Acaba de terminar la primera audiencia del juicio por la Masacre del Puente Pueyrredón.

Durante toda la tarde fueron muy pocos los metros que nos separaron de los asesinos de Darío y Maxi.

A la derecha de la sala estaban sentados Fanchiotti, Acosta, Quevedo, Colman, Sierra, De la Fuente y Robledo. En frente de estos criminales —de los cuales sólo tres están cumpliendo prisión preventiva— se ubicaron los familiares, Vanina Kosteki y Alberto Santillán (los “damnificados”, en el “aséptico” lenguaje judicial) y sus abogados.

En las largas horas de la audiencia, Fanchiotti no levantó la vista, ni se animó a mirar al público. Tampoco lo hizo Quevedo, quien se hizo tristemente conocido por la foto en que aparece sonriendo al lado del cadáver de Darío Santillán. Con estas bestias tendremos que convivir en los próximos cuatro meses (que es el plazo mínimo que se supone durará el juicio) y para estas bestias se pide la “nulidad de las causas” por “falta de pruebas”.

Como me diría Vanina Kosteki en el cuarto intermedio: “Tuve que salir un rato de la sala para no írmeles encima”.

La jornada del martes 17 de mayo arrancó muy temprano con la extraordinaria movilización piquetera que marchó a los tribunales de Lomas de Zamora. Allí se hizo el acto central y se leyó el documento elaborado por la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón. El contenido del documento caló hondo porque es todo un programa contra la impunidad y el encubrimiento, y por lo tanto una orientación para intervenir en las audiencias del juicio.

Ante cada medio de prensa, televisivo, radial o gráfico, tanto Vanina como Alberto Santillán explicaron incansablemente que no venían con ilusiones en el juicio, venían para exigir el juicio y castigo a los responsables de la masacre del 26, para que se condene a todos aquellos que ocupaban cargos de responsabilidad material y política al momento de los hechos, a los Duhalde, a los Solá, los Juan José Alvarez, los Aníbal Fernández y los Atanasoff.

Detrás mío un periodista le preguntaba a Vanina Kosteki por qué hablaba de encubrimiento. La respuesta no pudo ser más clara: Kirchner se niega a abrir los archivos de la Side para proteger a los asesinos y represores del puente. Desde el inicio mismo de la audiencia quedó en claro que esta es la cuestión, y que el tribunal sigue un libreto de impunidad, que no se esfuerza por disimular, con relación al poder político. Se ha volcado de lleno a encuadrar todo el juicio en el exclusivo juzgamiento de los siete imputados. La defensa de otro asesino, Acosta, se permitió bravuconear reclamando que “no se le hiciera perder el tiempo porque este tribunal no es investigativo”.

El propósito de coaccionar y limitar el debate preliminar se manifestó desde el arranque nomás de la audien <!– @page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in } –cia. La presidenta del tribunal amenazó con quitarle la palabra a la abogada de la familia Kosteki cuando ésta le recordó que “los hechos que hoy comenzarán a juzgarse han impactado al país entero, el asesinato de dos luchadores populares, Kosteki y Santillán. Decenas de heridos de bala, una represión brutal, despertaron el repudio de la población”. Para el tribunal el lenguaje utilizado se escapaba de los “hechos fácticos” (sic). ¿A quién defiende la presidencia? Pese a la presión, la doctora Claudia Bracamonte, de Apel, advirtió que se quiere despolitizar el juicio para salvar a los responsables máximos de la masacre, a los que entonces ocupaban cargos políticos con Duhalde y hoy lo siguen haciendo con Kirchner.

Que el juicio haya arrancado de esta manera permitió que en los siguientes informes preliminares todos los abogados que representan a los familiares de las víctimas y heridos del Puente subrayaran la necesidad de esclarecer la “cadena de mandos y responsabilidades” de quienes ordenaron la represión y los asesinatos en Avellaneda y la estación. En esta primera audiencia, la parte acusadora rechazó también la pretensión de la defensa de seguir escindiendo las causas y ratificó el reclamo de que se unifiquen.

La separación (que ya existe) es completamente funcional al encubrimiento que pretende el gobierno: con los “hechos aislados” se quiere borrar de un plumazo lo que fue una acción metódica de provocación y represión, coordinada por las distintas fuerzas represivas que actuaron ese mediodía y en la tarde del 26 bajo órdenes precisas de las autoridades y de los gobiernos nacional y provincial. Es en nombre de estos “hechos aislados” que el abogado del criminal Fanchiotti pide la nulidad de la causa hasta que no estén los últimos informes periciales de balística (muerte de Darío Santillán), una chicana y aberración jurídica para deslindar al ex comisario de todo el operativo represivo que llevó al asesinato de Maximiliano Kosteki y a decenas de heridos en una verdadera caza del hombre que duró varias horas.

El martes que viene sigue el juicio y comenzarán a declarar los testigos. En esta gran batalla contra la impunidad es tan importante la movilización popular como la claridad política. La denuncia del pacto de impunidad entre Kirchner y Duhalde (que ha hecho la Comisión Independiente) es el combustible y motor de esta lucha por el castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos, y a los encubridores.