Las peores hipótesis se entrecruzan en el caso de la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez y la lucha interna en el área de Salud del gobierno. Tienen el común denominador del tráfico de drogas, la corrupción del poder y la descomposición policial.

Héctor Capaccioli fue echado, en medio de un escándalo, de su puesto de superintendente del Servicio de Salud después de una larga pelea con la ministra del ramo, Graciela Ocaña.

El tironeo entre ambos se vincula con las estafas cometidas contra el Pami y, en general, contra el sistema de salud, mediante la compra por parte del Estado de medicamentos vencidos, adulterados y/o robados, que se pagan a sobreprecios asombrosos. Tales maniobras se hacían, sobre todo, con los remedios más caros (drogas oncológicas y contra el sida).

A Capaccioli lo despidieron por un cargo ridículo en comparación con los otros: gastos indebidos e injustificados de caja chica en restaurantes, vinerías o florerías.

El triple crimen develó los vínculos del ex superintendente con al menos uno de los tres empresarios fusilados: Sebastián Forza, estafador, socio de narcotraficantes, vendedor de medicamentos fraguados… y presidente del comité de acreedores del Hospital Francés, con el cual había hecho negocios millonarios de la mano de Capaccioli y del ex interventor José Luis Salvatierra. Además, aportante de dinero a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

El reemplazante de Capaccioli es Juan Rinaldi, quien “se había ganado la confianza de Ocaña como titular de la Administración de Programas Especiales, la oficina que se encarga de la compra de los medicamentos y tratamientos de las obras sociales” (Clarín, 13/11). Se trata de un funcionario involucrado hasta las manos en los mismos hechos por los cuales Capaccioli debería estar preso.

Rinaldi tiene la confianza de Ocaña y, más aún, la de Hugo Moyano. Hasta entrar en el gobierno, Rinaldi trabajaba en el bufete de Héctor Recalde, abogado de la CGT. Moyano “no hizo nada para ocultar su satisfacción… (porque) uno de sus hombres de mayor confianza manejará a partir de ahora más de mil millones de pesos de las obras sociales” (ídem).

La pata policial

Según los abogados de su familia, el asesinado Sebastián Forza hizo llegar sus 200 mil pesos de aporte a la campaña kirchnerista por medio de Droguería Urbana, propiedad de Marcos Hendler. Esa firma se encargó, por cuenta de Capaccioli, de recolectar los aportes de todas las empresas del rubro salud. Nadie ha explicado por qué una empresa privada se hizo cargo de esa tarea. Además de sus aceitados vínculos con Capaccioli, Droguería Urbana y Hendler son proveedores del Sindicato de Camioneros y viejos conocidos de Hugo y Pablo Moyano. Nada cambia con la designación de Rinaldi; al contrario, con ella todo el mecanismo se “perfecciona”.

El triple crimen de General Rodríguez sigue en una nebulosa jurisdiccional y, en la práctica, nadie lo investiga aunque, inevitablemente, el caso reaparece una y otra vez ante cada hecho derivado de alguna causa conexa.

Por ejemplo, hace tiempo, el abogado de la viuda de Forza, Miguel Angel Pierri, dijo que “la llave de este caso (el del triple crimen) se llama Atrio”. Pues bien: cuando la “ruta de la efedrina” condujo al allanamiento de la casa de Hernán De Carli, un vendedor de máquinas cortadoras de césped que tiene una quinta de 5 millones de dólares en Rodríguez y otra en Miami, fue detenido Darío Atrio, policía bonaerense, junto con Miguel Lombardi, del Servicio Penitenciario Bonaerense, y María Otero, funcionaria de la municipalidad de General Rodríguez.

Un testigo declaró que pocas horas antes de que se encontraran los cadáveres de Forza y de los otros dos, se vio en el lugar una 4×4 negra como la que tiene De Carli… y un patrullero de la Bonaerense. En cuanto a la camioneta negra, añade Pierri, “la policía de General Rodríguez nos decía que no existía” (Clarín, 14/11).

A todo esto, la Federal secuestró 750 kilos de cocaína en un galpón en San Miguel, operación también vinculada con la “ruta de la efedrina”. Según parece, la droga pertenecía a un cartel colombiano. Sin embargo, sólo se pudo detener a un grupo de perejiles, porque cuando los federales aguardaban a los colombianos, llegó al lugar un móvil de la Bonaerense, cuyos ocupantes ingresaron en el lugar como Pedro por su casa. Ahora, fuente de la Federal “murmuran por lo bajo que sus colegas de la Bonaerense les arruinaron meses de trabajo. Más de uno incluso deslizó dudas sobre qué estaban haciendo los policías de la provincia en ese galpón” (ídem). En verdad, los federales están convencidos de que la Bonaerense protegía a los narcos instalados ahí.

En definitiva, la población es rehén de bandas mafiosas, muchas veces enfrentadas entre sí, que han convertido a la Argentina en campo de batalla además de lucrar delictuosamente con la salud del pueblo. Todo puesto bajo protección del gobierno “nac & pop” y de la burocracia sindical.