En medio de la agudización de la crisis de reservas del Banco Central, el gobierno avanza a tropezones con una devaluación encubierta, cuyas consecuencias vamos a pagar los trabajadores. Massa acaba de anunciar un nuevo tipo cambio preferencial para el agro: será de $300 pesos para las exportaciones de soja y de productos pertenecientes a las denominadas economías regionales. El gobierno solo se ocupa de amortiguar los efectos que tiene la sequía sobre los capitalistas, pero no los daños que le genera al bolsillo popular al encarecerse los alimentos. Por el contrario, esta medida recalentará aún más los precios locales.

El dólar agro para la soja tendrá vigencia desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo, y, para las “economías regionales” (producción vitivinícola, frutícola, etc.), se extenderá hasta el 30 de agosto. Su lanzamiento responde al objetivo de paliar las consecuencias de la sequía sobre el capital agrario, y, a su vez, estimular que el sector venda su cosecha para recomponer las alicaídas reservas. Los exportadores recibirán con este tipo de cambio $88,7 adicionales por cada dólar que liquiden. Con esto, el gobierno espera que ingresen alrededor de U$S 6.000 millones.

Al Banco Central esta prerrogativa le costará una emisión extra de aproximadamente $532.200 millones, lo cual agravará el espiral inflacionario. A su turno, los exportadores buscarán replicar en el mercado interno los beneficios que obtienen por sus ventas al exterior, encareciendo aún más los alimentos en las góndolas criollas. Como vemos, las concesiones al campo las pagamos los trabajadores con más carestía.

Finalmente, el trato que que le da el gobierno a los capitalistas del campo dista mucho del que reciben los sectores populares, sobre los cuales recae el ajuste en asistencia social (como el recorte del Potenciar Trabajo), los aumentos salariales a la baja, la precarización laboral y las jubilaciones de indigencia. El Frente de Todos, que prometió gobernar para “los de abajo”, terminó haciendo lo contrario.

Con esta iniciativa, el oficialismo busca desesperadamente revertir el drenaje de reservas. En el primer trimestre del año, el BCRA tuvo un saldo negativo de U$S 5.538 millones, no solo a causa de la sequía sino como resultado de malvender divisas para contener los tipos de cambio paralelos -lo que no es otra cosa que financiar la corrida cambiaria- y pagar vencimientos de deuda, otro mecanismo de fuga. En ese período, el ingreso del sector “Oleaginosas y Cereales” cayó 74% interanual, pero también se gastaron U$S 3.000 millones en el mercado de cambios y U$S 1.600 millones para pagar títulos públicos del Tesoro.

El gobierno, en lugar de detener esta sangría, deja intacta la fuga de capitales y opta por reciclar medidas que ya fracasaron y que son muy costosas para el país. Basta con recordar cuáles fueron los resultados de las anteriores versiones del dólar soja para concluir que se trata de “pan para hoy, hambre para mañana” porque en cuanto finaliza el beneficio, los sojeros vuelven a sus prácticas de acopio para presionar por una devaluación. Consiste incluso en un desdoblamiento cambiario que agudiza las expectativas devaluatorias. Es en definitiva una nueva improvisación de Massa para poder llegar a octubre.

Al gobierno lo apremian fundamentalmente las dificultades para cumplir con las metas del FMI, tanto de acumulación de reservas como en materia fiscal. No olvidemos que en el primer trimestre del año la recaudación vía retenciones retrocedió 48,5% en términos interanuales debido a la sequía. Así las cosas, para complacer al Fondo nos veremos obligados a soportar mayor inflación en alimentos.

Los anuncios oficiales también incluyeron sanciones para quienes no cumplieron con la liquidación de divisas pactada en las anteriores ediciones del dólar soja, y, a su vez, la obligación de adherirse a Precios Justos y no despedir trabajadores para aquellos que gocen de este nuevo dólar agro. Ahora bien, la docilidad con las patronales que caracteriza a este gobierno vuelve poco creíble la implementación efectiva de esas condiciones. Sin ir más lejos, el programa Precios Justos es incumplido hoy en día por la mayoría de las empresas.

De nuevo, el gobierno premia a los poderosos en detrimento de las mayorías populares. Es hora de que los trabajadores impongamos nuestra propia salida para no seguir pagando la factura de la crisis.

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