El derrumbe de una casa tomada en el barrio de Chacarita -con su secuela de cuatro muertos- fue apenas una muestra del desastre habitacional que vive la ciudad de Buenos Aires. La casa que se derrumbó, por su condición edilicia deplorable, era “una de las quince mil casas tomadas en la ciudad, donde viven unas 160.000 personas” (Publimetro, 9/10), según datos de la Secretaría de Promoción Social porteña. Pero las cifras desnudan una catástrofe social general, ya que, como señaló una de las principales funcionarias de esa misma secretaría, “la mayoría de esta población es de clase media baja, que perdió el trabajo” (ídem). El propio diario La Nación, “abanderado” de la lucha contra la ocupación de casas, ha reconocido en una nota reciente que se trata de “un mal en aumento”, como resultado del “agravamiento de la crisis social y económica” (24/10).

Pero la toma de casas es, en definitiva, el último eslabón de una crisis de vivienda de alcance general. Alrededor de un 30% de los inquilinos de la ciudad registra una morosidad en sus alquileres que supera los 30 días, y son aún mayores los niveles de atrasos en las expensas de los consorcios de propiedad horizontal. En apenas dos años, la población que fue a parar al programa de “hoteles de paso” bancados por el Estado porteño ha pasado de 6.000 a 11.000 personas. Son, en su mayoría, personas que perdieron su trabajo y terminaron desalojadas de las viviendas que alquilaban. El último “rubro” de esta degradación es el nivel de incumplimientos de préstamos para vivienda, que ha dado lugar al macabro y floreciente negocio de la compra -a precio vil- de escrituras hipotecarias caídas, apenas antes de que el banco resuelva su ejecución.

Viviendas ociosas

La contracara de esta crisis es el inventario -también creciente- de viviendas ociosas. Recientemente, el titular de la Asociación de Inquilinos, Enrique Wainfeld, reveló que “existen más de 10.000 viviendas cerradas en la ciudad, en alusión a las casas tapiadas con ladrillos que proliferan en diversos barrios”. Eduardo Jozami, titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, agregó a esa cifra “los departamentos en ese estado, que podrían ser alrededor de diez mil” (Publimetro, 12/10). Pero otro informe privado ha dado cuenta de “una sobreoferta inmobiliaria (en la ciudad) que supera los 3 millones de metros cuadrados” (Clarín, 23/9), es decir, no menos de 40.000 propiedades. El titular de los inquilinos porteños ha denunciado que una parte de las viviendas ociosas “no tienen dueño”, que “podrían ser expropiadas por el gobierno porteño y entregadas a la población a través del comodato, el alquiler o la venta”. Jozami declaró a esta propuesta como “totalmente inviable” (Publimetro, ídem). Pero proviniendo de un funcionario del gobierno porteño, la afirmación no debe sorprender. Es que el Estado de la ciudad lleva la delantera en la lista de especuladores con casas ociosas. Un informe proveniente del propio escribano de la Ciudad señala que el Estado cuenta con unos 6.100 inmuebles, de los cuales hay no menos de 1.200 viviendas familiares y de propiedad horizontal (Clarín, 25/10). En una reunión realizada recientemente en la Secretaría de Promoción Social, el escribano porteño reveló que al menos unos 400 predios de éstos podrían destinarse a vivienda social, si se “regularizaran sus escrituras”. Pero el gobierno ni siquiera “regulariza” la situación de las viviendas ocupadas en la AU3, donde los créditos para las familias que las habitan llegan de a cuentagotas, y para una minoría que los puede pagar. El escribano no explicó, además, si parte de los predios de la Ciudad no han sido afectados ya a la Corporación del Sur. Las dificultades no son de “registro”, sino de los intereses sociales que defiende el gobierno de Ibarra.

Preparan más desalojos

Es significativo que, en medio de este desastre habitacional, un “Congreso Internacional Inmobiliario” realizado en Buenos Aires haya formulado su “salida” para esta crisis: se trata de “una reforma a la ley de al quileres que permita agilizar los desalojos (lo que) haría que los propietarios perdiesen el temor de dar su vivienda en alquiler” (Ambito Financiero, 12/10). La propuesta, formulada por el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, consistiría en “permitir al dueño de la vivienda en un plazo de 60 días desalojar al inquilino que no efectuó los pagos correspondientes” (ídem). Pero lo que el vocero del capital inmobiliario omite decir es que las leyes de desalojos no han hecho más que endurecerse en los últimos años, al punto de permitir en la actualidad el desalojo en cualquier estado del proceso judicial, y aún antes de que exista el auto de procesamiento. Los mismos voceros patronales auguraron, después de esa reforma, un “boom” en el mercado de alquileres. Pero desde entonces, lo único que ha aumentado es el número de desalojos. No es la “desconfianza” del propietario lo que ha derrumbado al mercado de alquileres, sino la falta de inquilinos, como resultado de la desocupación en masa y la caída de los salarios. La patronal inmobiliaria lo sabe: por eso, la reforma jurídica que reclama no tiene otro propósito que el de pavimentar el desalojo de los actuales inquilinos en mora, para dejar sus viviendas ociosas y “en espera”. El gerente de estudios económicos del ex Banco Hipotecario ha revelado que “la sobreoferta de viviendas y la recesión han producido un impacto considerable en los precios del mercado inmobiliario, que cayeron 21,3% entre noviembre de 1998 y julio de este año” (Clarín, Suplemento Económico, 23/9). Pero los monopolios temen un derrumbe de precios aún mayor. Por eso, prefieren retirar del mercado sus inmuebles, preservando así la actual carestía y penuria de vivienda.

Para los funcionarios de Ibarra, la ciudad está “saturada”. El destino de un trabajador sin techo es ir a parar a 40 km de Congreso. Pero en la ciudad de Buenos Aires sobran espacios y predios para todos los que la habitan. De lo único que estamos “saturados” es de una orientación social y política, la de los monopolios inmobiliarios. El punto al que se ha llegado impone una gran iniciativa de conjunto por parte de los sin techo de la ciudad: Que se suspendan todos los desalojos. Que el Estado elabore un inventario de todos los inmuebles ociosos, públicos y privados, en un plazo no mayor a 45 días. Que ese listado sea presentado a la Legislatura y la Comisión de la Vivienda, para establecer su adjudicación inmediata en venta, alquiler o comodato a los “sin techo”, en condiciones compatibles con sus ingresos. En caso de que esos inmuebles pertenezcan a pequeños propietarios, debe establecerse un subsidio estatal complementario. Se trata de una lucha que tenemos que unir a la del salario mínimo, el subsidio al desocupado de 500 pesos y la jornada de ocho horas, para terminar con el “derrumbe” social de la ciudad.