Políticas
28/8/2026
Desalojo y persecución penal: el gobierno de Figueroa apuesta por la represión frente al derecho a la vivienda
Exigimos la libertad inmediata de Yesi, Esmeralda y Ángel.
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En la mañana de este 27 de agosto, cientos de familias fueron desalojadas de la toma "Rosa", ubicada al oeste de la ciudad de Neuquén (calle Genco al 5600). Esta acción fue la culminación de un operativo represivo que, durante los cuatro días previos, mantuvo el asentamiento bajo un cerco policial, prohibiendo el ingreso de alimentos, agua y artículos de primera necesidad, como pañales.
El operativo, que contó con un despliegue de un centenar de efectivos, se caracterizó por una violencia que incluyó golpes, empujones y la quema de las casillas de las familias afectadas.
Criminalización de la protesta
Como parte de esta avanzada, se llevó a cabo el allanamiento y detención de tres activistas: Yesi, Esmeralda y Ángel. Durante varias horas, sus familias y compañeros desconocieron sus paraderos. Actualmente, permanecen detenidos y se espera que mañana se realice la audiencia de formulación de cargos.
Existe una preocupación latente de que el fiscal Narváez solicite la prisión preventiva como una medida ejemplificadora para desalentar futuras organizaciones sociales en defensa de la tierra y la vivienda.
El trasfondo político
La actuación del Estado ha sido contundente: no solo buscó el desalojo material de cientos de familias, sino también desarticular la organización popular. Este accionar evidencia cómo la Justicia funciona como una herramienta de disciplinamiento social en un contexto marcado por el crecimiento de la pobreza, el sobreendeudamiento y el ajuste económico.
Tras cinco años sin desalojos de este tipo, la crisis habitacional en la región ha vuelto a quedar expuesta: alquileres por las nubes, inexistencia de loteos sociales, falta de créditos para la vivienda y una gestión gubernamental que actúa como agente de la especulación inmobiliaria.
Redoblemos el apoyo a las familias
A pesar de la violencia del desalojo, la organización popular persiste. Un conjunto de vecinos continúa adelante con la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda. Desde el Partido Obrero y la banca del FIT-U, acompañamos el reclamo y hemos servido como voceros ante los medios para denunciar el bloqueo policial y el accionar judicial.
Exigimos la libertad inmediata de Yesi, Esmeralda y Ángel. Reafirmamos que luchar por la tierra no es un delito.
