El día martes 11 de agosto, como parte del ciclo de entrevistas de Prensa Obrera que se realizan en vivo desde su cuenta de Instagram, se llevó adelante una interesante charla con Lucía Maffey, bióloga y becaria posdoctoral del Conicet. Lucía, quien además es miembro de la Agrupación Naranja de Docentes e Investigadores Universitarios y se organiza en Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), se refirió al convenio con China en el que el gobierno avanza para la instalación de “megagranjas” de cerdos, al avance de la actividad agropecuaria y la expansión de la frontera sojera asociado a los incendios en el delta, los riesgos de las enfermedades emergentes, y la organización de los científicos e investigadores en el principal instituto de ciencia del país.

 

Lo que el gobierno no dice sobre del acuerdo comercial con China 

Maffey comenzó contando los términos en los que se pretendía aprobar el acuerdo comercial con China, remarcando la poca información que había -y aún hay- al respecto. Según comenta, el avance hacia la firma del convenio empezó a darse a conocer de forma pública a raíz de la denuncia por parte de múltiples organizaciones ambientalistas que comenzaron a señalar cómo esta modificación radical de la producción de alimentos podría tener consecuencias directas sobre la población y, sobre todo, sobre el ambiente. “Duplicar en un período de cuatro años la producción porcina es una modificación bastante sustancial y lo que se deja en evidencia es que no hay un interés en dar un debate en público sobre estas cuestiones”, explicó Lucía, y se refirió a la compleja historia que tiene Argentina con respecto a este tipo de acuerdos, señalando la responsabilidad de Felipe Solá, quien encabeza la negociación del convenio con China, en la introducción en el país de la soja transgénica asociada a agrotóxicos. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de conocer los fundamentos del acuerdo y “despertar una señal de alarma para informarnos, involucrarnos e intervenir políticamente sobre este tipo de convenios”.

Lucía explicó que el pretendido convenio “es parte de un proceso más general de la relocalización de la producción China de la carne de cerdo” y que “forma parte de un plan económico a nivel global”, haciendo alusión a que Argentina no sería el único país afectado. Aprovechó la oportunidad para denunciar el modelo de granjas industriales, que implicaría el hacinamiento de animales, su alimentación con prensados industriales, y los potenciales riesgos sanitarios que esto podría tener tanto para el ganado porcino como para los operarios y la población en general. En relación a esto, la bióloga también puso en jaque el argumento que pretende instalar el acuerdo como una posibilidad para la recuperación económica, destacando que el gobierno de Fernández “lejos de tener una política de defensa del medioambiente (…), ha profundizado estas prácticas de producción intensiva que no hacen más que saquear los recursos naturales en detrimento de la población” y llamando a la reflexión acerca de qué tipo de puestos de trabajo se generarían y en qué condiciones sanitarias y laborales, siendo quienes trabajen en contacto directo con los animales los más afectados.

“Esto ya lo hemos visto en otros tipos de megaemprendimientos como la megaminería, donde se le vende a la población del lugar que va a implicar una recuperación económica y generar miles y miles de puestos de trabajo”, señaló Lucía repasando el historial del país en relación a este tipo de proyectos y sus consecuencias devastadoras.

 

La expansión de la actividad ganadera y agrícola en detrimento del ambiente 

Durante la entrevista, Lucía también se refirió a los incendios de los humedales del delta en relación al avance de la actividad agropecuaria y ganadera. Distintos agentes de la industria agropecuaria explicaron, de manera contraria a lo que muestra el modelo productivo de crianza de cerdos adoptado históricamente por China, que los animales no serían alimentados con soja sino con maíz del norte argentino. El país asiático aún hoy sufre las consecuencias del brote de peste porcina africana, como explicó Lucía, pero a lo largo de los años ha utilizado para la alimentación de los cerdos la harina de soja sobrante de la producción industrial. En nuestro país, sin embargo, sigue sin haber información concreta desde alguna voz oficial, lo cual preocupa sobre todo debido al avance de la frontera agrícola y ganadera que está íntimamente relacionada con los grandes incendios de los humedales del delta. Esto constituye, según marcó Lucía, “una catástrofe ambiental: el humo llegó hasta la autopista de Rosario y, obviamente, es una pérdida brutal de los ecosistemas de la zona (…), con consecuencias directa sobre las condiciones de vida de, naturalmente, los animales y también, de la población”.

Lucía habló sobre cuál podría ser el impacto de la instalación de estas granjas industriales para las poblaciones ganaderas más chicas, señalando las consecuencias tanto en términos económicos como ambientales y sanitarios. Señaló que la producción porcina con estas formas de explotación no es algo que exista hoy en el país y que esta “no es una buena noticia para este sector”. Del mismo modo caracterizó al proyecto como un avance en la primarización de la economía, que no modifica cualitativamente la matriz productiva de la Argentina como exportador de materias primas. En este sentido, destacó que detrás del convenio se encuentra la realidad de que países como China “no pueden desarrollar en su país porque han desarrollado una catástrofe sanitaria”, haciendo referencia nuevamente a la propagación de la peste porcina africana y su incapacidad de controlarla. “No hay una generación de valor agregado sustancial que vaya a representar una mejora económica”, explicó Lucía a Prensa Obrera.

