El golpe militar del 24 de marzo de 1976 marcaría un antes y un después para la historia argentina no solo por su accionar genocida (la desaparición selectiva de 30.000 compañeros, el descabezamiento de las comisiones internas clasistas y la búsqueda por destruir toda clase de organización obrera en el país) sino también por haber producido una marca imborrable en materia económica con una serie de lineamientos que no fueron revisados por los gobiernos democráticos y continúan vigentes hasta la actualidad, 44 años después del golpe. La “pesada herencia” de la deuda externa es, sin dudas, el más importante de ellos.

La democracia en sus distintas variantes lleva años buscando separar a los genocidas militares de los civiles, desmarcando a la burguesía nacional de toda clase de apoyo y complicidad con la dictadura. Una tarea titánica que no supera el menor rigor histórico. Las cámaras empresarias fueron antes que nada promotoras del golpe, y lo reclamaban públicamente en los medios de comunicación. El 9 de marzo del 76 en el diario La Razón “el empresariado” decía que “esta(ba) dispuesto a hacer oír nuevamente su voz. Esta(ba) dispuesto a movilizar su fuerza para que se ponga fin al caos; para establecer el orden y la seguridad; para que se remuevan las causas del estancamiento y la injusticia”.

La burguesía pretendía que el aplastamiento de la clase obrera fuese el puntapié inicial de una salida estratégica para el capital, una política que había fracasado durante el gobierno peronista principalmente por la resistencia de la clase obrera. Una clase obrera que venía de protagonizar hitos como el Cordobazo o la huelga general de junio y julio del 75, el primero produciendo el final del onganiato y el aval de la burguesía al regreso de Perón, el segundo marcando el final del Rodrigazo y el fracaso de la política anterior.

La política económica comandada por Martínez de Hoz tenía distintos objetivos: “por un lado, buscaba la liquidación de la industria obsoleta para apurar una concentración de los sectores capaces de insertarse en el mercado mundial; por el otro, estimulaba el ingreso del capital extranjero, el endeudamiento generalizado y la especulación financiera.” Internacionalismo, N°2

La deuda cumpliría un papel fundamental en este planteo económico llevado adelante por la dictadura pasando de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 según los cálculos del Banco Mundial y sin nunca haber obtenido los datos concretos de la estatización de la deuda privada. Comprender el alcance y la continuidad de esta política nos obliga a rechazar el pago de esta deuda usuraria, ilegal e ilegítima.

El contexto internacional

Tener en órbita el marco en el cual ocurrió la dictadura y contrajo deuda como lo hizo importa para concluir el rol que jugó el imperialismo en este armado criminal, tanto con el apoyo político como económico a un gobierno que armó un esquema económico acorde a las necesidades de las grandes potencias que contaban con una liquidez inédita hasta entonces producto, entre otras cosas, de los petrodólares y la crisis de la OPEP.

Son los años en el cual se procesó una caída de la rentabilidad del capital en la esfera productiva como consecuencia del agotamiento de la recuperación de la postguerra aumentó enormemente el capital disponible para el desarrollo de la especulación financiera a escala global.

Es también el momento en que se da la internacionalización de la actividad bancaria cuyos datos son contundentes: “Los beneficios por operaciones internacionales de los 7 bancos líderes de los Estados Unidos pasaron de ser el 22% de sus ganancias totales en 1970 al 60% en 1982 y produjeron el 95% del incremento de las ganancias totales de los 13 bancos líderes de los Estados Unidos entre 1970 y 1976”.

El gobierno militar

La política llevada adelante por la dictadura en términos económicos y particularmente con la deuda externa fue avalada, promovida y potenciada por los organismos internacionales de crédito al punto tal de que el FMI haría llegar un primer desembolso apenas 48 horas después del golpe, el 26 de marzo, un dinero que le había sido negado al gobierno de Isabel en pos de contribuir al desbarajuste económico generalizado. Sin embargo, la relación entre el FMI y la dictadura no estuvo exenta de algunos choques, principalmente por la privatización de empresas que recién se realizaron durante el menemismo.

De todas maneras, tanto el FMI como el Banco Mundial, que realizó 14 préstamos durante los 7 años de dictadura, jugaron un papel importante no tanto como prestamistas sino como intermediario entre los bancos comerciales y el gobierno de facto. La deuda externa pública se multiplicó 7,4 veces durante la dictadura, mientras que la deuda externa privada lo hizo 3,7 veces para luego empezar a reducirse de la mano de la estatización de la deuda privada ideada por Cavallo a la cabeza del BCRA en el año 1982.

Hubo dos etapas bien diferenciadas a lo largo del gobierno militar en materia de deuda externa. Una primera fase ocurrió entre el año 76 y el 80, el periodo de Martínez de Hoz, que estuvo marcada por el endeudamiento del Estado nacional y de las empresas y entes estatales. Para allanar este camino fue necesaria la modificación de algunas reglas del juego y para cumplir ese objetivo estuvo la reforma de junio del 77, que liberó movimientos de capitales y de tasas de interés, generando una hipertrofia financiera desconocida hasta entonces. La “tablita” y el atraso cambiario completaron el combo fatal de una bicicleta financiera que le remitió ganancias millonarias a un puñado de “capitanes” a costa del endeudamiento eterno del país.

En el año 1980 una crisis bancaria de magnitud marcaría el final de la primera fase de endeudamiento de la dictadura. Según Noemí Brenta “en 1980 se liquidaron 5 de los principales bancos del sistema y otras 23 entidades financieras (…) las tasas reales elevadas llevaron a que se afectara la calidad de las carteras de préstamos aumentando las moras y la incobrabilidad”. El aumento de las tasas de interés a nivel internacional llevó a una fuga de capitales enorme que sumado al déficit comercial y el pago de la deuda dejaron las reservas internacionales en el primer trimestre del 1981 en la mitad que el mismo período de 1980.

Al cumplirse el quinto aniversario del golpe, marzo del 81, la deuda externa privada era de 12,4 mil millones sobre un total de 29,6 mil millones, en ese momento comienza casualmente la estatización de la deuda privada. Al finalizar la guerra de Malvinas la deuda ya había ascendido a 40 mil millones de dólares, de los cuales la mitad vencían el año siguiente y con la región asediada por el default mejicano.

Lo que sigue es historia conocida. Un informe del Banco Mundial de 1984 plantea que “la fuga de capitales involucró al 44% de la deuda externa, mientras que el 33% se utilizó para pagar intereses a la banca extranjera y el 23% se destinó a la compra de armas y a importaciones no registradas”.

La continuidad de la democracia

La política criminal llevada adelante en materia económica no se remite exclusivamente a la deuda externa, sino que va de la mano de la primarización de la economía y la concentración económica, el avasallamiento de derechos laborales y el desarrollo de la especulación financiera. La democracia ha continuado buena parte de estas políticas y rige en la actualidad con cerca de la mitad de la legislación vigente en la dictadura, ni hablar del copamiento de las fuerzas represivas.

Sin embargo, mientras nos encontramos en vísperas de un nuevo default y en medio de una pandemia mundial es más necesario que nunca romper con el sometimiento a esta vieja herencia, que nos condena al atraso y que tuvo un crecimiento exponencial en los años de la dictadura. La continuidad de estas políticas por parte de la democracia es criminal, se sigue enriqueciendo una clase social parasitaria a expensas de los trabajadores y la mayoría de la población argentina.