En una acción de delincuencia y conspiración política contra los trabajadores y los jubilados, el bussismo, con el apoyo del PJ, la UCR, el Frepaso y la burocracia sindical, acaba de consumar el traspaso de las Cajas jubilatorias provincial y municipal de San Miguel al Estado nacional. Desde hace varios meses, el traspaso votado por la legislatura se encontraba trabado por una serie de fallos judiciales que se emitieron en un marco creciente de movilización popular. Durante este período, el gobierno se dedicó a caotizar la situación; por un lado, procedió a jubilar anticipadamente a más de 5.000 trabajadores, con lo cual creó un déficit deliberado, pues en la misma proporción que aumentaban masivamente los jubilados, disminuían los aportantes. El gobierno echó a correr cifras fantásticas sobre el déficit previsional y afirmó que la transferencia le permitiría devolver el aporte voluntario del 15% de los salarios impuesto a principio de año y pagar los sueldos y el aguinaldo en tiempo y forma. El gobierno nacional, por su lado, amenazó con revocar el convenio de traspaso si no se derogaba una ley que garantizaba el 82% y la movilidad, votada 30 días atrás, unánimemente, por pedido de Bussi, como una forma de destrabar los obstáculos judiciales. Y como lo exigió Menem, el bussismo, que es minoría en la legislatura, volvió a lograr quórum con el apoyo del PJ. Su presidente, Juri, quien recientemente ganó las internas haciendo gala de antibussismo (su peor enemigo), y diciendo que había que volver al peronismo histórico, no tuvo empacho en declarar que el PJ no se oponía al traspaso. Así, a la hora de rendir examen ante las exigencias del Banco Mundial y las AFJP, ya no hubo diferencias entre juristas, mirandistas, orteguistas y duhaldistas (el hombre de Duhalde, Bernardo García Hamilton, con su presencia, garantizó el quórum que permitió derogar el 82%). Todas estas idas y venidas llevaron casi tres meses, en los cuales no se les pagó un peso a los jubilados, extorsionándolos con que el dinero estaba retenido por la Nación por la demora en el traspaso. Bussi sostuvo que si el traspaso fracasaba, se aplicaría un plan sugerido por la UCR, que duplica los aportes y rebaja las jubilaciones.

Bussi ha logrado este triunfo en su momento de mayor debilidad. Recientemente, tuvo que resignar a su principal ministro, Germano, para frenar las protestas de la docencia y otros sectores. Otro tanto ocurrió con el secretario de Hacienda, Arnedo. El gobierno se encontraba completamente empantanado, hasta el punto que se hablaba de la posibilidad de la renuncia de Bussi. La Gaceta señalaba el hecho inédito de que, en un año, las expectativas en el gobierno habían caído de un 80% al 20%. En este marco, sólo con la parálisis de las organizaciones sindicales, y la colaboración de la llamada ‘oposición’ es que Bussi pudo lograr su cometido. Ahora, envalentonado, ha señalado que el aguinaldo lo pagará en cheque diferido, que los salarios se pagarán como se pueda, que el aporte voluntario quedará retenido a cuenta del cobro de impuestos, y que el gran problema del déficit está en la salud pública (como antes lo era el déficit previsional), anunciando que se va a un ataque a fondo en la aplicación de los planes de privatización de la salud pública (transformación del hospital público en hospital de autogestión; privatización del Subsidio de Salud; municipalización; derogación de la Ley de Carrera Sanitaria, para aplicar la flexibilización laboral en el ámbito de la salud pública, etc.). Precisamente, en ATSA se ha comenzado a realizar un plan de paros en abierta oposición al plan del gobierno, y están circulando petitorios —en algunos casos, pidiendo la renuncia del secretario general; en otros, de algunos directivos abiertamente carneros.

El Partido Obrero hace un llamado a los partidos y a la dirigencia sindical combativa a poner en pie un frente de lucha, para impulsar y extender la lucha de ATSA mediante una campaña de actos y asambleas públicas, y el reclamo a las centrales sindicales a la realización de un paro activo provincial. Sólo mediante una lucha consecuente se podrá defender la salud pública, y las demás conquistas de los trabajadores.