El gobierno nacional, por medio del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, acaba de anunciar la devolución parcial del IVA para compras con tarjeta de débito en productos de la Canasta Básica Alimentaria. Siquiera se trata de una eliminación parcial del gravamen, sino de una devolución acotada por parte de un gobierno que cuando asumió restituyó el IVA en los alimentos. No se trata de beneficios sino la contraparte del ajuste en marcha.

La medida alcanzaría a unas 20 millones de personas, entre trabajadores en relación de dependencia (hasta ingresos por $708.000 equivalentes a 6 salarios mínimos), monotributistas, jubilados, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de la AUH, e implica la devolución hasta un tope del 21% de la Canasta Básica Alimentaria, que redundaría en $18.800 actuales por mes.

De esta forma se estaría dejando a fuera a beneficiarios de los programas sociales y trabajadores no bancarizados y/o en la informalidad: ambos sectores muy vulnerables y afectados por la crisis económica y social.

También se anunciaron créditos de hasta $400.000 a tasas reducidas, pagaderos entre dos y cuatro años, lo que da cuenta del deterioro económico producido por este gobierno

El gobierno intenta ocultar que el impacto de la inflación acaba con los ingresos populares, aplastando incluso el bono de miseria de $60.000 en dos cuotas que acaban de implementar, con modificaciones que no alteran el rumbo decadente de los salarios y los ingresos populares promovido por las medidas fondomonetaristas, como la devaluación del 22% en el tipo de cambio oficial ni bien terminadas las Paso, que acaba de poner de manifiesto su impacto con una inflación mensual promedio del 12,4% para el mes de agosto.

La devolución parcial que promueve Massa entrará en vigencia partir del lunes 18 de septiembre hasta fin de año, con el compromiso de presentar un proyecto en el Congreso para hacer extensivos sus efectos durante todo el 2024. Todo muy lejos de un planteo que tienda a eliminar el impuesto más regresivo del país, que se aplica directamente sobre el consumo, sin diferencial el poder adquisitivo o las necesidades de cada persona.

Además, la iniciativa de Massa trae implícito una política de “estímulo” a la recaudación fiscal y beneficio a las grandes cadenas de consumo masivo, ya que solo aplica para el caso de las compras por vía de tarjetas de débito, lo que excluye a todo un mercado que debido a la crisis se ha trasladado a las informalidad y a las ferias barriales e incluso al trueque de alimentos en algunos lugares. Tampoco está descartado que las alimenticias y los supermercados no absorban el beneficio por medio de aumentos en los alimentos.

A propósito de estos anuncios, Sergio Massa señaló que “es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva”, lo cual constituye una farsa, ya que el gobierno no solo nunca intentó una reforma tributaria progresiva, con la eliminación del IVA, sino todo lo contrario: ni bien asumido Alberto Fernández restituyeron el IVA a los alimentos que había sido afectado por el gobierno de Macri ante la crisis social.

Massa agregó, además, que “hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado”. Es probable que se refiera a los recortes en alimentos a los comedores populares, o en el presupuesto de salud, educación y todo lo que hace al gasto social, de la mano de la aplicación del programa de ajuste del FMI.

El IVA implica una confiscación al consumo de los trabajadores que a duras penas llegan a fin de mes, mientras los capitalistas que amasan grandes fortunas y riquezas son beneficiados con exenciones impositivas, subsidios y bonificaciones de todo tipo. Se trata del impuesto más regresivo, haciendo que quienes financien el Estado no sean aquellos que más tienen sino quienes solo viven de su trabajo.

Entre las fuerzas políticas patronales no hay ningún candidato que promueva la eliminación del IVA, ni el “libertario” Javier Milei, quien dice estar en contra de la carga impositiva del Estado, pero no cuando esta recae sobre los trabajadores. Un ejemplo de esto es la llamada “tasa Milei” que favoreció al empresario Eduardo Eurnekian, gravando los pasajes de avión que pagan los trabajadores.

Las iniciativas de Massa y el gobierno buscan contener las consecuencias de un ajuste que se les va de las manos, aprovechando en el camino para hacer campaña de cara a las elecciones de octubre. Pero el esquema de anuncios y medidas parciales y condicionadas no tapa las consecuencias de una política de ajuste que barre con el poder adquisitivo de los trabajadores.

Una primera solución a este problema es la eliminación del IVA y su reemplazo por impuesto progresivos a los grandes capitalistas y sus fortunas. Sumado a la necesidad de recomponer el conjunto de los salarios, jubilaciones e ingresos populares para poder garantizar el consumo y las necesidades de las familias trabajadoras.

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