Todo el arco político capitalista volvió a poner en agenda la reforma laboral, que quedó en una impasse tras los reveses judiciales que sufrió el DNU. Desde Martín Tetaz hasta Cristina Kirchner se pronunciaron a favor de avanzar en ella, lo cual debe encender la alarma entre los trabajadores acerca de la necesidad de defender los convenios colectivos de trabajo.

El diputado de la UCR, Martín Tetaz, en una reciente entrevista radial con Marina Calabró, se mostró urgido por darle tratamiento parlamentario a la reforma laboral y le reprochó a Milei por no haberla incluido en la Ley Ómnibus para “hacerla más atractiva”. Señaló, y con razón, que hasta los kirchneristas acuerdan con ella.

Sucede que la propia Cristina Kirchner expresó en su última carta que “las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal también deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo, muchos de los cuales datan de décadas atrás”.

Todas estas fuerzas políticas del régimen recogen este reclamo patronal, por el cual el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rapallini también estuvo haciendo lobby recientemente en una columna de opinión en El Cronista. Allí planteó que “en Argentina hace más de 12 años que no aumentamos el empleo formal registrado en el sector privado” y que la solución a eso sería flexibilizar las condiciones de trabajo, en especial, abaratando las indemnizaciones. A su vez, mencionó que “se necesita repensar el sistema educativo, que no está orientado hacia el trabajo” y se refirió a “excesos en el derecho a huelga”.

Lejos de querer “modernizar las relaciones laborales” como afirma Rapallini en su artículo, la clase capitalista busca regresarlas al siglo XIX, antes que las grandes gestas obreras arrancaran las conquistas consagradas en los convenios colectivos de trabajo. Los empresarios y sus representantes políticos pretenden reducir a la servidumbre a los trabajadores, en función de maximizar sus ganancias. Su objetivo es que quienes poseen un empleo formal experimenten la misma ausencia de derechos que aquellos que trabajan en la informalidad.

Para edulcorar su discurso, adjudican la falta de trabajo genuino al supuestamente elevado costo laboral de Argentina, cuando el mismo no hizo más que caer en los últimos años: según un informe de Cepa, en 2016 el pago de salarios y cargas sociales representaba el 18,9% de las ventas de las empresas líderes del país, y retrocedió al 12,2% en 2021. Esgrimen que los los trabajadores tienen “demasiados” derechos, cuando más de la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra precarizada.

Aún así, las inversiones no despuntan debido al carácter parasitario de la clase social que está al frente de este régimen en decadencia. Qué más evidencia de que la reforma laboral no genera empleo registrado que lo que ocurrió en los noventa, donde se avanzó en la flexibilización y, sin embargo, hubo desocupación récord.

La homogeneidad de los capitalistas y sus partidos en querer liquidar los convenios colectivos debe alertarnos a los trabajadores sobre lo imperioso de defender nuestras conquistas históricas. Necesitamos un paro nacional de la CGT y las CTAs y un plan de lucha para derrotar esta ofensiva. La puesta en pie de un congreso entre la población trabajadora ocupada y desocupada, las asambleas barriales y el movimiento de la cultura será una instancia clave para enfrentar la motosierra de Milei, organizándonos de manera independiente a las variantes políticas tributarias de la reforma antiobrera.

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