El lanzamiento del paro nacional activo del 24 de enero por el Confederal cegetista es un hecho excepcional, sin dudas. Es el más próximo a la asunción de un gobierno en los 40 años de democracia. Es además activo, con movilización. Se hace en enero. Claro, estamos ante el mayor ataque a la clase obrera en los últimos 40 años y, respecto de ciertos derechos, más ambicioso que la propia dictadura porque pretende trasformar en leyes la pérdida de conquistas logradas en 150 años de historia de la clase obrera. La dictadura de Videla las suspendió de facto y con el terrorismo de Estado, mientras duró.

Dicho esto, sin embargo, conviene profundizar en el encuadramiento político que la dirección cegetista le ha conferido a la medida. Fue muy claro Daer y el documento leído en la Plaza Lavalle en oportunidad de la movilización que acompañó el pedido de nulidad del DNU a la Corte presentado por la CGT. Para la CGT el paro tiene por objeto que la Justicia dé por tierra con el mega DNU o, en su defecto, los parlamentarios. En rigor, la movilización del paro del 24 completa el circuito porque se dirige al Congreso y no a la Plaza de Mayo, el centro del poder político de la ofensiva contra los trabajadores en curso.

Esto es tan así que el paro estaba previsto para febrero o aún para marzo según pudimos saber por trascendidos de dirigentes de distintos gremios.

La idea era esa aún después que el ministro del Interior, Guillermo Francos, desairara el pedido de reunión con el gobierno para dialogar (léase negociar) gestionado por la cúpula de la CGT. Pero al completarse el combo del DNU y la ley ómnibus que contiene nuevos ataques vertebrales al movimiento obrero y prácticamente consagra un régimen de partido único mediante la derogación no solo de las Paso, sino especialmente el establecimiento de solo un diputado por circunscripción, se produjo un giro en la burocracia sindical. No se trata para las representaciones de los fragmentados partidos capitalistas solo de la pérdida de sus posiciones en el aparato del Estado. Entraña algo más profundo: la capacidad de las diversas fracciones de la burguesía de valerse de esas representaciones parlamentarias para discutir sus subsidios, sus impuestos, sus retenciones, sus regímenes de exportación-importación, su acceso al crédito, sus negocios y contratos con el Estado y mucho más.

Si miramos bien, Losada en Senadores y Tetaz en Diputados presentaron leyes espejo al DNU. Obviamente para negociar. Incluso han celebrado (y tal vez pactado) la inclusión del DNU en el artículo 654 de la ley ómnibus con el mismo objetivo. Pichetto ha declarado su apoyo al contenido y no a la forma. Incluso debe llamar la atención que la “dama de hierro” Villarruel logró constituir las siete comisiones para el tratamiento de la ley ómnibus, algo que solo se pudo hacer con acuerdo del kirchnerismo que ya había pactado la presidencia provisional. En cambio en Diputados, más divididos, no lograron constituir ni cuatro comisiones que pretenden para el tratamiento y tampoco la constitución del componente de la Bicameral de los DNU, algo que ya se constituyó en Senadores con solo tres de los ocho de UP, algo también sugestivo.

¿Puede el movimiento obrero quedar sujeto a estos representantes parlamentarios?

La instauración de un régimen autoritario y hasta autocrático, con todas las ventajas de unificar su ofensiva contra los trabajadores y los movimientos populares, presenta muchos problemas para las fuerzas con las que se vinculan todas las alas del sindicalismo burocrático. De las tres centrales, por supuesto. Sus nexos con las fuerzas políticas del sistema, en especial todas las alas del peronismo, fueron claves en el adelantamiento del paro y en la definición de su contenido. A esto hay que sumar la presión patronal de cada rama de los diferentes sindicatos.

