En el Día internacional de la Lucha contra el Sida se difundieron números que deberían despertar alarma respecto del contagio del VIH en la Argentina. Según el Boletín Epidemiológico de VIH-Sida, del Ministerio de Salud de la Nación, 120.000 personas son portadoras del VIH en el país. 

 

Los casos han crecido entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. El dato es que este incremento se concentra entre las mujeres más jóvenes de esta franja etaria. Según la ONU, el 60% de los diagnosticados de entre 15 y los 24 años son mujeres. 

 

Los informes concuerdan que la principal causa de contagio son las relaciones sexuales sin uso de preservativo (9 de cada 10 casos).  

 

Es una consecuencia lógica de la injerencia del clero en la educación sexual y el sistema educativo nacional. La Ley de Educación Sexual aprobada en 2006, con la que se “formaron” las mujeres sobre las que crecen los casos de VIH, establece que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respecto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Es decir, que el Estado entregó a la Iglesia Católica, que prohíbe cualquier forma de anticoncepción, considera la homosexualidad un pecado y reprime la vida sexual, el derecho de adecuar los contenidos científicos sobre la sexualidad y la reproducción que deben ser explicados a los niños y jóvenes a sus propios lineamientos. 

 

La ley tampoco considera horas obligatorias para su enseñanza, que debe en todo caso “atravesar” o mezclarse con otros temas. Un dádiva del kirchnerismo al Papa Francisco, en ese momento Cardenal Bergoglio, que fue votada por unanimidad en el Congreso.  En 2015 y siguiendo el camino inaugurado por el gobernador Juan Manuel Urtubey en Salta, el Congreso derogó el artículo 8° de la Ley 1420, que explicitaba que las clases de religión podía darse “antes o después de las horas de clase”. 

 

El gobierno de Macri ha mantenido esta orientación PRO-clerical. En enero ya había cerrado el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, encargado de la entrega gratuita de anticonceptivos y preservativos, ya deficitario en la época kirchnerista, bajo cuyo gobierno aumentaron los embarazos adolescentes y no disminuyó la mortalidad materna. Por estos días, circularon denuncias sobre el congelamiento desde el mes de febrero en la compra de los preservativos de entrega gratuita, más de 26 millones de preservativos que se reparten en edificios públicos en todo el país, además de trabas en la provisión de los retrovirales para el tratamiento del VIH. 

 

Sin conocimiento sobre el funcionamiento del propio cuerpo, el aparato reproductivo, la anticoncepción y la sexualidad, sin acceso a la anticoncepción y a los preservativos, y con la influencia de la Iglesia sobre su formación y sus conciencias,  las mujeres crecen expuestas, desde el desconocimiento hasta la vergüenza, al contagio del VIH, el embarazo adolescente y a la violencia y los abusos.