En los últimos cuatro meses, parte de 18 provincias –Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Cruz, Mendoza- estuvieron inundadas, por lluvias, desbordes y anegamientos. Esto afectó a más de 150 localidades del país. Un plan de obras, precauciones para preservar el medio ambiente y medidas contra la voracidad de los agroexportadores, depredadores de las riquezas naturales, habría hace rato solucionado el problema.

 

En 17 meses de gobierno, Macri exceptuó de impuestos y subsidió a la patronal y utilizó sólo el 32% del presupuesto para obras.

 

Por el informe de la Auditoría General de la Nación del año 2011, se deberían haber realizado 10 obras del Plan Federal de Control de Inundaciones pero se ejecutaron sólo ocho, muchas de ellas a medias. Las 10 obras debían canalizar el excedente de aguas hacia el río Salado y eran un sistema interconectado que quedó trunco.

 

La no terminación de obras se debió a que que el gobierno no liberó la traza para ejecutar el área de bombeo y no expropió ni ejecutó las servidumbres necesarias para realizar las obras.

 

Además se sumaron: 1. El cambio climático –que desde hace 20 años es ninguneado por los gobiernos- que genera exceso de lluvias en las lagunas afluentes. Y 2. La anárquica y desatinada ocupación de terrenos inundables que los monopolios han incorporado a la explotación agropecuaria y que en el orden natural sirven históricamente de contención a los excesos hídricos y 3. Los canales clandestinos, una expresión del sálvese quien pueda.

 

Este combo de la voracidad explotadora y la desidia gubernamental emerge cuando ya el agua inunda campos, corta rutas y los vecinos más humildes son castigados con la pérdida de todos sus bienes, la inundación de sus casas e incluso con la pérdida temporal o permanente de su fuente de trabajo urbana o rural.

 

A esta catástrofe sistemática y largamente preanunciada el régimen político patronal, en lugar de instrumentar la atención a las poblaciones afectadas, ha decidido -como lo hace año a año- rescatar a los grupos económicos quienes -además de “llevársela en pala” a través de las agroexportaciones- son en su mayoría los responsables de alimentar el circuito de inundaciones y desastres hídricos por arrasar con los bosques naturales. Los desmontes -según el Banco Mundial- en Argentina sumaban hasta el 2014 el 12% de las zonas forestales y la cifra crece y crece.

 

Debemos enfrentar el desastre hídrico que vino para quedarse poniendo en pie comisiones de vecinos y obreros que empadronen a todos los damnificados reclamando:

 

1. La ayuda social correspondiente.

 

2. Seguro mensual igual a la canasta familiar para trabajadores que pierden parcial o totalmente su trabajo por las inundaciones, financiado por las patronales.

 

3. Obras públicas con control obrero, asesorados por las Universidades Nacionales que correspondan.

 

4. Créditos nacionales e internacionales para obras públicas bajo auditoría de las comisiones obreras y vecinales.

 

5. Planificación nacional de la actividad rural bajo auditoría obrera.

 

6. Expropiación de las tierras extranjerizadas por pulpos offshore y otros.

 

7. Auditoría obrera de la contabilidad de los agroexportadores.

 

8. Impuestos progresivos a propietarios de más de 5.000 hectáreas.

 

9. Plan de descontaminación y reforestación del hábitat rural y ciudadano bajo control de vecinos, trabajadores y organizaciones ambientalistas.

 

10. Gobierno de trabajadores.