Dialoguemos en defensa de las ART
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Uno de los puntos centrales de la agenda de los capitalistas industriales es una nueva reforma a la ley de accidentes de trabajo. La Corte Suprema declaró, en 2006, inconstitucional la norma que prohibía al trabajador recurrir a la Justicia para demandar un resarcimiento, y habilitó la jurisdicción de los juzgados laborales en temas de salud y el cobro de la cobertura total de la ART, más un adicional reclamado al empleador. Para determinados casos de incapacidad estableció el pago único indemnizatorio “en renta” (es decir sostenido en el tiempo).
La UIA reclama la eliminación de las rentas y la fijación de un techo de 250 mil pesos (por vía judicial hubo fallos hasta tres veces superiores), además de imponer al trabajador la elección de una única vía de acción: ya sea aceptar la indemnización ofrecida por la ART o reclamar en el fuero civil (hoy se puede cobrar y demandar luego), sacando del medio a la Justicia laboral.
La autorización al reclamo civil incluiría una trampa: en caso de que el trabajador o su familia ganen un juicio, les descontarán lo que la ART le pagó hasta entonces en concepto de salario durante su atención.
Otro aspecto incluye la modificación de la indemnización por accidentes “in itinere”; o sea, producidos en el trayecto del domicilio a la empresa y viceversa. Las patronales reclaman que en estos casos las reparaciones sean asumidas integralmente por la Seguridad Social.
Como se ve, la “gobernabilidad” que discuten el gobierno, la burocracia y las patronales descansa exclusivamente en las espaldas de los que laburan.
Contra este andamiaje confiscatorio y de inseguridad laboral de la clase trabajadora planteamos:
• Estatización del régimen de accidentes laborales, financiado por las patronales.
• Formación de comités obreros electos por asamblea, encargados de controlar los ritmos de trabajo y las normas de seguridad.
• Determinación de las enfermedades laborales por comisiones de trabajadores, médicos y profesionales en riesgos del trabajo.
• Sistema de Seguridad Laboral a cargo del Estado, bajo administración obrera, financiado por las patronales.
• Aumento de las indemnizaciones y responsabilidades civiles de las patronales para que se vean obligadas a invertir en prevención y seguridad laboral.
