La bomba que estalló el sábado en Plaza de Mayo fue mucho más que un atentado criminal. El designio político de sus autores fue, mediante el desbande que habría debido provocar de la concentración, poner al desnudo una inconsistencia estratégica del movimiento piquetero como fuerza social y política, y por esta vía producir, por un lado, una desmoralización en sus filas y, por el otro lado, una definitiva descalificación ante los otros sectores oprimidos que aún no se han incorporado a la lucha. El atentado fue parte, entonces, de un gran operativo político que debía servir de remate a la campaña antipiquetera que habían venido realizando los grandes capitalistas y el gobierno y sus punteros desclasados como D’Elía, bajo la mirada atenta del Pentágono norteamericano. Una parte esencial de las conversaciones de Pampuro en su reciente estadía en Washington se la llevó la cuestión piquetera.

Pero ocurrió lo contrario. Como lo testimonian varios artículos de esta edición y alguna carta de los lectores, en torno al lugar del atentado y de los heridos emergió enseguida “un frente único obrero” (textual) de todas las organizaciones presentes, que tomaron a su cargo las tareas de ayuda a los heridos y el disciplinamiento político y organizativo de la concentración. La dirección del acto continuó con el programa previsto de los oradores, quienes con toda rapidez recaracterizaron la nueva situación. En oposición a lo que diría enseguida después el gobierno, que atribuyó el hecho a la “travesura” de una bomba de estruendo (un “descuido” que les parece “normal” a partir de la opinión que tienen de que los piqueteros son “menores” sociales o políticos que deben ser protegidos de sí mismos); en oposición a la tesis oficial, los oradores señalaron que el atentado tenía un propósito criminal preconcebido y que pretendía rematar y capitalizar la campaña anti-piquetera que el gobierno había llevado hasta el momento con todas sus fuerzas.

La consecuencia de la reacción piquetera al atentado cobró un alcance que es quizás superior al que tuvo la respuesta piquetera a la masacre que con el mismo propósito se perpetró en Puente Pueyrredón el 26 de junio del año pasado. El movimiento piquetero se realzó como una fuerza política y organizada conciente, que por lo tanto está expresando los agravios, las reivindicaciones y las aspiraciones de una gigantesca masa de explotados. Los 60 o 70 mil compañeras y compañeros que desbordaron la parte habilitada de la Plaza aparecieron ante el conjunto del país y ante el propio Estado, como lo que se pasó a llamar, una “incuestionable realidad política”. Ante el enanismo de los centroizquierdistas desilusionados; ante una CTA paralizada que no tolera cargar con un “servicio” como D’Elía; ante una burocracia cegetista completamente desacreditada; ante un peronismo en disgregación, que se ve obligado a escuchar una amenaza de escarmiento popular desde sus propias filas (Balestrini); ante un gobierno que es incapaz de atajar la avalancha de contradicciones que se le presentan juntas al mismo tiempo; ante este cuadro de atomización, acentuado por sobornos, secuestros, prisiones, exilios y más, los 60 o 70 mil compañeras y compañeros que se reunieron en la Plaza en función de reivindicar la rebelión popular y que se autodefendieron de un atentado criminal; estos miles de piqueteros acabaron por impresionar a la famosa “opinión pública” y obligaron a los diarios y programas de televisión del domingo a proclamar abiertamente que el movimiento piquetero representaba claramente la referencia política opositora por excelencia al gobierno nacional. Esto es mucho más que admitir un elevado número de manifestantes: es reconocer también un programa, una perspectiva y una dirección – incluso si ésta es potencial. Por primera vez en toda la historia del movimiento piquetero, la Plaza entonó u-ná-ni-me-men-te, al final del discurso de Néstor Pitrola, la consigna “Luchar, vencer, obreros al Poder”. No existe una conciencia más clara de clase que aquella que los protagonistas reivindican abiertamente para sí mismos.

La conmemoración del Argentinazo ha dejado establecida, como consecuencia de todo esto, una nueva relación política en el país. En la lucha de clases que se está desarrollando para determinar el desenlace que debe tener el colapso capitalista y la rebelión popular del 2001, ya no tercian solamente el FMI y el Tesoro norteamericano; la burguesía nacional y la patria exportadora; o el clero y la bonaerense. El movimiento piquetero ha vuelto a transformarse en un factor de primer orden, esto luego de hacer frente con claridad política a la nueva tentativa burguesa seudo-antiimperialista de Kirchner de reconstrucción del capitalismo y del Estado sobre las viejas bases. Cuando nos referimos al movimiento piquetero tenemos más en cuenta que nunca a la clase obrera, como lo prueba la intervención creciente de sindicatos antiburocráticos y delegados sindicales en este movimiento.

