Kirchner ha pedido, finalmente, la intervención a Santiago del Estero, luego de insistir en lo contrario desde largo tiempo. Todos los medios han coincidido en que pretende con esta medida abortar la posible formación de una Liga opositora de gobernadores del Centro y Norte con cabecera en Córdoba, lo cual parece confirmado luego del choque con De la Sota en el congreso del PJ. Pero otra razón de fondo es poner bajo control la movilización popular, en especial luego de los conflictos salariales de los docentes y los médicos y el conflicto campesino en el interior.

 

La movilización popular

Desde principios de marzo se mantiene un reguero de paros y movilizaciones docentes. Abarca todos los niveles, incluso los privados, algunas movilizaciones han sido reprimidas, y esto se combina con la intervención de los padres.

Los médicos, agrupados en el Colegio Médico, han decidido ir al paro en reclamo de aumento y pago de deudas de la obra social de los empleados públicos. A todo este panorama se suma la crisis del transporte público. En el interior, se acaban de producir “graves daños ocasionados a los bienes productivos de los campesinos y el intento de asesinato a un miembro del Mocase ocurrido el día 17 de marzo en la ciudad de Quimilí”. Los campesinos reclaman sus campos, pero grupos armados defienden la zona. El Mocase denunció que “la represión es ejercida por terratenientes, testaferros, paramilitares, parapolicias y la misma policía”. Los campesinos se han movilizado masivamente y han recuperado los campos, pero los medios informan que se vive un cuadro de guerra civil en esas zonas (El Liberal, 26/4). Luego de estos choques, el movimiento campesino ha convocado para el 1 de abril a una marcha a la capital por sus reivindicaciones. Esta extensión y masificación de los reclamos, se ha combinado con la radicalización de los manifestantes de las marchas de los viernes.

 

Giro político

En este cuadro, el anuncio de la intervención fue rápidamente apoyado por la Iglesia y dio lugar a una movilización convocada por la madre de Patricia Villalba; los sectores que han venido dirigiendo las marchas están a favor de la intervención, pero también reclaman “convocar urgente a elecciones constituyentes…”. Asimismo plantean una “convocatoria a elecciones generales, la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, revisar todos los actos de gobierno, garantizar el cobro total de los sueldos a los empleados provinciales, esclarecer los crímenes impunes, depuración de la política provincial y desmantelar el aparato de espionaje”. Por ello, se exhortó “a todos los santiagueños a mantener el estado de movilización, para garantizar el cumplimiento de estos objetivos” (El Liberal, 29/3). A estos planteamientos se sumaron el sector de Memoria y Participación, un sector del centroizquierda que rechazaba a la intervención federal. En resumen, para el pueblo de Santiago, el interventor debe tomar esas medidas e irse enseguida.

 

Perspectivas

La intervención federal es incapaz de llevar a fondo una política que desmantele el aparato represivo juarista, tampoco solucionará los reclamos salariales, de trabajo y tierra que demandan las masas laboriosas. En amplios sectores de las masas existe una marcada desconfianza. Se entra en una nueva fase de la crisis.

Es necesario un Congreso de Delegados de Base de todas las organizaciones en lucha para unificar los reclamos y votar un plan de lucha.