Esto nos clarifica sobre un hecho notable. El punto de partida de la CGT no es enfrentar el Rodrigazo, sino centralmente la cuestión de la alteración del régimen político y, desde allí, la denuncia de algunos de los puntos salientes que comprometen incluso el dominio de la burocracia sindical en los sindicatos como la cuestión obras sociales y su igualación con las prepagas, los obstáculos al cobro de la cuota sindical o la eliminación lisa y llana de las repugnantes “contribuciones solidarias” con las que se financian los grandes aparatos sindicales.

El derecho de huelga, nodalmente atacado por el DNU, la caída de principios rectores del derecho laboral como la norma más favorable al trabajador, la rebaja de las indemnizaciones, la habilitación del régimen Uocra por convenio, el despido justificado de huelguistas que apelen a la acción directa, la virtual prohibición de la asamblea de fábrica, la desaparición de la ley de contrato en empresas de hasta cinco trabajadores o aún la impunidad del empleador en negro aparecen de manera secundaria en el discurso cegetista. No solo para Cavalieri, que directamente se puso a negociar la entrega en el gremio más numeroso del país, no solo Barrionuevo o Gerardo Martínez, recordemos que hasta Grabois se pronunció contra “la industria del juicio” en la campaña electoral. No fue casual la ausencia del peronismo en Plaza Lavalle aunque se haya quejado el referente de Patria Grande.

Nosotros, el clasismo, nos paramos de manera inversa. Tomamos el paro general como el primer escalón para enfrentar de manera global el Rodrigazo, el DNU, la ley ómnibus y el protocolo represivo, que desafiamos tempranamente el 20 de diciembre y al cual la CGT trató de adaptarse el 27 de diciembre. Y en esto importa, y mucho, cómo planteamos la cuestión salarial, jubilatoria y de los planes sociales, es decir, las consecuencias demoledoras de la devaluación, los tarifazos y aumentos de combustibles sobre el ingreso de toda la población trabajadora.

Las grandes gestas obreras de todas las épocas han tenido como punto de partida las reivindicaciones de los explotados, sea el Cordobazo, el Argentinazo, la huelga general de 1975, la del ‘36 o las grandes luchas de la llamada resistencia a la fusiladora en los años ‘56 al ‘58. Ni hablar de la huelga general de 1902 por la jornada de 8 horas o la de 1924 por la jubilación. Es un debate incluso al interior de la izquierda. El planteo salarial, la defensa de las jubilaciones y las reivindicaciones del movimiento piquetero como un salario mínimo indexado de $500 mil o la comida de los comedores comunitarios, son vitales.

A esto sumemos, con la misma jerarquía, enfrentar los miles de despidos que ya empezaron. Por este motivo ATE acaba de plantear adelantar la fecha del paro. Puede ser, aunque la clave es organizar a todos los trabajadores estatales ya mismo en asambleas en toda la nación, las provincias y los municipios. Recordemos, que además de los despidos, en esos lugares la patronal es el Estado.

Desde luego, el DNU, la ley ómnibus y el protocolo plantean cuestiones democráticas muy sensibles y decisivas para los trabajadores. Tenemos que ponernos a la cabeza de su lucha y no transformarnos en el mero factor de presión de las instituciones patronales que resisten parte de ellos (no así el protocolo). El paro jamás debe ser levantado aunque alguna de estas instituciones volteen el DNU.

Por otra parte, estas semanas preparatorias del paro se desarrollan en un contexto de luchas populares que hay que ir fusionando y acrecentando, con las cacerolas, el movimiento piquetero y, a su turno, los estudiantes o las luchas ambientales que se irán sumando en perspectiva. Por eso, desde el clasismo obrero y piquetero nos paramos organizando el paro nacional desde abajo en la perspectiva de que sea el primer eslabón de un plan de lucha que, a término, debería abrir paso a la huelga general para derrotar el plan Milei en su conjunto. Para contribuir a esa política es que estamos impulsando un plenario de trabajadores ocupados y desocupados para debatir una intervención independiente en todo el proceso del paro nacional y después. La idea estratégica es la intervención de la clase obrera ante la brutal ofensiva capitalista. Llevará una maduración, pero los tiempos se aceleran.

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