“La crisis del sistema de seguridad social es más amplia que la que se pretendió solucionar” (Clarín, 25/4).

El ministro de Trabajo, Erman González, admitió que es “espeluznante la cantidad de desocupados o trabajadores en negro que llegarán a la edad pasiva sin acceso a una jubilación porque las empresas o los trabajadores autónomos no realizaron los aportes al sistema” (ídem, 26/4).

Según datos oficiales, no podrá jubilarse el 40% de los asalariados —3.800.000 personas— porque trabaja “en negro”. Tampoco 1.700.000 desocupados, porque no tienen empleo, y el 70% de los autónomos —otros 3.000.000— porque sus ingresos son tan bajos que no les alcanza para pagar las contribuciones previsionales. “Además, esa gente no tiene derecho a la pensión en caso de invalidez y sus familiares no reciben ninguna prestación en caso de fallecimiento” (ídem).

“Esto significa que el 60% de la fuerza laboral —9 millones de personas— está al margen de la seguridad social y, si se mantiene esta situación, 6 de cada 10 trabajadores actuales no podrán jubilarse” (ídem, 25/4)

¿Y el 40% restante? Si accede a la jubilación, tendrá haberes de miseria. Por ejemplo, un trabajador con 35 años de aportes ininterrumpidos, que gana 1.000 pesos, recibiría de la AFJP, en el mejor de los casos, una jubilación de 410 pesos por mes (ídem, 22/4), esto si la AFJP obtiene en promedio el 5% de rentabilidad anual durante esos 35 años, algo que está totalmente descartado. Los quebrantos de las AFJP de los últimos meses, con “rendimientos negativos” del 6 al 13%, indican que la jubilación del trabajador será más baja aún. Esos 410 pesos, con relación a un sueldo de 1.000, representan el 41%, exactamente la mitad del 82% que existía con anterioridad.

Nuevo mazazo

Sobre este cuadro de completa bancarrota, el gobierno pretende re-reformar el sistema previsional dando un nuevo mazazo a los trabajadores. Así, propone eliminar o reducir la jubilación mínima, llamada Prestación Básica Universal (PBU), que hoy es de 200 pesos y está a cargo del Estado, para los trabajadores que se jubilen con más de 400 pesos, pertenezcan al sistema público o a una AFJP.

¿Por qué el gobierno quiere rebajar las futuras jubilaciones?

Como el aporte que antes iba a las Cajas estatales pasó a manos de las AFJP y el aporte patronal que también iba a las primeras fue reduciéndose año tras año, mientras se tolera una evasión patronal sin precedentes, el régimen previsional público se fue quedando sencillamente sin dinero.

Hasta ahora, las AFJP recaudaron 14.000 millones de pesos, que antes iban al sistema público. Debido a la rebaja de los aportes patronales, entre 1994 y 1998, “el Estado dejó de recaudar unos 15.000 millones” (ídem, 24/4). La evasión patronal suma 14.000 millones de pesos por año, lo que significa que entre 1994 y 1998, los patrones dejaron de aportar 70.000 millones de pesos.

Así, desde 1994, el gobierno le transfirió a la clase capitalista 100.000 millones de dólares, hundiendo al sistema jubilatorio.

Como el gobierno quiere seguir bajando los aportes patronales, tiene que bajar todavía más las jubilaciones. Como ya no lo puede hacer con los actuales jubilados, que fueron exprimidos hasta la última gota, plantea eliminar el piso jubilatorio de 200 pesos para los futuros jubilados y aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 62 años.

Estafa

Esta descomunal estafa pretende ser presentada como un acto de “equidad” (La Nación, 25/4), porque, según Roque Fernández, con el ‘ahorro’ por la eliminación de la PBU se podría aumentar la jubilación mínima de 150 a 190 pesos por mes y permitir que los desocupados con más de 20 años de aportes puedan jubilarse antes de los 65 años.

El aumento de la mínima de 150 a 190 pesos alcanzaría a 400.000 jubilados; con esa suba el gobierno eliminaría el subsidio a la pobreza. “Así el aumento tendría un costo fiscal de 10 millones de pesos por mes” (ídem, 25/4) o 130 millones de pesos por año. En cambio, con la eliminación de la PBU, el gobierno dejaría de pagar a los futuros jubilados unos 3.000 millones de pesos.

El mes pasado, el gobierno les perdonó a las patronales automotrices que se excedieron en la importación subsidiada de autos, el pago de una multa de 150 millones de pesos. Pues bien, solamente con cobrar esa multa —que las patronales automotrices sabían que debían pagar— se podría financiar el aumento del haber mínimo a 190 pesos, sin necesidad de cambiar la PBU.

La jubilación anticipada para los desocupados con 20 años de aportes es otra estafa. Porque el gobierno no dijo a cuánto ascendería esa jubilación, pero, eso sí, aseguró que sería otorgada sólo a los que exhiban un certificado de pobreza. Pero si aportaron 20 años, esos trabajadores deberían recibir, al menos, una jubilación acorde a los años aportados. La ‘generosidad’ menemista esconde una ‘estafa’.

Programa

Mientras el Ministerio de Economía acordó con el FMI esta nueva “estafa previsional”, Erman González planteó su desacuerdo con algunos puntos del proyecto de Roque Fernández y dijo que convocaría al Consejo de Previsión Social para ‘consensuar’ una nueva reforma. El Consejo de Previsión está presidido por el ministro de Trabajo y compuesto por la gran patronal (Grupo de los 8), la burocracia de la CGT y los burócratas jubilados digitados por Alderete. En síntesis, por los mismos sectores que dieron nacimiento a la jubilación privada, que están de acuerdo en seguir rebajando los aportes patronales y evaden los aportes jubilatorios.

Erman González es así el fusible de la ‘estafa’ que impulsa Economía. Si el proyecto de Roque Fernández no prospera, González buscará sacar otro proyecto de la mano de las patronales y de la burocracia sindical.

Ante el descomunal fracaso, admitido por todos, de la ‘reforma previsional’ de 1994, el PO plantea:

• Anulación de la actual ley de jubilaciones. Transferencia del dinero de las AFJP a un régimen jubilatorio estatal, único, bajo control de los trabajadores.

• Jubilación equivalente al 82% móvil. Reconocimiento como años aportados a los trabajadores desocupados y a los que estuvieron “en negro”.

• Aumento de la jubilación mínima a 500 pesos. El propio gobierno, a través de la Secretaría de la Tercera Edad, reconoció que la canasta mínima de subsistencia de un matrimonio mayor es de 580 pesos.

• Anulación de la reducción de los aportes patronales. Control obrero de los aportes previsionales, autorizando a los trabajadores a verificar todos los meses si las patronales pagaron los aportes.