El presidenciable ministro del Interior, Florencio Randazzo, anunció para 2015 un nuevo DNI o tarjeta de identificación “inteligente”, que contendrá datos personales biométricos y biográficos, vínculos familiares, el historial clínico, un seguimiento de la rutina de consumo y la movilidad en el transporte. Esta medida ha despertado cuestionamientos, ya que, a la vez que invadirá la privacidad de cualquier ciudadano, contendrá información de gran valor para los servicios de seguridad.

Andrés Pérez Esquivel, sociólogo e integrante de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad y Visibilidad (Red Lavits) denunció que este mismo sistema ya ha sido cuestionado y prohibido en varios países.

La presión social impidió en 2010 su puesta en marcha en Inglaterra por vulnerar la privacidad y seguridad (los chips fueron vulnerados en 12 minutos). Francia también los ha prohibido y España, país que los fabricaría para Argentina, no incluye tanta información en sus DNI electrónicos.

Argentina es considerada como el país de América Latina con mayor agresividad en el control de datos de sus habitantes, el actual DNI contiene huellas digitales y fotos del rostro digitalizadas.

El DNI inteligente de Randazzo, lejos de ser una iniciativa personal, es la continuidad de una política para implementar un estado de espionaje oficial, aún más sofisticado. Esta política ya había sido puesta de manifiesto con la revelación del denominado Proyecto X, en funcionamiento desde tiempos de Nilda Garré como ministra de Seguridad con tareas de inteligencia ilegal sobre trabajadores, partidos políticos y organizaciones sociales. Tiene continuidad con la asunción del represor Milani como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

La propia presidenta Cristina Kirchner anunció con bombos y platillos la implementación para Argentina del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios). Dijo entonces: “El Sibios permitirá a las fuerzas nacionales contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación, que procesa registros patronímicos y biológicos, esto es huellas dactilares y fotografías, para la identificación eficaz de personas y rastros”. Aclaró perfectamente qué organismos utilizarían estos datos y para qué: “Tendrá función preventiva, el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación, será utilizado por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Registro Nacional de las Personas y Dirección Nacional de Migraciones” (Télam, 7/11/11).

Cobra plena vigencia el planteo de desmantelamiento de los programas de “inteligencia interior”, infiltración y delación del activismo fabril y organizaciones populares.

Ricardo Goldin