Uno de los más interesados en que se acelere un arreglo con los bonistas es el empresariado nacional. Está muy en el candelero la deuda pública, pero viene pasando relativamente desapercibida la deuda privada, que llega a la friolera de más de 80.000 millones de dólares.

 

En el “sector privado no financiero”, la mayor parte del endeudamiento es por créditos y anticipos comerciales que totalizan 50,4 mil millones de dólares. Semejante cifra ya nos da una idea de que lo de Vicentin está lejos de ser una excepción. Tenemos una parte de las empresas en una situación económica seriamente comprometida. La deuda que señalamos se refiere al giro comercial. Dicha deuda, que en condiciones “normales” se renueva, tropieza con dificultades crecientes para refinanciarse y lo viene haciendo a plazos cada vez más cortos y a un costo más elevado.

 

Esto es lo que explica que paralelamente a la deuda comercial crezca la deuda financiera. Los títulos y préstamos en el exterior son otros 27.600 millones de dólares (aquí se incluyen ya líneas de créditos de los bancos), de los cuales 2.300 millones de dólares vencen antes de fin de año y otros 4.100 millones en 2021. En total, 6.440 millones de dólares en 18 meses.

 

 

Modus operandi

 

Esto incluye obligaciones negociables en dólares y deuda en dólares de las empresas con bancos locales, básicamente para financiar exportaciones por unos 7.600 millones de dólares. Viene al caso señalar que los cerca de 290 millones de dólares que Vicentin adeuda al Banco Nación son apenas el 3,8% de esa suma. Esto pone de relieve que la operatoria, que en el caso del grupo santafesino provocó un gran revuelo político, es moneda corriente e involucra también a la banca estatal. El Banco Nación y el resto de la banca pública debería dar conocer la lista de deudores, y probablemente tengamos la evidencia de un gran desfalco, que estamos frente a un modus operandi del conjunto de la burguesía y, en especial, de los grupos líderes.

 

Los mecanismos que han salido a la luz con el caso Vicentin se replican en las cerealeras, perjudicando a los productores agropecuarios a quienes se les pedalea el pago y terminan cobrando precios sensiblemente inferiores respecto de los que dichas corporaciones comercializan los productos. A lo que se agrega las maniobras de sobrefacturación y subfacturación, y el contrabando liso y llano por medio de una triangulación con empresas fantasma radicadas en Paraguay y Uruguay. Pero esta práctica se extiende a los grandes pulpos de otras ramas de la economía.

 

No se nos puede escapar tampoco la fuga de capitales. En los 50.000 millones de dólares que señalamos como deuda comercial se incluyen créditos entre empresas relacionadas. Esto también es materia de manipulación, pues en lugar de invertir directamente las casas matrices optan por hacerlo en forma de crédito, lo que viene siendo utilizado para enmascarar giro de utilidades y sortear las limitaciones vigentes. Es la vía para obtener dólares al tipo de cambio oficial “baratos”, desplumar las reservas del Banco Central y provocar una hemorragia de divisas al exterior. Y, al mismo tiempo, para inflar gastos en concepto de intereses y reducir sus utilidades o fabricar pérdidas, y de esa forma evadir impuestos.

 

Las propias empresas, en reiteradas oportunidades, están de los dos lados del mostrador. Esto es una razón más para que se abran los libros de las empresas, sus cuentas, y que su movimiento productivo, comercial y financiero sean sometidos al escrutinio popular y de los trabajadores. Repudiar la deuda espuria y evitar que este manejo fraudulento termine de provocar un vaciamiento de las empresas, dejando un tendal de deudas y dejando en la calle a miles de trabajadores. Este desfalco, sin embargo, se ha vuelto cada vez más insostenible en el tiempo, pues es el propio Estado el que está en concurso de acreedores y de conjunto, la economía nacional está en colapso, atravesada por la crisis capitalista y la pandemia. El Estado no tiene los recursos ni la capacidad para un salvataje generalizado y resta ver si reúne las condiciones para hacerlo por Vicentin. Lo cierto es que hay un pelotón de empresas que están pidiendo pista para presentarse en convocatoria cuando se reabran los tribunales. Por lo pronto, ya han cerrado sus puertas Molinos Cañuelas y Latam, entre otras.

 

 

A favor de los bonistas

 

Expuesto este panorama, no debe sorprender que los principales grupos empresarios se hayan convertido en uno de los lobbistas más insistentes para que el gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, cediendo a sus exigencias y condicionamientos leoninos. La masa de acreedores de la deuda incluye accionistas y dueños de las empresa locales, que integran la burguesía nacional. Pero, aparte de ello, el interés es que un arreglo podría refinanciar sus deudas y abrirles las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento. Primeras en la fila para capitalizar un eventual nuevo acuerdo se encuentran YPF, que tiene agendado un vencimiento de 1.000 millones de dólares en marzo; Pan American Energy, la petrolera de los Bulgheroni, tiene el propio en mayo, por 300 millones de dólares, mientras que, en junio, Telecom y Edesa suman otros 500 millones de dólares. Ya a principios del segundo semestre se anotan los vencimientos de Mastellone y Raghsa.

 

No podemos perder de vista que existe una gran liquidez internacional y las empresas argentinas podrían atraer hacia el ámbito privado alguna porción de esos capitales ociosos internacionales, que muy probablemente sean reticentes en prestarle al Estado. En una reciente reunión vía zoom con el ministro Martín Guzmán, organizada por el petrolero Miguel Galuccio,”varios de los más grandes empresarios de la Argentina insistieron en la necesidad de que el país alcance rápidamente un acuerdo con los acreedores (…) a diferencia del gobierno nacional, muchas de las más grandes compañías tienen expectativa de recuperar cuanto antes el acceso al crédito en el mercado de capitales global” (Infobae, 2/6)

 

A la hora de analizar el hipotecamiento del país no se puede circunscribir a la deuda estatal. La experiencia indica que la deuda privada termina siendo estatizada. El de Vicentin es un buen ejemplo, pues mientras, por un lado, el gobierno proclama una quita de la deuda en nombre de su sustentabilidad, no tiene el menor reparo en cargarle al Estado los pasivos por 1.300 millones de dólares de dicha empresa. Los trabajadores deben tomar nota de este escenario, pues el caso de la cerealera en concurso es aleccionador de cómo funciona el Estado capitalista, que termina siendo un factor crucial en el despojo del ahorro nacional y en la transferencia de ingresos en favor la clase capitalista. Estamos en presencia de un salvataje del capital en crisis -y no tan en crisis- que , por otra parte, es inviable, pues se trata de una deuda impagable. Es necesario invertir la fórmula. En lugar de privatizar los fondos públicos, los mismos deben ser utilizados para una reorganización del país sobre nuevas bases sociales bajo la dirección de los trabajadores, dando satisfacción a las grandes y perentorias necesidades populares.