El jueves 16 de julio podría llegar a tomar estado parlamentario el proyecto del gobernador Mariano Arcioni para reestructurar la deuda pública de Chubut. Endeudamiento que compone un fraudulento mecanismo de saqueo contra la población trabajadora chubutense, el cual involucra, al menos desde el año 2010, a todo el arco político patronal, desde los “nacionales y populares” (PJ-FPV) hasta el radicalismo y sus derivados (UCR-PRO-Cambiemos).

Si bien Arcioni podría avanzar en las negociaciones con los acreedores e incluso realizar una oferta concreta, ha decidido llevar el proyecto a la legislatura provincial para “dar una señal política a los acreedores”.

El consenso acerca de la necesidad de reestructuración es generalizado. Sin embargo, al calor de una crisis económica agravada por la pandemia, se han recrudecido las fricciones entre los diferentes bloques patronales.

Existen problemas entre las propias filas oficialistas, pues “Chubut al Frente”, con una mayoría de 16, ahora tiene un “interbloque” de 9 diputados que no responden al gobernador sino al vicegobernador y presidente de la legislatura Ricardo Sastre, y al resbaladizo intendente de Trelew, Adrián Maderna. Arcioni cuenta tan solo con 7 leales.

Por otro lado, los 8 diputados de la “oposición” del Frente de Todos (“Frente Patriótico” en Chubut) no apoyan el proyecto oficial porque “los números no están claros”, ni ven en el Ejecutivo la existencia de “un plan” para sortear la crisis. Los tres de Juntos por el Cambio, por su parte, apoyan pero se manifestaron en contra de poner la coparticipación federal como nueva garantía de pago.

El alcance y los resultados de esta reestructuración condicionan el futuro político y electoral de estas camarillas, por ende el apoyo al proyecto de Arcioni se ve condicionado. Se trata de un nuevo capítulo de la crisis política que desde 2018 le impide a Arcioni el avance en el “reperfilamiento” de la deuda. Por otro lado y en simultáneo, la reestructuración está siendo utilizada como un mecanismo de extorsión a las y los trabajadores. Recientemente, el ministro de Salud, Fabián Puratich, dijo en una reunión con el sector de la salud de Puerto Madryn que la plata en tiempo y forma para pagar salarios iba a aparecer cuando se avance con este tema en la legislatura.

La reestructuración es parte de una reorganización capitalista general

A partir de octubre la provincia debe comenzar a pagar trimestralmente 40 millones de dólares (3.000 millones de pesos aproximadamente a valores de hoy) en capital del Bono Bocade de U$S 650 colocado por Das Neves-Arcioni en 2016. Pero la acumulación de las regalías en el fideicomiso que gestiona el Deutsche Bank y el Banco Comafi comenzará a “chupar” regalías en agosto, esto significa para el mes que viene un colapso recargado de las finanzas provinciales y un incumplimiento mayor en el pago en tiempo y forma de salarios y jubilaciones. Esto manifiesta también, que literalmente, Arcioni “encanuta” el salario de los docentes, estatales y fondos para obra pública, en pos de asegurar el pago en tiempo y forma a los especuladores financieros.

La reestructuración de la deuda es tan solo una de las tareas de la profunda tentativa de reorganización capitalista que el gobierno de Arcioni debe capitanear, con base material en el derrumbe del mercado externo de la cuarta provincia exportadora del país, producto de la pandemia, la depresión económica mundial y el derrumbe del precio del petróleo. A su vez, el gobierno ha lanzado la posibilidad de un “tope salarial” contra los rangos más altos de la administración pública, que ya ha significado roces con los poderes judicial y legislativo, y que en los hechos sería la puerta de entrada para un congelamiento de salarios para todos los rangos. O sea, una salida “a lo Santa Cruz” con la cual manifestaron acuerdo públicamente el vicegobernador Ricardo Sastre e incluso Adriana Casanovas, presidenta del bloque del FDT en legislatura.

Los tres años de “gracia” que el gobierno le pide a los acreedores, hasta 2023, sería el tiempo necesario para reorganizar la “sostenibilidad” de la economía provincial en función del pago de la deuda, al menos hasta 2038.

Para gestionar esta ofensiva Arcioni y sus aliados deben impulsar un salto cualitativo en el ajuste fiscal (salarios, jubilaciones), en la tasa de explotación y en la productividad del trabajo (condiciones de trabajo, convenios colectivos) y en la entrega de los bienes comunes (megaminería, fracking petrolero, depredación ictícola). Lo que está discutiendo todo el arco político patronal es el “cómo” y el “cuándo” de estas tareas.

Luego está el misterio guardado bajo doce llaves: ¿quiénes son los acreedores de Chubut? Trascendidos periodísticos sugieren que en la nómina estaría la petrolera privada más importante del país, Panamerican Energy de los Bulgheroni, concesionaria hasta 2047 del yacimiento de petróleo convencional más grande del país, Cerro Dragón, gracias al voto en 2007, sospechado de corrupción, de todas las fuerzas políticas que ahora se embarcan en la reestructuración.

¿Reestructuración, “suspensión e investigación” o un planteo independiente de no pago e investigación?