Esta nueva relación política se manifiesta en un retroceso del gobierno en lo que hace a iniciativas políticas. Esto se ve con toda claridad en el inmovilismo con que soporta las crisis en San Luis y Santiago del Estero; no se anima a enfrentar a los clanes oficiales ni a chocar con los socios del duhaldismo. Más acentuado es este inmovilismo con relación a los sobornos por la ley laboral; según la insospechable Página/12 (17/12), un “integrante del gobierno nacional” le dijo: “Creo que, en un año, no va a haber nadie preso. El juez puede mandar algunos en cana, pero no pasa por la Cámara. Por eso, está bien lo que dijo el Flaco (Néstor Kirchner): que él garantiza la justicia…”. Es decir que, en un año, nada.

Pero lo que paraliza al gobierno en el asunto sobornos no es sólo que no puede sacudir todavía más la destartalada estructura del peronismo, del Congreso y del Estado. No sabe tampoco qué hacer con la ley laboral, porque si la deroga se va a tener que enfrentar con un debate público sobre la ley que la reemplace, algo que no podría soportar. Mientras esto ocurre, la burocracia sindical está firmando convenios clandestinamente en el marco de la ley Banelco. Si no deroga la ley quedará definitivamente comprometido como cómplice de las peores tramoyas de los grupos económicos. El raid mediático que Kirchner e Ibarra protagonizaron cuando apareció Pontaquarto, se les ha dado vuelta como un guante.

Otra manifestación del inmovilismo “nacional y popular” ha sido la decisión de pagarle más de 200 millones de dólares al FMI, a pesar de la violación, por parte del Fondo, de los acuerdos firmados. La “recuperación económica” de la que se jacta el gobierno ha puesto de manifiesto su carácter contradictorio, esto porque ha avivado la lucha por el excedente económico que ha creado esa recuperación. El problema es que ese excedente económico es la consecuencia de una pauperización fenomenal; no solamente los salarios están un cincuenta por ciento debajo de los bajos salarios del 2001; lo mismo ocurre con todos los gastos de salud, educación y jubilaciones. El PBI no se ha recuperado, como coinciden en decirlo economistas y gobierno, a los niveles de octubre del 2001. Es cierto que se ha llegado a la misma cantidad de bienes y servicios, pero hace dos años ésta representaba 285.000 millones de dólares anuales y ahora sólo 130.000 millones de dólares; la economía se ha desvalorizado un 60%. El poder adquisitivo de la economía argentina dentro de la economía mundial es, para decirlo más exactamente, un 60% inferior al de hace dos años. La inversión se ha “recuperado” al 13% del PBI, o sea que es de 20.000 millones de dólares, pero esto sólo cubre la amortización del instrumental vigente. El pago de intereses al exterior por parte de las empresas representa el 30% de esa inversión, 6.000 millones de dólares, como consecuencia de la devaluación.

En el marco de esta recuperación, los capitalistas quieren convenios laborales aún más flexibles, lo que demuestra precisamente que la recuperación depende de una mayor explotación. Mientras que la reactivación del comercio ha despertado económicamente a algunos sectores medios, la presión contra las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, como consecuencia del carácter artificial de una recuperación provocada por una maxi-devaluación, se ha acentuado. Contablemente el superávit fiscal es real; económicamente no, porque se apoya en la cesación de pagos, la depresión salarial y el hundimiento de los servicios básicos. Son crecientes los comentarios que indican que para pagar la deuda que no está en default, a partir del 2005, el gobierno deberá endeudarse de nuevo en el “mercado local”. Para eso está pergeñando transferir todos los remanentes de la jubilación estatal a las AFJP – y establecer una jubilación asistencial de 100 pesos para los trabajadores en negro y desocupados. Como se puede ver, se barajan alternativas catastróficas.

Esta situación de conjunto determina la política del movimiento piquetero. Las organizaciones de la ANT deberían discutir la nueva situación con toda atención, porque de su comprensión depende la posibilidad de ganar iniciativa política. La nueva situación desafía a la ANT a avanzar en su homogeneización, o sea en la comprensión común de lo que pasa y de lo que hay que hacer.

Dos cuestiones concentran, hoy, la posibilidad de iniciativa política. Una es la lucha para imponer la anulación absoluta de la ley laboral, acosando al gobierno con la denuncia de complicidad con los coimeros si esto no ocurre, acompañado de una campaña por paritarias electas por la base, aumentos salariales iguales a la desvalorización del peso, derogación de la flexibilidad y respeto de las ocho horas, una bolsa de trabajo controlada por el movimiento piquetero para la incorporación de personal. No es una campaña “sindical”, porque más allá de ello concentra las cuestiones vitales del pueblo, opone a la política capitalista del gobierno una política social de la clase obrera y representa un ataque mortal a la burocracia sindical. Es necesario un gran congreso de bases con este temario.

El otro punto es la cuestión previsional. Contra la privatización total planteamos la expropiación de las AFJP y una jubilación igual al 82% móvil, lo que planteará un fuerte impuesto al capital.

En oposición al FMI que reclama al gobierno mayores pagos a los acreedores, nosotros reclamamos la recuperación de las conquistas laborales, previsionales, salariales y sociales, que en estas condiciones catastróficas son inconcebibles sin el control obrero.

Hay que dar una respuesta concreta a la nueva situación política después del sábado. Es un desafío y una oportunidad. Debe expresar la madurez alcanzada.