La movilización convocada por los fiscales representa una dura derrota política del gobierno nacional. Quienes se jactaron de una construcción de poder basada en la movilización y el “control” de la calle, vuelven a ser superados en ese propósito, como ya ocurre todos los 24 de Marzo, pero ahora a manos de una camarilla de fiscales y jueces designados a dedo por una camarilla política. La situación es un “replay”, aunque agravado, de 2008. La ironía es que el gobierno acaba de imponer una ley que le otorga a esta camarilla la iniciativa en los procesos judiciales. El primer fiscal que utilizó esa prerrogativa, incluso antes de que entrara en vigencia la reforma del Código Procesal Penal, es el propio Nisman, con el final conocido por todos.

 

La oposición patronal se infiltró en los pliegues de una movilización convocada por otros, sin mosquearse por el hecho de que Massa fue jefe de Gabinete del gobierno de Stiusso, y que Macri nombró en la jefatura de la Policía Metropolitana a “Fino” Palacios, quien en junio será juzgado por encubrir el atentado a la Amia.

 

 

¿Golpe blando?

 

El oficialismo denuncia el #18F como parte de un “golpe blando” -en el cual incluye la imputación de Nisman contra CFK, que ahora recoge el fiscal Pollicita, aunque excluye el llamado a indagatoria a la Presidenta. Incluso Aníbal Fernández ha admitido, sin embargo, que Pollicita no tenía otra opción, luego de la muerte de Nisman, sin provocar una crisis política aún mayor a la que se asiste. Es decir que le ha hecho una “gauchada” al oficialismo, como ocurrió cuando Cobos emitió su “voto no positivo”, que evitó un agravamiento de la crisis con los pulpos sojeros. También Verbitsky, en la edición dominical de Página/12, respaldó a Pollicita, con el argumento de que la causa abierta demostrará que no hay pruebas que afecten a Cristina Kirchner. El papel de “chivos emisarios” lo interpetrarán D'Elía y Esteche (difícilmente el “Cuervo” Larroque).

 

La posibilidad de un golpe está bloqueada por dos específicas circunstancias y otras varias: los K tienen una mayoría blindada en el Congreso y, por otro lado, la cabeza del Ejército y de la inteligencia es César Milani. Incluso la Corte Suprema revista en este bloque, desde que dio el visto bueno a la ley de medios. Al mismo tiempo, los “círculos rojos” de las finanzas internacionales siguen comprando deuda pública, como lo prueba la suba de su cotización; la Justicia británica acaba de rechazar el “pari passu” de Griesa, que condiciona el pago de la deuda externa a un arreglo con los fondos buitre. Por último, la banca local compra con entusiasmo los Lebac del Banco Central, que le reportan tasas de interés superiores al 25%, con un dólar que se mueve por debajo de la inflación de precios.

Para que el golpe ingrese en la agenda debería producirse una quiebra interna del oficialismo, que le sacara la mayoría parlamentaria. Esto podría ocurrir si los K embisten contra Scioli y pierden el afecto de los “barones del conurbano”. Otro elemento sería un fallo condenatorio contra Milani. En esta hipótesis, la situación financiera, ya precaria, se desmadraría. En estas condiciones límite, la burguesía opositora acabaría formando un “frente de unidad nacional”, como herramienta de recambio.

 

 

Vereda de enfrente

 

La masividad del #18F interviene, en este escenario, como un factor de presión por ese frente potencial, que por el momento está bloqueado por los intereses contradictorios del massismo, por un lado, y el macrismo, por el otro. Roberto Navarro, en C5N, sostiene que este frente equivaldría ya a una tentativa golpista, pero se trata de una caracterización abusiva, porque ignora el conjunto de factores disgregantes que requiere un golpe de Estado. Planteos como el de Navarro responden a la necesidad de ignorar la descomposición del Estado que ha producido la gestión kirchnerista, no por aplicar la asignación por hijo, sino por prohijar servicios de espionaje colonizados por los yanquis y proyectos de infiltración contra el movimiento obrero y la juventud. La asignación por hijo no afecta a ningún interés capitalista, porque la financian la Anses -o sea los trabajadores y los contribuyentes- y el Banco Mundial, que le ha asignado 400 millones de dólares, lo que aumenta la deuda externa.

Los convocantes del #18F no han logrado sumar al aparato de gobernadores e intendentes del Partido Justicialista. Verbitsky, “Chino” Navarro y Brienza admitieron la posibilidad de ese apoyo -o sea que estuvieron negociando una participación oficial. El fracaso de estas tratativas ha acentuado el enfrentamiento. Si se llegaran a reunir los extremos para un gobierno de “unidad nacional”, el PJ y la mayor parte del FpV serán parte del emprendimiento. Incluso la griega Syriza acaba de designar presidente de la Nación a un miembro del partido conservador que acaba de ser derrotado electoralmente, esto en el marco de la formación, precisamente, de un gobierno de “unidad nacional” con una fracción de la derecha clerical.

 

El #18F deja la pelota picando del lado de las camarillas enfrentadas de la “opo”. La “mediación” de la UCR entre Macri y Massa, con la participación de Cobos, convertido en ex Unen, está al borde de dividirse ella misma. La mitad del GEN de Margarita Stolbizer ya se fue con Macri, y ella misma no descarta seguir ese camino si el país “derrapa” -digamos que ya camina por la banquina. Binner está a un tris de perder Santa Fe. La crisis política en curso es una expresión del derrumbe del régimen político en su conjunto -con “opositores”, jueces, fiscales y servicios incluidos.

 

 

Iniciativa

 

Los manifestantes del #18F no constituyen “una masa reaccionaria única”, como le conviene presentar a los K, que para eso ignoran sus atropellos de todo orden contra los trabajadores. Las posibilidades de los Macri, Massa y Carrió de canalizar ese movimiento deberán pasar la prueba de una lucha política de fondo. El atentado a la Amia, así como las corruptelas y otros crímenes, alcanzan a las cabezas de los opositores patronales, sea los que fueron parte del gobierno o los macristas. La muerte de Nisman es un crimen de Estado que alcanza a todo el régimen político. 

Está planteada una campaña general para que se abran todos los archivos (de la Side, del resto de los servicios y de la Cancillería), para que se vaya Milani y para que el gobierno comparezca a una  interpelación pública en el Congreso, de forma tal que se ventilen sus responsabilidades políticas y también las de la oposición. Con estos planteos nos movilizaremos el 8 de marzo, día internacional de la Mujer trabajadora, y prepararemos desde ahora una gigantesca demostración el próximo 24 de Marzo, fecha a la que no podrán asistir los responsables del indulto, la obediencia debida y el punto final.