26/09/1995 | 466

Desaforan a la junta gremial interna del Banco de Córdoba

Por E. S.

La justicia angelocista ha hecho lugar al pedido de desafuero de cinco integrantes de la Junta Gremial Interna del Banco de la Provincia de Córdoba, acusándolos de haber realizado (en junio de 1993) una asamblea en horario de trabajo y haber hecho denuncias sobre funcionarios del Banco en un volante. Para fundamentar la resolución, el juez no ha dudado en apelar al estatuto del Banco, aprobado en la época de Onganía (1968) y, en particular, a su artículo 26, que expresamente prohíbe “a los empleados mientras se encuentran en el local, promover o tomar parte en propaganda o cuestiones políticas, religiosas, raciales, gremiales (sic), deportivas (sic) o de cualquier otra índole…”. Además, el fallo coloca (expresamente) el derecho individual (de la patronal) por encima del derecho colectivo (los trabajadores). La medida judicial se combina con sanciones y persecución a activistas en las dependencias públicas.

 

El gobierno y el directorio del Banco tienen, en este caso, interés en chantajear a la Gremial para llevarla a aceptar la aplicación de la Ley de Emergencia a los empleados del Banco y terminar con el último foco de rechazo a la ley. El gobierno busca que los bancarios sigan el modelo lucifuercista, es decir, el recorte salarial sin recortar el horario, ya que es imposible que siga funcionando el Banco si se reducen las horas de trabajo. Mestre se dio la política de quebrar la resistencia en el resto de los organismos oficiales (administración, Epec, Dipas, docencia) con la colaboración desembozada de la burocracia sindical. El Banco está quebrado, la mitad de su activo (700 millones) está compuesto por deudas inmobiliarias que le transfirió la Provincia y por la deuda que ésta tiene con el Banco. El gobierno pretende que esta suma, más los deudores incobrables, sean pagados por la población explotada de Córdoba. Esta operación no tolera una resistencia obrera.

 

Impedir el desafuero, quebrar la ley

 

La permanencia del gobierno de Mestre depende enteramente de su capacidad para imponer a los trabajadores las exigencias de la banca mundial (a través de Menem-Cavallo) y de las cámaras patronales. Por eso, cada paso que da se convierte en una batalla decisiva. Es en este sentido que la situación del Banco y el desafuero de la Junta Gremial se han convertido en una cuestión de Estado. El gobierno pretende  aplicar una “segunda Ley de Emergencia”, que esta vez avance en el despido de más de 30.000 trabajadores. Bertaina, un economista radical, sostuvo que luego de la reducción horaria y salarial viene el proceso de “afinación”, ya que “si la administración sigue funcionando en este cuadro habrá quedado demostrado que sobran empleados en el Estado provincial”.

 

La consigna es: solidaridad con los trabajadores del Banco Provincia, ocupemos el Banco contra el desafuero, los despidos o la privatización, paro activo provincial.

 

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