 

El avance capitalista y las potenciales enfermedades emergentes

Lucía explicó que la peste porcina africana es una de las llamadas enfermedades emergentes, que surgen cuando el ser humano avanza sobre los ambientes naturales, permitiendo un “salto de especie” y la consecuente propagación de la enfermedad en la población humana y animales domésticos. Además de relatar cómo la peste azotó a China, la bióloga explicó los debates que se generan al interior de la comunidad científica. “Fuimos muchos los que planteamos, ante estas novedades, la necesidad de contar con la información y poner un freno hasta que se pudieran evaluar las consecuencias que podría tener este tipo de acuerdos” comentó, y agregó que “la comunidad científica, no es la excepción, y hay quienes operan como agentes de las empresas, los mismos que siguen sosteniendo hasta el día de hoy que ‘el problema no es el glifosato’, por ejemplo” . El debate reaviva el interrogante de quienes hacen ciencia sobre “al servicio de qué intereses está esa labor científica” y, en este sentido Lucía remarcó la necesidad de poner en pie “otro tipo de ciencia, que esté al servicio de los trabajadores, que esté al servicio de transformar esta realidad, que sea una ciencia crítica de los negociados y de poner la vida humana (…) y el ambiente al servicio del negocio”.

 

“Ciencia al servicio de los trabajadores” 

Además del mencionado convenio, Lucía charló con Prensa Obrera con respecto a cómo la mercantilización de la ciencia y cómo la investigación al servicio de las patronales se encuentran íntimamente relacionadas con los orígenes de la pandemia por Covid-19 que actualmente afecta al país y al mundo. “Se trata de procesos (…) que tienen que ver con un avance del ser humano sobre los ecosistemas silvestres y el comercio de especies exóticas”, explicó Lucía, y remarcó que un punto ausente en la mayoría de los debates es que “ese tipo de producción intensiva capitalista es la que genera este tipo de salto de especie, probablemente a través de un mamífero intermediario (…)”, causante del contagio del Covid-19 al ser humano. “Mientras pasa esto seguimos con las actividades como si no ocurriera nada, como ocurre con los desmontes en nuestro país: en plena cuarentena se desmontó una superficie similar a la Ciudad de Buenos Aires”, denunció, y destacó el proyecto de Ley presentado por Romina del Plá desde el Frente de Izquierda – Unidad, a fin de frenar los desmontes. De la mano con esto, Lucía explicó cómo el sector capitalista a nivel mundial ha planteado el consumo de sustancias como el dióxido de cloro como posibles tratamientos de la infección por coronavirus, haciendo uso de la desesperación de la gente y promoviendo así el uso de agentes altamente tóxicos.

Finalmente, Lucía Maffey se refirió a cómo se desenvuelven ciencia e investigación hoy en día en el país. La bióloga explicó que muchos investigadores que vienen trabajando hace 5 u hasta 8 años para el Conicet, lo hacen de forma absolutamente precaria, sin “ningún tipo de derecho laboral”. “No tenemos aportes jubilatorios, no tenemos aguinaldo. Las pocas que hemos conseguido las conseguimos por la lucha, pero no teníamos ni siquiera licencias por maternidad (…), no tenemos obra social para nuestros hijos, no tenemos licencias por enfermedades” relató, y explicó que en el marco de la pandemia han tenido que vivir la cara más extrema de dichas condiciones. En ese sentido, explicó que “cuando tenés un régimen laboral de precariedad para encubrir una relación de dependencia, las patronales te pueden dejar en la calle sin que tengan que darte ninguna explicación” y reivindicó la conformación de la Asamblea Nacional de Becarios y Becarias, que desenvolvió un festival virtual y elaboró numerosas cartas a fin de conseguir la continuidad laboral por tres meses más para aquellos investigadores cuya beca finalizara en medio de la cuarentena. Asimismo, denunció que ciencia e investigación funcionan con un presupuesto de ajuste del 2019, aprobado por el macrismo, y que el “gobierno de científicos” de Alberto Fernandez no hace más que perpetuar dichas condiciones.

Después de los múltiples temas abordados, Lucía cerró la entrevista con Prensa Obrera poniendo sobre la mesa el problema de las licencias por maternidad y cómo las autoridades del organismo dan la espalda a los reclamos de las investigadoras, y remarcó nuevamente la importancia de la organización en defensa de los derechos de investigadoras e investigadores.

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