Está por cumplirse un año del brutal desalojo del ex Padelai, cuando casi un centenar de familias fue arrojada, a gases y palos, del predio que ocupaban desde hacía veinte años. Desconociendo el derecho de propiedad de sus habitantes sobre el edificio, el gobierno "compensó" a los desalojados con subsidios o préstamos misérrimos. Sin argumentos legales para justificar la expulsión, Ibarra apeló en aquel momento a "un desalojo administrativo", en función de un supuesto "derrumbe inminente". Así, el criminal operativo represivo fue presentado como un acto de "protección" hacia los propios vecinos.

A un año de los hechos, no sólo no ha habido derrumbe alguno. El gobierno acaba de anunciar que la "demolición no era el objetivo que se perseguía" (Clarín , 10/2), y que se construirán talleres de arte en el viejo edificio desocupado. Todo el inmenso operativo comandado por Ibarra fue un gigantesco fraude, donde participaron "técnicos" de la Facultad de Ingeniería y medio gabinete del ex frepasista. Los funcionarios, sin embargo, reconocen que "todos los proyectos dependen de que algún día se destrabe la orden judicial" (ídem) que inhibe cualquier trabajo sobre el predio, aunque no menciona que los juicios que le traban al gobierno la posesión del Patro son los que inició la cooperativa que integran sus ex vecinos, reivindicando su posesión.

El manejo conspirativo de la cuestión del Patronato delata al ibarrismo como una trenza de intereses contra los más explotados de la ciudad, y refuerza el manto de sospecha sobre el reciente incendio de la casa de la calle Darwin.