17/02/2021
Alimentos

Desabastecimiento e inflación, el gobierno confiesa su impotencia

Acerca de la "imputación" de diez grandes alimenticias por la Secretaría de Comercio Interior.

La Secretaría de Comercio Interior comunicó que «imputó» a una decena de grandes empresas alimenticias por faltantes en las góndolas y disminución de la producción, incumpliendo cláusulas fijadas por el programa Precios Máximos. Se trata de apenas un llamado de atención, que pretende mostrar una intervención del gobierno ante la carestía, pero en realidad revela la impotencia oficial ante la suba de precios de productos esenciales.

La resolución 100/2020 dictada en marzo del año pasado, en el marco de la Emergencia Sanitaria, establecía que las empresas del programa Precios Máximos debían «incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada» y garantizar su distribución.

Sin embargo, según informó el área a cargo de la secretaria Paula Español, en la multinacional Unilever se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos; en Danone una marcada disminución en la producción de quesos cremas y postres; en Fargo una reducción en el stock de pastas, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades; Aceitera General Deheza (AGD) -la principal exportadora nacional- acreditó bajas en todas sus marcas y presentaciones, al igual que el pulpo Bunge en aceites y harinas; y Molinos Río de la Plata redujo en harinas, arroz y aceites. A otras grandes firmas se les observa no haber presentado la información al respecto.

Como se ve, al igual que en otros rubros en los que el gobierno de Alberto Fernández desistió de intervenir -como materiales de construcción-, prima la especulación del gran capital para mantener el alza de precios, mientras el consumo de desploma por el derrumbe de los ingresos de las familias trabajadoras. La cuestión ya había salido a la luz de manera escandalosa cuando el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo confesó que compraba alimentos a precios siderales porque las empresas se habían cartelizado. Ahora se las intima a presentar la información respectiva en la Secretaría de Comercio y a reponer los niveles de abastecimiento de noviembre de 2020, pero lo cierto es que por esta vía a lo sumo se podría derivar en multas que serían apeladas por las patronales.

Por lo tanto, como este procedimiento no revertirá la especulación de los pulpos de los alimentos y agronegocios, es una confesión del fracaso oficial en cualquier control de precios, costos y abastecimiento en la producción y comercialización. De hecho, altos ejecutivos de cuatro de las empresas «imputadas» (P&G, Unilever, Danone y Molinos Río de la Plata) vienen de aplaudir al ministro Martín Guzmán en el encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada, porque adjudicó la aceleración inflacionaria a la macroeconomía y no a los «formadores de precios», y se comprometió a ser férreo en el ajuste fiscal y una política monetaria más «ortodoxa» como exige el gran capital y el FMI (más deuda y menos emisión).

Al mismo tiempo, los constantes recules del gobierno ante los capitalistas le restan autoridad entre propios y ajenos. Tanto es así que, después de la capitulación ante el capital agrario -por el traslado de las subas de los precios internacionales a los precios internos de las materias primas-, hasta el tuit de Juan Grabois celebrando la resolución de Comercio concluyó: «Espero que vayamos a fondo». Es un testimonio crudo de la desmoralización de quienes presionan porque prime en el rumbo oficial una «agenda progresiva».

Por lo demás, esta incapacidad para controlar los precios de la cadena de valor se combina con una política inflacionaria. Los sucesivos naftazos, que en la capital promedian 11% en el año, repercuten en toda la distribución y comercialización. La subas ya programadas en los biocombustibles y en los impuestos a la venta en surtidor anuncian que los próximos meses seguirá esta confiscación al bolsillo popular, acicateada a su vez por la suba de los precios internacionales del petróleo.

Como fuera, la carestía que golpea a las familias trabajadoras es compensada con maniobras de los capitalistas para preservar sus márgenes de ganancias a pesar de la caída del consumo. Según las cifras oficiales del Indec, desde mediados de 2020 el consumo en supermercados no para de decrecer; y en los rubros de bebidas, panadería, lácteos y carnes la baja es mayor al promedio. Revelan además un fenómeno explosivo, que es que el 37% de las compras se realizan con tarjetas de crédito, lo que acrecienta la bola de nieve del endeudamiento familiar.

La Encuesta de Supermercados del organismo de estadística también arroja otros datos interesantes, como el hecho de el 85% de las ventas de noviembre se concentraron en ocho empresas, contra casi un centenar que se reparte el otro 15%. La cartelización en todos los eslabones del proceso productivo y comercial revela que las familias trabajadoras somos rehenes del gran capital.

El gobierno, por otra parte, tampoco puede acreditar un esfuerzo por menguar las remarcaciones en los precios de los alimentos, ya que en el marco de una política fiscal orientada a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario repuso y mantuvo el gravamen del IVA sobre los productos de primera necesidad. Es decir que la recaudación fiscal se sostiene también a costa del vapuleado bolsillo popular, mientras que a las empresas se le conceden subsidios, exenciones y moratorias -además de paritarias con un techo del 29% ante proyecciones inflacionarias del 50%.

Para combatir a los «formadores de precios» es necesario abrir los libros de todas las empresas de la cadena de valor al control de los obreros, quienes además pueden contrastar con las cifras reales de producción y stock. La especulación a costa de hambre popular exige la abolición del secreto comercial, que es la base para los acuerdos fraudulentos entre grandes empresas contra los consumidores. Ello debe complementarse con la eliminación de los impuestos al consumo, y un gravamen progresivo a las grandes rentas y fortunas capitalistas. Son medidas que solo puede adoptar la clase obrera, y se contraponen por el vértice al rumbo fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández. La enorme acción que prepara en todo el país el Frente de Lucha Piquetero, para el jueves 18 de febrero, abre un canal para enfrentar el crecimiento del hambre y la pobreza. Sigamos ese camino.

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