La situación de los 150 mil tomadores de los préstamos hipotecarios UVA se ha vuelto desesperante: por la indexación de los cuotas y de la deuda total a la inflación, que no es seguida por los reajustes salariales acordados por la burocracia sindical, cada vez pagan más –y deben más. Testimonios de los deudores señalan, por ejemplo, que en dos años, la cuota por un préstamo de 2 millones de pesos se duplicó, y la deuda ascendió a 3 millones y medio. La Defensoría del Pueblo marplatense (IProfesional, 12/4) advierte casos en que “las personas caen en un estado de marginalidad económica” para poder pagar la cuota, que llega a representar hasta el 60% del salario y que en muchos casos se debita automáticamente. El gobierno, que impulsó las UVA como el camino al sueño de la “casa propia”, ahora ofrece como única “solución” a los deudores extender el crédito más y más años; la crisis es tan grande que 50 mil afectados habrían solicitado la extensión. La amenaza de ejecuciones y desalojos crece día a día. En estas condiciones, la toma de nuevos créditos UVA, con requisitos imposibles, directamente se desplomó. 

Esta semana se presentó en Mar Del Plata la primera demanda judicial contra estos créditos, al tiempo que se colocaron dos iniciativas en el Congreso, una por parte del pejotismo y otra de la banca de Romina Del Plá, del Partido Obrero-Frente de Izquierda.

El proyecto consensuado por los bloques peronistas obtuvo dictamen en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados. Establece una emergencia de 365 días, durante la cual la cuota de quienes adquirieron vivienda única, familiar y de ocupación permanente seguiría el menor de dos indicadores, el salario (Coeficiente de Variación Salarial) o la inflación (Coeficiente de Estabilización de Referencia). La emergencia podría prorrogarse por otro año si durante el plazo de la misma el CER varía más de 5% por arriba del salario. A su turno, se establecería un “período de gracia” de seis meses para quienes hayan perdido el empleo después de tomar el crédito, y prevé suspender los desalojos en curso por falta de pago.

El proyecto constituye un paliativo muy limitado ante lo impagable de las cuotas, sin afectar el crecimiento imparable del crédito total en favor de los bancos. Es presentado, por lo demás, por los mismos bloques que aprobaron la Ley de Ahorro para Viviendas, que instituyó las UVI (indexados por los índices de costos de construcción) y sirvió de base al Banco Central macrista para instituir los UVA.

Sus promotores consideran que el proyecto será bloqueado en la Comisión de Finanzas, que preside el oficialista Eduardo Amadeo, ante lo cual se solicitaría una sesión especial de Diputados para tratarlo el próximo el 24 de abril. 

Anulación



El proyecto de Del Plá, en cambio, plantea la anulación del sistema de créditos UVA, y define como “principio rector (…) la defensa del derecho a la vivienda de los trabajadores en contraposición al beneficio de los bancos”. 



Así, establece que “el valor de las cuotas mensuales para los que ya se encuentran pagando créditos hipotecarios para vivienda no podrá ser indexado más allá del 50% del Índice de Variación Salarial, y no podrá superar el 25% del ingreso familiar”. A su turno, limita el saldo total de la hipoteca a multiplicar esta cuota reducida por las que falten pagar, y compensa los sacrificios ya realizados por los deudores, estableciendo que se deberán descontar del valor total del capital adeudado el valor total de las UVAS pagas hasta la fecha. El proyecto tiene un capítulo especial para los afectados por el Procrear Joven, que se encuentran hoy entre los más golpeados, y establece para futuros créditos hipotecarios cuotas ajustadas a ingresos del grupo familiar.



En sus fundamentos, el proyecto denuncia que los bancos tienen sus ganancias aseguradas por el mecanismo de las UVA, mientras que la reforma laboral que persiguen el oficialismo y el PJ profundizará el atraso salarial y la inestabilidad laboral, haciendo más confiscatorios estos préstamos y amenazando aún más la capacidad de pago de las familias trabajadoras. Finalmente, se plantea un plan de expropiación de bancos y grandes constructoras, centralización de esos recursos y planes de construcción y vivienda bajo control de los trabajadores y en su beneficio. 



La banca del PO-FIT reclamará el tratamiento de los anteproyectos, denunciando los bloqueos del oficialismo, y exigiendo la inclusión en la sesión especial del proyecto de Del Plá, que se coloca como un aporte a la lucha y organización de las familias afectadas y liga un plan de emergencia en su beneficio a una salida de los trabajadores a la crisis nacional.

 

TE PUEDE INTERESAR: El costo de la construcción subió 52% en un año y aleja para el trabajador la posibilidad de tener la casa propia