En el discurso de apertura, Macri no hizo la menor referencia a la hipoteca que pesa sobre el país derivada de los contratos de dólar futuro llevada adelante en el tramo final del mandato de Cristina. La omisión es tanto más sugestiva en momentos en que el juez Bonadío acaba de llamar a indagatoria a la ex presidente por dicha operatoria.

 

El costo de estas operaciones podría llegar a ser la mitad de lo que se calcula que habrá que pagar a los fondos buitre beneficiados por el fallo del juez Griesa. El país deberá cargar con las pérdidas del BCRA como consecuencia de los compromisos que firmó de venta de dólar futuro (entre enero y junio), a 10,40 pesos, especialmente con bancos y cerealeras. Ahora, el Banco deberá pagar a los beneficiarios la diferencia con la cotización actual de la divisa -unos cinco pesos-, lo que podría llegar a la friolera de 100.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que los compromisos involucran unos 20.000 millones de dólares. 

 

Los funcionarios kirchneristas se justifican diciendo que una victoria de Scioli no hubiera llevado a la devaluación y por consiguiente se hubiesen evitado esas pérdidas. Pero no aclaran por qué no se dejó de realizar esa operatoria con el dólar futuro apenas se conoció el resultado que ponía a Macri al borde de una victoria, en especial por el triunfo de María Eugenia Vidal.

 

Vanoli procuró minimizar la pérdida asegurando que el Banco Central había ganado 200 mil millones de pesos gracias a la misma devaluación macrista. Se refería a la valorización que esa devaluación había provocado en los activos del Banco Central -reservas y títulos públicos. Pero esta valorización sólo vale como ganancia contable. “La pérdida en el mercado de futuros es, por el contrario, efectiva: el Banco deberá emitir 100 mil millones de pesos para cancelar los contratos. Por otro lado, la valorización de los títulos públicos en la cartera del mismo banco determina una pérdida para el Tesoro. Esta cifra, además, representa la tercera parte de la deuda del Banco Central y, por otro lado, de la base monetaria, luego deberá absorber ese dinero mediante bonos -los cuales rinden alrededor del 35% anual” (“Milagro Sala es una monjita”, extraído del Facebook de Jorge Altamira).

 

La responsabilidad de los K está a la vista, pero el macrismo no queda a salvo. El gobierno actual dice que procedió a efectuar una quita, reteniéndole un 35 por ciento en concepto de impuesto a las ganancias, a los beneficiarios de esa operatoria. Pero lo que no dice es que quedaron exceptuados de la misma quienes operan en el Mercado abierto electrónico (MAE) donde se realizaron las principales transacciones y en las que operan los bancos. Las instituciones bancarias, precisamente, acaban de anunciar ganancias récord en el año 2015 y parte de esas utilidades se originaron en esta operatoria espuria y, de un modo general, en sus operaciones con letras y títulos públicos de la deuda.

 

El carácter fraudulento de la operatoria es tan desvergonzado que el nuevo presidente del Banco Central insinuó al asumir sus funciones que habría que anular esos contratos. La sola insinuación de esa posibilidad, puso el grito en el cielo de operadores financieros y, en primer lugar, de los bancos.

 

Estos últimos denunciaron que el desconocimiento de los contratos equivalía a un defol en momentos en que el país apuntaba a un arreglo con los fondos buitre para salir de ese estado. Los bancos, incluso, amenazaron con soltarle la mano al gobierno y dejar en suspenso el crédito puente y el ingreso de divisas que estaban tramitando en vistas a apuntalar las reservas del BCRA. Sturzenegger metió rápidamente violín en bolsa, lo cual no puede sorprender pues el actual presidente del Banco Central, así como Prat Gay, ya cargan con otro desfalco, comprometidos en otro megacanje en la época de Cavallo, tan turbio como el actual, y en la fuga de divisas que culminó con el corralito.

 

El pago de los contratos de dólar futuro y el arreglo con los buitres son dos caras de la misma moneda. Son expresión de la sumisión nacional a los dictados del capital financiero, que moldea el régimen político a la medida de sus intereses. A los 15.000 millones de dólares que asciende el arreglo con los holdouts, hay que sumarle los 6.000 que representa este segundo fraude. Resumiendo, en lugar de uno, tenemos… dos pactos buitres.