En la causa que investiga el espionaje ilegal que llevaba adelante el grupo de espías de la AFI llamado Súper Mario Bros bajo el gobierno de Mauricio Macri, fueron detenidas 22 personas. Entre ellas se encuentra Susana Martinengo, la Coordinadora de Documentación Presidencial durante el mandato anterior, y Diego Dalmau Pereyra, entonces director de Contrainteligencia de la AFI, sucesor de Jaime Stiusso. El único detenido hasta el momento era Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI.

En la causa se investiga el espionaje ilegal sobre dirigentes opositores, sindicales, empresarios, periodistas, fuerzas de izquierda, obispos y hasta miembros del oficialismo, e incluso la propia hermana del expresidente. Por haber sido señalado como receptor de esos informes fue allanado también el domicilio de Darío Nieto, quien hasta hoy sigue siendo el secretario privado de Macri. Las flechas apuntan también contra otros miembros del núcleo duro el macrismo, como Gustavo Arribas y Patricia Bullrich, que fueron mencionados en las declaraciones de Dalmau Pereyra ante la Comisión Bicameral encargada se seguir estas cuestiones.

El universo en que se desarrollaba este espionaje ilegal solo confirma la extensión y la profundidad del aparato conspirativo del Estado. Como revelaron las escuchas sobre los informes que estos espías realizaban en la previa a la movilización que el 18 de diciembre de 2017 contra el robo a los jubilados, este aparato es un valuarte en la represión a los trabajadores y la persecución a los luchadores.

Pero es también, por supuesto, un terreno más de la despiadada “competencia” entre los capitalistas y disputas entre los partidos patronales. Si el propio Macri se valió del acecho judicial sobre Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno para distanciar al kirchnerismo del pejotismo más abiertamente colaborador, ahora le toca probar un poco de su propia medicina con este cerco que busca ahondar la grieta que lo separa de Rodríguez Larreta, Vidal y los gobernadores radicales, esa “oposición responsable” a Alberto Fernández. La movida no está exenta de choques, como se expresa en el tironeo de los jueces de Comodoro Py por hacerse de la causa, cuestión sobre la que deberá expedirse la Cámara Federal de La Plata en estos días. El método de los carpetazo es representativo, de todas maneras, de la crisis del régimen político.

Toda esta trama vuelve a poner de manifiesto la justeza de la lucha por el desmantelamiento del aparato de conspiración y espionaje del Estado, y la necesidad de desarrollar una investigación a fondo de todo el entramado, basada en la apertura de todos los archivos de los servicios de inteligencia -que son descendientes directos de la Side de la dictadura militar. Esto esclarecería varias sombras de la historia nacional, como el encubrimiento del atentado a la Amia. Pero es una tarea que solamente puede realizarse contra este Estado, y por lo tanto será obra de un gobierno de trabajadores que repose sobre nuevas bases sociales. En cambio, toda esta novela será utilizada por Alberto Fernández al servicio de lubricar los acuerdos con la oposición en función del acuerdo con los bonistas y la suscripción de un nuevo programa con el FMI, con todos los ataques contra el pueblo que eso conlleva.