En el contexto del escándalo en el Pami, el próximo martes 13 de mayo las comisiones de Previsión Social y Presupuesto deberán dictaminar sobre 21 proyectos presentados, cumpliendo con el emplazamiento votado hace tres semanas por el cual se las obliga a emitir dictamen en un plazo perentorio sobre la moratoria previsional y otros proyectos vinculados a los haberes jubilatorios.

Previamente se realizaron reuniones informativas con especialistas invitados entre los cuales se pudo escuchar la voz de las organizaciones de jubilados que cada miércoles marchan alrededor del Congreso enfrentando la salvaje represión de Bullrich.

Esta agenda parlamentaria fue impuesta por el aguerrido movimiento de jubilados que en todo el país no abandona la calle y protagonizó el 23 de abril una masiva marcha a Plaza de Mayo contra el acuerdo con el FMI. 

Los que definirán son los mismos diputados que dejaron pasar el veto de Milei al miserable 8,1% de aumento a los haberes que correspondía por la inflación de enero de 2024 y que ahora aceptan que algo debe hacerse para paliar la constante pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. 

Moratoria Previsional y PUAM

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, sobre un total de 403.066 adultos mayores que en 2025 cumplen la edad jubilatoria, el 60% (241.984) no alcanzan los 30 años de aportes exigidos y no podrán acceder a una jubilación este año. 

Los especialistas convocados por el oficialismo y la oposición patronal en las dos reuniones informativas previas al dictamen no pudieron menos que expresar la completa justicia del reclamo por el derecho a jubilarse a través de la moratoria previsional, un esquema que caducó el 23 de marzo, por el cual quienes con la edad para jubilarse no llegaban a los 30 años de aportes, podían pagar los años adeudados por sus patrones en cuotas que se les descontaban de sus haberes jubilatorios. Una deducción que alcanzaba hasta el 20% sobre la jubilación mínima que en mayo será de $366.481 bono incluido. Un parche injusto que, sin embargo, para el 72% de los mayores fue en los últimos 2 años la única manera de jubilarse.

Como expresara ante las comisiones Liliana Kunis, del Plenario de Trabajadores Jubilados, “no era una Ley buena, porque los trabajadores que trabajaron en negro sin aportes previsionales y sin obra social, tenían que pagar ellos mismos su propia jubilación y ahora cuando llegan a la edad jubilatoria no lo pueden hacer porque sus patrones no aportaron lo que correspondía. Así 90% de las mujeres y 70% de los varones no podrán jubilarse porque no tienen los 30 años de aportes. El trabajo en negro fue creado por el Estado que tiene en su planta funcional a trabajadores contratados que no tienen aportes, monotributistas que en realidad son trabajadores en relación de dependencia, que hacen la misma tarea que los de planta permanente. Incluso trabajadores en blanco, trabajando en bancos, se encontraron que no les realizaron los aportes que les habían descontado, (los empresarios) usan la plata para las empresas”

El cinismo de los partidos patronales que agitan la “injusticia de que cobren los que no aportaron” o “el peligro que representa sobre el equilibrio fiscal” quedó expuesta cuando esos diputados votaron el blanqueo y el perdón a las patronales que evadieron los aportes previsionales de sus empleados. De no sostenerse la moratoria, el único modo de percibir un ingreso será la Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam) que para las mujeres significa esperar a los 65 años para recibirla.

Por eso el FIT-U presentó un proyecto de la diputada Vanina Biasi para prorrogar la vigencia de este sistema para que nadie quede sin jubilarse. Hay tres proyectos más en el mismo sentido.

Quien presentó un proyecto contra la moratoria es el bloque de Pichetto. En él se establece una Prestación Básica Universal calculada en base al promedio de todos los salarios aportados y no sobre los 10 últimos años, con lo cual se licúa la base de cálculo y sobre ella le suma 1,5% por cada año de aporte y, si queda por debajo de la PUAM, podrá recibirla pasando ésta a constituir el haber mínimo, o sea una rebaja de la mínima en un 20%. 

Este planteo profundiza el carácter de la Puam. Impulsada por el Banco Mundial como un ingreso de subsistencia, fue aplicada por Macri en 2016 y constituyó el paso mas grande contra la jubilación concebida como un salario diferido. Se trata de una “prestación” para quienes no completan los años de aportes y que solo alcanzan quienes demuestren vivir en la indigencia, que no permite seguir trabajando y si el beneficiario fallece su cónyuge no puede percibirla. Además las mujeres tienen acceso a la Puam recién a los 65 años aumentando en cinco años la edad establecida para las jubilaciones.

