El juicio por la masacre de Once -ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas y cientos de heridos- cuenta con 29 acusados y casi cien audiencias realizadas. En la última jornada, el perito oficial Néstor Luzuriaga fue detenido por falso testimonio.

Luzuriaga había prestado su conformidad a la pericia oficial de la mayoría, que apunta a culpabilizar a Marcos Córdoba, el maquinista de la formación Chapa 16 que se estrelló contra el andén. Frente a los jueces, se mostró reticente a responder a las preguntas de la defensa del maquinista y de la fiscalía, relativas a cálculos y mediciones que él había suscripto y que resultaban a todas luces contradictorios. Es así que, luego del pedido de la abogada de Córdoba, Valeria Corbacho, el tribunal resolvió su detención. 

El perito denunciado es el mismo que había actuado en el juicio de Castelar contra el maquinista Daniel López, como perito de parte del ingeniero que habilitó el servicio del Chapa 1. El ingeniero, de apellido Bizantino, resultó finalmente sobreseído, mientras que el maquinista fue condenado a cuatro años y medio de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación.

Los abogados de los funcionarios salieron en defensa de Luzuriaga e intentaron justificar sus contradicciones; para ello, solicitaron que se revisen las filmaciones. Señalaron que lo que se cuestionaba era “el estilo” del perito y que el problema no son las respuestas sino las preguntas.

La pericia mecánica es, sin lugar a dudas, una de las pruebas fundamentales, ya que en la misma se analiza el funcionamiento de la formación a lo largo de todo el trayecto y al momento del impacto. El testimonio de un perito debe tener en sus respuestas una base científica, y su firma expresa conformidad con las conclusiones de la pericia. Por lo tanto, no puede tolerarse bajo ninguna causal que no pueda dar una explicación sustentable de las mismas; el no poder contestar con precisión a las dudas de las diferentes partes, torna como mínimo sospechosa la idoneidad y transparencia de la pericia, así como la fiabilidad de sus conclusiones.

No se trata aquí “de estilo” sino de un final anunciado. La línea de la defensa de los funcionarios imputados en este juicio -Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, entre otros- es atribuir la responsabilidad al maquinista, como ya lo hicieran en el juicio por el desastre de Castelar, para ocultar su responsabilidad en el descomunal vaciamiento ferroviario de la última década.