Veinticuatro horas después del “Día del Amigo”, y en vísperas del cierre de listas para las elecciones legislativas, el gobierno bonaerense del Frente de Todos anunció de apuro que había acordado la reestructuración de los bonos de deuda externa con el principal acreedor de la provincia, Golden Tree Asset Managment, y abría un plazo hasta el 13 de agosto para que ingresen nuevos bonistas. Mientras, Kicillof abre la veintiuna postergación del canje con los que rechazaron la oferta, entre quienes de encuentra el poderoso grupo Ad Hoc. En juego están 7.148 millones de dólares que vencen en los próximos tres años, y que el gobernador pretende renegociar sobre la base del reconocimiento integral de la deuda usurera y fraudulenta.

El rechazo del grupo Ad Hoc, que concentraría el 40% de los tenedores de bonos, abre una incógnita sobre el futuro inmediato del “cierre del canje” anunciado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Integrante del Comité de Acreedores, Ad Hoc funciona como un grupo de choque de los fondos buitre, uno de los demandantes en los tribunales de Nueva York y amenaza con ejecutar el default.

Para que se concrete el canje, Kicillof y López necesitan la aceptación del 65% al 75% de los bonistas. Hoy no los tiene, y debe lidiar todavía con la judicialización del default por casi 1.700 millones de dólares que exigen los buitres como resarcimiento por la demora en los pagos. Para seducir al grupo Ad Hoc, la oferta incluye el pago de los intereses devengados en el año largo de “negociaciones”, un 10% en efectivo y el resto en la emisión de nuevos bonos, pero los bonistas no quieren títulos sino pago cash. Tienen el antecedente del desplome de la cotización de los bonos canjeados por el gobierno nacional, y evidencian poca confianza en la solvencia del Estado boonaerense.

Justificando la tirada de toalla, el kirchnerismo gobernante en la provincia de Buenos Aires se jacta de haber reducido el total de deuda a pagar y alargado los plazos de pagos. En realidad es un reconocimiento integral de una deuda externa fraudulenta amasada bajo los gobiernos peronistas y de Vidal, que significa gatillar hasta 900 millones de dólares por año en el período 2022-2030, es decir comenzando desde el mandato mismo de Axel Kicillof.

En un reportaje, el ministro Pablo López dice que el gobierno no se movió de la oferta original hecha en abril de 2020. Es falso. Primero eliminó toda quita de capital, y adelantó a 2024 el inicio de los pagos de amortización de capital. La “clausula de confidencialidad” (acuerdos secretos) fue y es el instrumento para encubrir todas y cada una de las capitulaciones de los “nacionales y populares”.

Pese a los sucesivos recules, Kicillof sigue sin poder definir la reestructuración de los 7,148 millones de dólares (8.000 millones si se suman los intereses), ni el levantamiento de las demandas judiciales. El Frente de Todos de la provincia ingresa formalmente a la campaña electoral buscando hacerle pagar a los trabajadores una hipoteca brutal. El acuerdo precario y limitado, avalado por los Kirchner, forma parte de las exigencias de la “amigable” de Kristalina Georgieva para allanar un pacto con el FMI.

Los “nacionales y populares” están sometidos al capital financiero y al ajuste draconiano como garantía de pago. La contraposición entre las necesidades urgentes de la mayoría explotadas de la provincia de Buenos Aires y las demandas buitres de los bonistas exige una salida fondo y un programa económico de los trabajadores, que comience por el no pago de la deuda externa, la ruptura con el Fondo, y un impuesto extraordinario al capital para financiar salarios, trabajo, salud, educación y vivienda.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad denuncia la entrega de Kicillof, y al conjunto de un régimen fondomonetarista que ha hecho de la convalidación del saqueo de la deuda externa una cuestión de Estado. La tirada de toalla del delfín de Cristina recién comienza y obligará a nuevas concesiones a los bonistas y pactos con la oposición derechista.

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