Se dio a conocer el informe oficial sobre deuda externa privada (comercial y financiera), correspondiente al segundo trimestre del 2021. La misma alcanza los USD 80.237 millones, mostrando un aumento de USD 986 millones de un trimestre a otro. Dicho incremento se debe a la evolución de la deuda comercial (préstamos y adelantos comerciales no bancarios), que sumó USD 1.433 millones en ese período. El dato más llamativo es que el 42% de la deuda privada fue contraído con empresas del mismo grupo. Lo anterior consiste en un mecanismo muy utilizado por las patronales para fugar dólares al exterior, a costa de las reservas del Banco Central.

Por otra parte, semejante caudal de deuda externa privada pone contra la cuerdas al conjunto de la economía nacional, ya que el sistema bancario local se encuentra sumamente comprometido, y, además, un default de la misma podría desatar una oleada de quiebras. Es esta necesidad de refinanciarse la que lleva a los empresarios a apoyar un acuerdo con el FMI a como dé lugar, con la expectativa de que dicho arreglo traiga aparejado un reingreso de Argentina al mercado de crédito internacional, a costa de mayor ajuste y miseria para la población trabajadora. Si bien en el primer semestre del 2021, 50 empresas lograron aplazar vencimientos por USD 2.120 millones, se aproximan vencimientos para el 2022 por USD 35.368 millones de deuda comercial y por USD 16.296 millones de deuda financiera del sector privado, cifra que supera la totalidad de las reservas del BCRA.

Así las cosas, empresas del mismo grupo figuran como acreedoras de una deuda externa privada de USD 33.440 millones. Dentro de la deuda comercial, la contraída para financiar exportaciones de bienes (principalmente de las firmas dedicadas a la exportación de oleaginosas y cereales) llega a los USD 7.443 millones, de la cual el 35% está en manos de acreedores relacionados (USD 1.196 millones más que el trimestre anterior). En el caso del endeudamiento para financiar importaciones de bienes, este alcanza los USD 22.525 millones, donde un 55% corresponde a créditos otorgados por empresas del mismo grupo. Por su parte, la deuda externa por importación y exportación de servicios suma USD 8.128 millones, y el 69% de la misma tiene como acreedores a compañías relacionadas.

Esto revela una práctica muy extendida entre la clase capitalista, donde las casas matrices, en lugar de invertir en sus filiales en Argentina, envían los dólares en forma de préstamos. A la hora de “devolver” ese dinero, las empresas obtienen los dólares en el mercado de cambio oficial, dado que el cepo vigente permite adquirir divisas para cancelar hasta el 40% de las deudas empresariales. Allí el tipo de cambio se halla hoy en $99,45, es decir, acceden a un dólar más barato, y, de este modo, giran esas divisas al exterior sin ningún inconveniente. Se trata de una forma solapada de fugar sus ganancias afuera sorteando las restricciones cambiarias, ya que se camufla como cancelación de deuda comercial, en perjuicio de las reservas del Banco Central.

El hecho de que un mismo grupo empresario sea deudor al mismo tiempo que oficia de acreedor a veces se da de manera más disimulada, por ejemplo, cuando el crédito proviene de una sociedad off-shore radicada en algún paraíso fiscal donde se desconoce cuáles son los principales accionistas. Con todo, la práctica mencionada se suma a la lista de los múltiples ardides que protagoniza el empresariado local con el objetivo de fugar capitales. En ese sentido, la burguesía argentina se encuentra en el podio de los Pandora Papers y posee más de USD 400.000 millones tanto en el exterior como “debajo del colchón”; esto, mientras que en suelo local posee una hipoteca que supera los USD 80 mil millones. Todo un retrato del carácter parasitario de esta clase social, que ha saqueado al país década tras década bajo los sucesivos gobiernos.

Este escenario muestra a todas luces la impostura de los capitalistas, que cargan las tintas sobre el “costo laboral” a la hora de justificar la huelga de inversiones en las que yacen inmersos, y, acto seguido, presentan la liquidación de los convenios colectivos de trabajo como remedio, cuando lo que habría que revisar en realidad es el “costo empresario”, que bloquea el desarrollo nacional y es causante de la bancarrota del Estado.

Cabe destacar que la deuda externa privada de la industria manufacturera conforma el 30% del total, y, a su vez, el 52% de la misma está en manos de empresas relacionadas. Esto evidencia que los industriales argentinos, lejos de ser un ariete para el desarrollo productivo del país, están a la cabeza de la fuga de capitales.

Por su parte, el gobierno deja pasar este fraude desde el momento que no procede a abrir los libros de las empresas. Ni siquiera actúa en ese sentido en los casos de quiebra por cesación de pagos para comprobar que no haya sido fruto de una operación de vaciamiento por parte de la patronal (como la que describimos anteriormente), dando lugar a cierres y despidos, tal como ocurrió en Vicentín, Latam, Garbarino, entre otros.

Ante la magnitud de esta hipoteca y para poner fin al drenaje de divisas se vuelve necesario la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior, así como también la apertura de los libros de las empresas bajo control de sus trabajadores. El repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI son requisitos fundamentales para terminar con este régimen de saqueo y dar paso a una salida a la crisis por parte de la clase trabajadora.

 

https://prensaobrera.com/politicas/martin-guzman-ratifica-que-la-prioridad-es-pagarle-al-fmi/

https://prensaobrera.com/ambiente/sobre-el-hidrogeno-verde-y-la-australiana-fortescue/