El operativo “Aprender” viene a reemplazar el anterior Plan Operativo Nacional de Evaluación, creado en 1993.  

La evaluación será obligatoria y habrá dos modalidades: una muestral, para tercer grado de primaria y segundo o tercer año de secundaria, en las áreas de Lengua y Matemática; y otra censal, para estudiantes de sexto año de primaria y quinto año de secundaria, en cuatro áreas. Según anunciaron los funcionarios, los resultados serán por provincia y municipio, con cuestionarios de autopercepción respecto a los docentes y estudiantes.

Estas mediciones son viejas imposiciones de los organismos de crédito internacionales que solicitan a sus países miembros este tipo de evaluaciones para ingresar (1). Es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el presidente Mauricio solicitó el ingreso.

La evaluación de los procesos de enseñanza dentro de la escuela tiene una larga tradición en el sistema educativo, destinada a evaluar los procesos personales de construcción del conocimiento. También el docente es evaluado anualmente por las instituciones en las que se desempeña, recibiendo una calificación que influye en su carrera docente.

Sin embargo, las pruebas estandarizadas en condiciones aisladas no consideran su conexión con el marco de conocimientos generales y personal del estudiante, tampoco se consideran las condiciones materiales y simbólicas de los estudiantes y trabajadores en un cuadro de creciente miseria social.

Reducen la enseñanza y el aprendizaje a una sola calificación que puede ser utilizada para introducir una diferenciación presupuestaria entre las escuelas – ranking- y modificar el régimen laboral docente.

Estatuto docente como botín de guerra

La propuesta general de la evaluación supone evaluar en forma directa a los docentes, como lo ha intentado hacer el Ministerio de Educación porteño a través de una encuesta voluntaria en el nivel primario en octubre del 2012, que fue ampliamente rechazada en las escuelas. También, establecer un mapa educativo diferenciado, según variables socioeconómicas, como el Índice de Equidad y Calidad Educativa Porteño y el Boletín Mi Escuela que publica un ranking.

El gobierno busca destruir el convenio colectivo de trabajo docente, como lo hizo en oportunidad de la sanción de la Unidad de Evaluación en Ciudad de Buenos Aires, cuando manifestó la intención de introducir premios y recursos para escuelas y maestros, según la calificación obtenida. (2)

Esteban Bullrich, ha hecho carrera en torno el problema del desempeño docente. Se referencia en la Ley de Educación de Ecuador, que establece  en su artículo 116°- “Remuneración variable por eficiencia: (…) estará vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la evaluación".

La introducción del denominado salario por mérito destruiría las conquistas del Estatuto Docente. No es casualidad que en toda la Ley Nacional de Educación (2006) no aparezca mencionado. El denominado “ítem aula” de Mendoza, la tablita de enfermedades de Santa Fe, el intento de declarar la emergencia  educativa de Santa Cruz, forman parte de un ataque de conjunto, con el objetivo  de declarar la educación un “servicio esencial” para eliminar el régimen licencias y el derecho a huelga.

También un negociado

La multinacional Pearson, la empresa de exámenes y servicios de educación más grande del mundo, se ha beneficiado con las reformas, al diseñar y administrar los exámenes estandarizados. De origen británico, Pearson PLC fue elegida por la OCDE para desarrollar la PISA (Programme for International Student Assessment) 2018, tanto los exámenes como la plataforma digital que los sustentará.

Con una capitalización bursátil de $17.692 millones de dólares, Pearson posee una parte importante del mercado de las pruebas estandarizadas, así como de los libros de texto a escala mundial, y cuenta con una amplia gama de productos incluyendo sistemas de evaluación docente y formación en línea. En el año 2013 enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales educativos para estudiantes, como libros de texto, y diseñar a la vez los exámenes para esos mismos estudiantes.

Estas denuncias empalmaron con el movimiento contra las reformas en Seattle, Chicago y New York en 2013. Estudiantes, docentes y familias protagonizaron un boicot a los exámenes, contra al cierre de escuelas y la suspensión de los estudiantes que no rendían satisfactoriamente según estos modelos. Meses de lucha que derrotaron los intentos de aplicar las evaluaciones.

Rechacemos la evaluación externa

La introducción de este tipo de evaluaciones, en términos de “calidad educativa” está planteada en la propia Ley Nacional del año 2006, que le da un marco legal a este planteo (3). Este operativo fue aprobado por todos los integrantes del Consejo Federal de Educación, es decir, por todos los bloques políticos a través de los distintos ministros de educación de las provincias del país.

La Ctera solicita “otra evaluación, con otros criterios”, es decir, quiere ser integrada como consultor y controlar el proceso desde adentro. De la misma forma actuó la conducción Celeste cuando se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley macrista de Unidad de Evaluación.

Desde Tribuna Docente, hemos denunciado las constantes reformas y contrarreformas que han degradado la educación al servicio de la flexibilidad laboral en el mundo del trabajo.