Durante la tarde del pasado lunes 18 el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron una nueva tanda de bonos para jubilados y trabajadores precarizados, con el objetivo de disimular el ajuste real en los ingresos de los trabajadores, deteriorado por la inflación, las paritarias a la baja y las actualizaciones jubilatorias perdidosas.

El anuncio implica el pago de un bono de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares, pagadero en dos cuotas (mayo y junio) y un bono de $12.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

El gobierno viene haciendo toda una política respecto al pago de estos bonos de temporada, que son presentados como una “recuperación” del poder adquisitivo perdido pero solo sirven como paliativo ocasional para disimular la caída real de salarios y jubilaciones, ya que no se integran definitivamente a dichos ingresos, consolidando una pérdida en los ingresos populares.

Los medios han destacado que esto se asemejaría a una nueva edición del IFE, aunque no existen precisiones del alcance que tendrá esta política, siendo que el IFE 4 abortado solo habría pretendido llegar a un tercio de las primeras tres ediciones, unas 3 millones de personas.

El anuncio del gobierno intenta justificar la intransigencia ante los reclamos obreros y populares contra el hambre, la carestía y la pobreza, como lo es la lucha del movimiento piquetero por un seguro económico universal al desocupado, que sirva como ingreso regular para paliar los efectos de la crisis. Algo que volverá a tener a los desocupados como protagonistas de nuevas acciones en los próximos días, si no hay respuestas concretas desde el Estado.

Para el caso de las jubilaciones, el bono del gobierno reconoce el fracaso de la fórmula de actualización de haberes sancionada en el Congreso, que viene arrastrando a la jubilación mínima  hacia un ingreso de cuasiasistencial y empujando cada vez más trabajadores jubilados a esos haberes de miseria.

Los salarios, mientras tanto, asisten a un operativo de “paritarias cortas”, todas las que siguen a la inflación por detrás, compromiso que ha asumido el conjunto de la burocracia sindical con el gobierno y el pacto de ajuste con el FMI, por medio de las mesas de negociación con las patronales y los “acuerdos de precios y salarios”. Un claro ejemplo de esto es lo obrado por el propio gobierno, con el aumento de un 45%, en cuatro cuotas, del salario mínimo, el cual sirve de pauta general para muchos trabajadores precarizados e informales, varios de los cuales se encuentran cautivos de régimen fraudulentos, como monotributistas.

La recomposición de los ingresos de los trabajadores debe provenir de una recomposición general de los salarios para alcanzar una canasta familiar e indexarse respecto a la inflación para evitar nuevas pérdidas salariales. La lucha por esto requiere de la movilización independiente de los trabajadores en cada gremio y la conquista de nuevas direcciones combativas y antiburocráticas.

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