Nueve meses después de que el Partido Obrero denunciara el dietazo, frenándolo en Diputados en setiembre pasado, los principales bloques políticos firmaron su habilitación: desde el Cambiemos de Macri hasta el FpV de Cristina Kirchner. En la Cámara de Senadores nunca retrocedieron y lo han cobrado hasta el día de hoy los senadores de todos los colores políticos.

 

No es que las dietas estuvieran congeladas, de ninguna manera. En marzo, con un 10% de aumento, la dieta saltó a 117.000 pesos brutos -más 10.000 para “gastos de representación”-, importe que en septiembre tendrá otro 10% de aumento como consecuencia del enganche automático con el personal legislativo, cuya paritaria tuvo este incremento.

 

Los aumentos que generaron la polémica y el repudio popular son la duplicación del rubro “gastos de representación”, que es un salario encubierto porque no tiene rendición alguna, y la duplicación de los canjes de pasajes no usados, que saltaron de 19.500 a 40.000 pesos. De este modo, el ingreso bruto de un diputado trepa a un máximo de 177.000 pesos, sin contar el desarraigo de los diputados provenientes del interior, que es de otros 20.000 mensuales. De allí se deducen descuentos de cargas sociales e impuesto a las ganancias, como a cualquier mortal a excepción de los jueces.

 

Por otro lado, jamás comprendimos por qué está permitido que un pasaje no usado pueda ser canjeado por dinero, transformándose en otro salario encubierto. El PO los usa en su totalidad para la enorme actividad política y parlamentaria que desarrolla en conexión con el movimiento popular.

 

Pero la novedad no fue sólo que el presidente de la Cámara se cubrió las espaldas haciendo dejar las huellas dactilares en este aumento a propios y extraños. Al mismo tiempo que firmó la resolución de aumentos, la Secretaría General emitió un formulario de “desestimiento” con destino exclusivo a los diputados de los bloques que denunciamos el dietazo; en este caso, el Frente de Izquierda y el Frente Renovador, que el año pasado lo aceptó “de callado” cuando se otorgó, pero este año, a dos meses de las Paso, reaccionó con reflejos electorales.

 

Resulta notable no sólo porque se trata de un aumento según la cara del cliente, sino porque un número enorme de bloques ni lo denunciaron públicamente ni lo pidieron y lo cobrarán normalmente. Es decir que se trata de un caso de persecución política, lo mismo que hizo Vidal con los docentes huelguistas, maniobra de la que el Frente para la Victoria no es firmante pero es cómplice.

 

Como se ve, en esta historia no hay grietas. Los representantes políticos de la patria contratista de Odebrecht y compañía, quienes comparten el pacto Chevron-YPF y el convenio a la baja de Vaca Muerta, quienes premiaron a los vaciadores de Repsol y quienes rebajaron las retenciones a las exportaciones y los impuestos a las automotrices, quienes retomaron la deuda con el Club de París y realizaron los jugosos canjes I y II y los autores del hiperendeudamiento macrista, en resumen, quienes conforman la coalición del ajuste, con sus legisladores y gobernadores acompañando al Presidente de los CEO, han confluido en el dietazo. Es el premio a los extremos de la falsa polarización electoral en la que se pretende entrampar al pueblo argentino.

 

Con fuerte iniciativa política, una vez más, escapamos a la izquierda vulgar que se suma a la perorata del “Estado decente” o a la denuncia de una “casta corrupta”, intercambiable por otra que no lo sea, al estilo del Podemos español. Idea palmariamente refutada por el Brasil de Odebrecht o la Italia del mani puliti, que terminó en el régimen de Berlusconi.

 

El Partido Obrero ha denunciado el carácter de clase de las instituciones, de los partidos del régimen, haciendo escuela entre los trabajadores, como una contribución más a la formación de una conciencia de clase para luchar por un gobierno y un Estado de los trabajadores, donde los funcionarios serán revocables y ganarán como un trabajador calificado, tal como ocurrió en la Comuna de París, el primer gobierno de los trabajadores.