defienden personajes como Aldo Rico cuando apoyan a la «bonaerense», en particular tratándose de un «capo-mafia» de una banda prostibularia municipal, como la que encabeza el ex carapintada en San Miguel.

Política de shock, crisis política del Estado

Por enésima vez se larga una reforma de la bonaerense, aho ra en forma de ultimátum.

Esta «reforma policial», que según el gobierno es parte de un riguroso plan súper secreto, es la salida apurada al escándalo de los secuestros extorsivos, los asesinatos que provocaron los levantamientos populares y la crisis que estalló luego de que se hiciera público que el jefe de la «bonaerense» tenía depositados en un banco de Bahamas casi 350.000 dólares que no podía justificar.

«Las primeras fronteras que deberá demarcar («la reforma») serán entre la policía y el delito y entre la política y el delito» (La Nación, ídem). Una tarea inalcanzable para los Solá, Beliz y cía.

Cuando las «autoridades de la provincia y del gobierno nacional» aceptan públicamente «que en algún punto podría haber algún nexo entre los secuestros extorsivos y sectores de la policía bonaerense» están reconociendo que tienen una bomba entre las manos. Está estructurada «de forma vertical», es decir, del ‘primer botón’ al más alto comisario, y hace «inútil cualquier transformación que respete un orden lógico» (Clarín, 6/7).

La dependencia del régimen burgués de su propia policía se manifiesta, en palabras de Cafiero, en que «el poder político avaló la corrupción policial» (ídem).

El primer límite, sin embargo, que enfrenta K., en medio de un período electoral, es la guerra que la «bonaerense» ya le ha declarado, ante la posibilidad de que sean vulnerados sus prebendas y negocios.

El desembarco, orquestado por el secretario de Seguridad Interior, Quantín, de 2.000 gendarmes en la provincia de Buenos Aires, aunque es un avance represivo contra el pueblo, es un recurso extremo para encuadrar a la «bonaerense».

Cuando le preguntaron si esperaba represalias de parte de «la familia policial», Cafiero respondió: «Espero que no».

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