El ex jefe de Gabinete y ex ministro de Justicia del gobierno anterior, Aníbal Fernández, fue condenado a indemnizar a José María Escobar, un dirigente del Partido Obrero, con 50 mil pesos más los intereses correspondientes por haberlo acusado falsamente en una conferencia de prensa de ser el responsable de un sabotaje en 2008 a línea Sarmiento de trenes.

La jueza civil y comercial federal Alicia Pérez condenó también al Estado Nacional porque Aníbal Fernández hizo dicha acusación en ejercicio de sus funciones de Ministro de Seguridad y  Justicia en una conferencia de prensa por cadena nacional, luego que el 4 de septiembre de 2008, tras un descarrilamiento del tren en la estación Castelar, la indignación de los pasajeros derivara en la quema de varias formaciones. Ese mismo día, Aníbal Fernández  acompañado por  el fiscal Carlos Stornelli, entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dieron una conferencia de prensa en la que mostraron fotos de lo ocurrido y denunciaron un supuesto sabotaje del Partido Obrero. En particular, señalaron con nombre y apellido a José María Escobar, docente y militante del Partido Obrero, como el responsable de prender fuego un vagón y aseguraron tener pruebas de ello que nunca aportaron a la justicia.

La condena establece un monto mucho menor de lo pedido en la demanda debido a que la sentencia no meritúa la indefensión de un militante popular ante la imputación directa del Ministro de Justicia y Seguridad Nacional y la asimetría que implica. Tampoco atribuye a Fernández el conocimiento de la falsedad de la acusación ni el hecho de que hiciera uso de su cargo para calumniar a un ciudadano. Lejos quedó el fallo además de condenar la utilización de un cargo ministerial para manipular a la opinión publica de parte del funcionario, que buscó crear un enemigo social, como “chivo expiatorio” de la responsabilidad del gobierno de Néstor Kirchner en el vaciamiento ferroviario. Esta condena se limita a señalar que Aníbal Fernández no probó sus dichos.

Por otra parte, la demanda del Partido Obrero interpuesta por este mismo hecho fue rechazada por la Justicia, que aplicó la doctrina de la Corte Suprema que establece que una persona de existencia ideal (no física) no posee “moral a ser afectada”, por lo cual no puede reclamar daños por afectación de su nombre.

En 2008, el Partido Obrero fue utilizado como chivo expiatorio del desastre ferroviario, responsabilidad de los empresarios kirchneristas Cirigiliano/TBA y el gobierno que lo amparaba. Aníbal Fernández imputó falazmente al PO y a Escobar con detalles inventados. La realidad de los hechos quedaría en evidencia dos años después, cuando en defensa del esquema de negociados montado en torno a los subsidios estatales que recibía el ferrocarril, una patota de la Unión Ferroviaria asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra y más tarde, en 2012, cuando se produjo la masacre de Once.

Pero no se trata del pasado. Macri y su entorno participaron de la corrupción ferroviaria de los Kirchner-De Vido, por ejemplo, en las obras de soterramiento del Sarmiento. Por otra parte, los gobiernos macristas mantienen negocios y contratos con los Roggio, por ejemplo, procesados por la cartelización de la obra pública. Estos negociados se mantienen a costa de la vida de la población que viaja en el ferrocarril y de sus trabajadores: la muerte de un trabajador ferroviario ayer en el Sarmiento así lo demuestra.

Este fallo, aunque limitado, refuerza la denuncia del Partido Obrero sobre la responsabilidad estatal en el vaciamiento y el desastre ferroviario.