A la laguna La Picasa, ubicada en el extremo sur de Santa Fe -Castellanos, Diego Alvear y San Gregorio- y que está a 100 km de Junín y a 130 de Chacabuco, están ingresando 80 m3 por segundo", explicó J. C. Duhalde, presidente del Comité de Cuenca de La Picasa; su caudal crece sostenidamente desde hace muchos días. La Ruta 7 que une estas localidades quedó sumergida por 5 cmts. y continúa el desborde (Diagonales, 20/4).

 

El gobierno de Santa Fe insiste en la construcción de un canal aliviador que por declive natural logre bajar el nivel de la laguna hacia la provincia de Buenos Aires. Este desatino significaría inutilizar la ruta 7 e inundaría miles de hectáreas e incluso se alimentaría la posibilidad de anegar la ciudad de Junín.

 

La situación hídrica en Diego de Alvear y Castellanos es grave y crece la amenaza que las aguas provenientes de La Picasa ingresen al ejido urbano de ambas localidades. La ruta 7 se considera que no volverá a estar transitable por un año, según el presidente comunal de Castellanos, Walter Ramanzín (Sin Mordaza, 21/4).

 

Las inundaciones actúan como pretexto para que las patronales ataquen los puestos de trabajo. A los trabajadores les cuesta articular una defensa de conjunto, por ejemplo todo el plantel de una estación de servicios quedó sin trabajo por el corte de la ruta 7. Esto hace peligrar también la actividad laboral de muchos camioneros que transitan habitualmente esa ruta y también anticipa el achique de puestos para los trabajadores rurales.

 

Los intereses patronales del negocio agroexportador han modificado la permeabilidad del suelo sin que los distintos gobiernos hayan hecho obras ni sancionado leyes de protección que obligaran a rotar el sistema de siembra. A esto se suma la construcción de canales clandestinos estimulados por la fiebre sojera; estas “vías de escape” de la patronal aumentaron la velocidad del escurrimiento del agua hacia la laguna, creando una especie de trama hídrica de pequeñas obras sin planificación alguna. Esto vuelve a mostrar que es el capitalismo quien anárquicamente liquida por un lado la fertilidad de la tierra y por el otro a los trabajadores.

 

A esto se suma otra cuestión: un estudio de hace un tiempo de la Universidad del Litoral, publicado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), señala que “La Picasa presenta un elevado riesgo potencial frente a lluvias normales o superiores al promedio”.

 

El estudio, basado en imágenes satelitales tomadas desde hace 40 años, concluye que a partir de los ‘70 se ha producido un cambio en el régimen de precipitaciones de la región. Mientras que en 1972 el promedio de precipitaciones anuales no alcanzaba 900 ml anuales, en gran parte de la última década, las lluvias en la cuenca han superado los 1.000 ml anuales, y en particular durante los dos últimos períodos hidrológicos están por encima de los 1.200 ml.

 

Las consecuencias del cambio climático –una “desgracia” anunciada desde 1999- se vieron agravadas por la falta de una política ambiental nacional que proteja bosques y humedales. Según el informe del Banco Mundial “Análisis ambiental del país: Argentina 2001/2014”, nuestro país perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto. La tasa de deforestación argentina duplica la media mundial (El País, 18/1).

 

La ausencia de trabajos entre las lagunas El Carpincho y Las Flores -a la altura de Lobos- es un factor clave para explicar lo que está aconteciendo en parte de los distritos de Junín, Chacabuco, Salto y en miles de hectáreas que perdieron su fisonomía natural bajo el inmenso espejo de agua que se formó con las lluvias que vienen castigando a la provincia desde hace días, como ya ocurriera en 2001, 2011 y 2015.

 

Se está volviendo a repetir el 2001, cuando el agua "devoró" la ruta nacional Nº 7 y la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe aseguró "no se va a inaugurar más".

 

Empadronamiento a cargo de las comisiones de vecinos de todos los damnificados e inundados para recibir la ayuda social correspondiente.

 

Seguro mensual igual a la canasta familiar para trabajadores que pierden su trabajo por las inundaciones, financiado por las patronales.

 

Obras públicas bajo control obrero, asesorados por las Universidades Nacionales que correspondan.