Planteos similares hace el proyecto de Massot (EF) que introduce la Prestación Proporcional por Vejez (PPV) a quienes no alcancen los 30 años de aportes y les reconoce un suplemento proporcional a los años aportados a partir de la PUAM hasta alcanzar la jubilación mínima como techo.

El de Antola (Democracia para Siempre) plantea un reconocimiento de los aportes realizados estableciendo un régimen proporcional que parte del 70% de la mínima ($196.000) a quienes no tengan los aportes de 1,5% por año aportado. Siempre que tengan al menos 10 años de aporte. Si bien acepta la Puam para mujeres a los 60 años, no lo recibe quien tenga deuda de autónomos, no entran los desocupados que reciben plan, obliga a los migrantes a tener 20 años de residencia permanente y los últimos 10 deben ser hasta la fecha de solicitud del régimen. La discriminación de los sectores mas golpeados es su característica. La realidad de los migrantes es que el Estado viene falseando constantemente las fechas de ingreso al país a pesar de las documentaciones que la acreditan. Además se castiga a quienes viajan a sus países de origen para visitar a sus familias.

El de Borrego (Coalición Cívica) contabiliza a razón del 2% de la Puam por año aportado y pone un techo en el 95% de la jubilación mínima.

Ni las continuas exenciones en los aportes previsionales de las patronales “para bajar el costo laboral”, ni  el invento de los “colaboradores” que habilitó la Ley Bases se tradujeron en más puestos de trabajo. Solo generaron el vaciamiento de las cajas.

El Partido Obrero en el FITU opone a estas propuestas reaccionarias un proyecto de jubilación universal que parte de la canasta básica del adulto mayor calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en $1.200.000 a marzo. 

¿Mejora en los haberes?

Otros proyectos plantean alguna mejora sobre los haberes actuales. El de Olivetto solo considera devolver el 8,1% vetado por Milei. El de Leopoldo Moreau (UP) actualiza el bono de $70.000 y lo incorpora a la mínima o la Puam. El de Julia Strada (UP) establece un aumento del 15% sobre jubilaciones y pensiones para recuperar la pérdida desde el inicio de Milei. Tolosa Paz, junto a Stolbizer y Massot, presentó un pequeño aumento al bono cambiando su nombre por “Ayuda económica” pero manteniéndolo afuera de los haberes, con lo cual seguirá retrasándose respecto de la inflación. Aunque lo peor sea el congelamiento del bono en $70.000 desde marzo de 2024, estos proyectos dejan intactas las enormes pérdidas que generaron las modificaciones en las formulas de actualización de Macri y Alberto Fernández.

La solución esta en la calle

En la última informativa del 30 de abril economistas, abogados laboralistas y hasta el ex director de la Anses, Diego Bossio, no pudieron menos que reconocer que el trabajo no registrado, cercano al 50%, es el grueso del problema por el cual las cajas son deficitarias y deben recibir aportes del Estado. A esto hay que agregar las continuas rebajas a los aportes patronales desde los 90' y en el último año los 250.000 despidos que dejan de contribuir.

Varios reconocieron que los trabajadores, ocupados o no, pagando el IVA con cada consumo aportan a las cajas al igual que 600 mil trabajadores y casi 100.000 jubilados que pagan el impuesto al salario. Otros cuestionaron el hecho de que los capitalistas tienen moratorias y blanqueos cada vez que asume un gobierno pero a los trabajadores no se les quiere permitir siquiera que se hagan cargo de la deuda de sus patrones. 

Sin embargo, a ninguno se la cayó una idea para terminar con la evasión previsional e hicieron silencio frente a las amenazas mileistas de vetar proyectos que no tuvieran respaldo presupuestario.

El Partido Obrero ha presentado dos proyectos, uno mediante el cual todo trabajador puede denunciar una relación de dependencia no registrada o deficientemente registrada (por menos horas de las realmente trabajadas) garantizándole una estabilidad equivalente al delegado gremial. El otro establece un básico equivalente a la Canasta Básica del adulto mayor establecida por la Defensoría de la Tercera Edad hoy en $1.200.523 y el 82% móvil para los haberes superiores al mínimo, actualizado mensualmente por IPC o Ripte, el que resulte mas beneficioso al jubilado, financiado por un impuesto extraordinario a la renta financiera y multas extraordinarias al trabajo no registrado.

Estos objetivos forman parte del programa de las organizaciones que se movilizan los miércoles al Congreso y tienen definido un rumbo de lucha consecuente hasta alcanzarlos.

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