Así como la burguesía y los partidos patronales deliberan sobre la “sostenibilidad” de la deuda, el debate sobre su carácter fraudulento y expoliador se abrió paso entre las y los trabajadores y la población en general. La denuncia del carácter fraudulento de la deuda ha sido un planteo que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda ha impulsado con fuerza en los últimos años, ahora empuñado por sectores como la Mesa de (des) Unidad Sindical.

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A nivel nacional, en febrero de este año un grupo de organizaciones políticas (entre ellas el MST, Poder Popular), sindicales (seccionales de ATE y CTA), referentes como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Claudio Lozano, Luis Zamora, el Perro Santillán, María del Carmen Verdú, entre otros, lanzaron un “llamamiento para una autoconvocatoria para la suspensión del pago de la deuda”. La formulación subordinaba el pago a una investigación previa, es decir, no es tajante en relación a reconocer el carácter fraudulento de la deuda. Tampoco entraba en colisión con el gobierno de Alberto Fernández, a quien colocaba en el campo de quienes cuestionan el pago. Dice el texto fundacional de esta convocatoria: “El nuevo gobierno ha constatado la emergencia social y la realidad de que la deuda pública nacional es impagable [palabras más palabras menos, lo mismo dice el FMI], lo que seguramente puede replicarse en las provincias”. Se borró de un plumazo todo lo que el gobierno nacional estaba y está haciendo para hacerse cargo de la deuda externa e incluso rescatarla. Con el discurso de la deuda “impagable”, se avanza sin embargo en la suspensión de la movilidad jubilatoria, con las sumas fijas en contraposición de las actualizaciones paritarias, con impuestazos en las provincias, con aumentazo en ingresos brutos, con un mayor remate de los fondos de la Anses, y ni hablar de las repetidas claudicaciones del ministro Guzmán ante el FMI y los acreedores privados, en números, 15.000 millones de dólares. Todas medidas en pos de una mayor entrega.

Esta “autoconvocatoria” busca constituirse en Chubut y en los hechos se coloca en el campo de la centroizquierda, como “un factor de presión” a los bloques patronales. En este punto, los partidos que forman parte del Frente de Izquierda Unidad-, nos referimos puntualmente a las y los compañeros del MST, debemos mantener una posición independiente.

Porque consideramos que es un planteo con serios límites políticos. En primer lugar porque no señala que el proceso de renegociación de la deuda de Chubut no solo es “monitoreado” por el gobierno del Frente de Todos, en el marco general de un pacto “sin grieta” con Juntos por el Cambio en relación con la deuda externa, sino que el proyecto oficial de Arcioni ha sido diseñado con la aprobación del mismo Guzmán, por medio del encargado de las deudas provinciales en el ministerio de Economía de Nación, Rafael Brigo (El Chubut, 23/5).

Luego, la formulación de “suspensión e investigación”, como hemos señalado, también es ambigua, diluye la necesidad urgente del no pago y la lucha contra los personeros políticos del “reperfilamiento”, pues pone “a revisión” el carácter de clase y fraudulento de la deuda, en tanto instrumento de dominación social del capital financiero, la burguesía y el imperialismo sobre los Estados, y en mayor medida aun sobre los Estados oprimidos. Una investigación independiente de la deuda no debe estar al servicio de determinar “qué se paga y qué no”, sino para desnudar públicamente este mecanismo perverso, determinar a dónde fueron a parar los fondos y que paguen los responsables de su malversación. Investigación tampoco es “participar” de las comisiones de monitoreo de la legislatura fraguadas por los mismos bloques patronales, votadas junto a los sucesivos endeudamientos y que funcionan como verdaderas comisiones de ocultamiento. La investigación acerca de los orígenes y efectos de este régimen de saqueo debe ser llevada adelante exclusivamente por la clase social agraviada, sin participación alguna de los verdugos, es decir, con delegados electos por los sindicatos y las organizaciones en lucha.

El planteo de esta centroizquierda deviene tan “a la medida” que efectivamente ha sido tomado por el diputado provincial del Frente de Todos, Carlos “El Ganso” Eliseche, un histórico que ahora habla de “suspender los pagos para renegociar” (El Chubut, 10/7).

De fondo, lo que es necesario poner a consideración del activismo, de las y los luchadores de Chubut, es que la impugnación de la deuda provincial, para triunfar debe dotarse del carácter de una campaña de movilización política y lucha contra el Estado y sus administradores políticos, que nunca tuvieron el mandato social para endeudar de este modo la provincia y tornarla prácticamente inviable.

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Es necesario impulsar esta deliberación y acciones de lucha en las organizaciones obreras, en las asambleas por el No a la Mina y la población en general.

A la crisis “por arriba” de los partidos patronales en su intentona de reestructuración, debemos oponerle “por abajo” un frente de único por el no pago e investigación de la deuda, y debatir un programa absolutamente incompatible con el gobierno de Arcioni, en defensa de los intereses de la clase trabajadora, que incluya impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la nacionalización de los hidrocarburos, y la puesta en marcha de un plan de desarrollo provincial bajo dirección de las y los trabajadores.

 

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