Luego de cuatro meses de gobierno macrista, Argentina no atraviesa simplemente otro “ajuste” sino la explosión violenta de sus contradicciones. El arreglo con los buitres y la euforia oficial por la colocación de nuevos títulos públicos no disimulan el agravamiento de la crisis económica y financiera que el proclamado plan de “reordenamiento” oficial debía superar. El nuevo endeudamiento para pagar a los buitres será a tasas usurarias, propias de un país en defol. Es lo que explica la afluencia masiva de especuladores en pos de su compra. Sus rendimientos superan en un 50% a los de los bonos brasileños, en plena crisis política de ese país.

 

La carestía sigue su carrera desenfrenada, y este mes ascendería al 6,5%. Aunque el gobierno sigue insistiendo en que la inflación bajará en el segundo semestre, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que revisarán las “metas de inflación”. Macri quiere frenar la disparada de precios a partir de un compromiso inviable con los empresarios, cuando en verdad éstos han sido premiados por la política oficial (devaluación, eliminación de las retenciones, tarifazos).

 

Bajo el macrismo, el Banco Central echa mano del mismo expediente que los K y emite pagarés (letras) en favor de los bancos privados, para absorber la emisión monetaria que el gobierno utiliza para hacer frente al déficit fiscal. Pero, al mismo tiempo, ¡debe emitir para cancelar los vencimientos de esas letras! Se ha formado una bola de nieve creciente e insostenible en el tiempo (véase nota “Deuda del Banco Central: una bomba de tiempo”).

 

Las tasas de interés usurarias, a las que el gobierno apela para contener la fuga de los especuladores al dólar, arrojan leña al fuego de la recesión. En la reunión con empresarios, Macri exhortó a invertir, pero “con este nivel de tasa de interés todos los proyectos de negocio empalidecen” (Clarín,19/4). En cambio, estos mismos capitalistas usufructúan la enorme bicicleta financiera puesta en marcha por el gobierno, su único recurso para evitar una corrida hacia el dólar. Si de divisas se trata, la economía M está sometida a un régimen de chantaje de cerealeras y exportadores, que regulan su liquidación y obligan al gobierno a comprar los dólares sobrantes en el mercado, para sostener su valor y convalidar las presiones devaluatorias.

 

Principio de crisis política

 

Todo este armado hace agua, lo que explica las presiones en la burguesía a favor de un ajuste más drástico. Esa presión ya ha provocado un principio de crisis política en el gabinete. Mientras el titular de Economía, Alfonso Prat Gay, aseguraba que era el último tarifazo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunciaba la inminencia de nuevos aumentos en una reunión reservada con empresarios. La emergencia de un nuevo tarifazo va de la mano con las tendencias devaluatorias, cuando el colapso agravado de Brasil recorta los mercados de exportación para la burguesía argentina y, al mismo tiempo, refuerza la presión importadora.

 

Contradictoriamente, un ingreso “exitoso” de dólares tendrá un efecto inflacionario, que el gobierno querrá compensar reforzando las clavijas sobre las cuentas fiscales (salarios, gastos sociales). Lejos de atenuar el ajuste, el rescate financiero exige profundizarlo como condición previa, y conduce a un replanteo de las relaciones entre los capitalistas y la clase obrera. Ingresamos en una segunda etapa del nuevo Rodrigazo.

 

Las devaluaciones, los tarifazos y hasta la carestía no han quedado atrás, están adelante. Esto se une al agravamiento de la crisis industrial y el parate económico, que se constata en el crecimiento en la ascendente ola de despidos y suspensiones. La crisis política que ya se está insinuando determinará el derrotero del gobierno nacional, e incluso su permanencia.