El gobierno, a través del decreto 576/2022, lanzó el “Programa de incremento exportador” mediante el cual el agro podrá liquidar sus exportaciones de soja y derivados, durante septiembre, a $200 por dólar. El nuevo beneficio, anunciado por Sergio Massa, busca incentivar que el sector venda la cosecha retenida en pos de recomponer las deterioradas reservas del Banco Central y cumplir con la meta que exige el FMI.

Frente al fracaso del anterior régimen cambiario especial dirigido a los sojeros, dado que en agosto se comercializó el menor volumen de soja desde 2005, el oficialismo redobló la apuesta y optó por ofrecerles a los exportadores de la oleaginosa un tipo de cambio $60 más favorable que el actual hasta fin de mes. A su vez, estos le pagarán a los productores más de $70.000 por tonelada de soja, una mejora sustancial considerando que hasta el viernes pasado la cotización del poroto rondaba los $53.000 por tonelada. A cambio, las cerealeras se comprometieron a liquidar al menos USD 5 mil millones en septiembre, según expresó el ministro de Economía.

De este modo, ganan los que especularon con el tipo de cambio a costa de las reservas. Se estima que la cosecha de soja que continúa sin venderse equivale a USD 18 mil millones, y, según la consultora Mega QM, en junio estaba listo para ser despachado un volumen equivalente a USD 1.200 millones que se pospuso por la corrida. Una ofrenda de Massa a las multinacionales que dominan el complejo agroexportador local, como las yanquis Cargill y Bunge, en las vísperas de su viaje a Estados Unidos.

El nuevo “dólar soja” implicará una emisión monetaria extra, debido a que el Banco Central pasará a pagar $200 los mismos dólares que hasta ahora pagaba $140. Se estima que eso volcará a la circulación unos $600.000 millones -que podría ascender a casi $900.000 millones si se cuentan, además de los granos en silobolsas, el remanente del ciclo anterior y los granos que adquirieron las agroexportadoras a precio sin definir (Bichos de Campo, 5/9). Esto o bien va a recalentar la inflación, o bien el Banco Central buscará absorber esos pesos colocando más Leliqs y subiendo la tasa de interés.

Pero además como la autoridad monetaria va a financiar este régimen instaurado por el Tesoro, el decreto autoriza al Ministerio de Economía a colocarle a cambio letras intransferibles en dólares a 10 años. Esto contraría todo el discurso del massismo acerca dejar de recurrir la emisión del Banco Central; una máxima que es aplicada a rajatablas cuando se trata de recortar el presupuesto en educación, salud, vivienda y obra pública, pero no cuando se trata de ofrecer incentivos a los sojeros.

Por otra parte, los productores que ingresen a este programa y vendan más del 85% de su cosecha podrán acceder a ventajas impositivas en la compra de insumos necesarios (maquinaria, fertilizantes, etc.) para encarar la campaña 2022/2023. Como si no fuera suficiente el beneficio de seguir importando a un dólar planchado y vendiendo a un precio 35% superior.

El DNU establece que el mayor ingreso por retenciones que supone esta medida irá a la creación de un “Fondo Incremento Exportador” destinado a financiar “una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”, además de “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”. La impostura es total, ya que los nuevos estímulos a los sojeros redundarán en una suba del precio de los alimentos en el mercado interno, puesto que encarecerá por un lado el arrendamiento de los campos (que está atado al valor del quintil de soja) y por el otro el alimento balanceado que consume el ganado -que tiene a la soja como uno de sus ingredientes. En los hechos instaura un desdoblamiento cambiario, que también tensiona al alza los precios de la economía en general, en especial el rubro alimenticio fuertemente ligado a la exportación. Por último, la iniciativa favorece el monocultivo de soja en detrimento de las economías regionales y de los pequeños productores.

De todas maneras, está por verse si con estas prebendas el gobierno logra disuadir a los productores. No se hicieron esperar las quejas provenientes de distintos sectores del campo sobre que el precio de la tonelada de soja aún no se equipara al de los países limítrofes. Cuestionando además que la medida es transitoria, no incluye una rebaja en las retenciones y no se hace extensiva al conjunto de los cultivos.

Lo que sí es evidente es que el gobierno premia la especulación del capital agrario en lugar de combatirla, mientras deja a la población trabajadora “colgada del pincel” y recorta las partidas sociales. Sucede que el acopio por parte del complejo sojero estaba poniendo contra las cuerdas las metas del FMI, tanto de acumulación de reservas como fiscales. De hecho, la recaudación de agosto cayó en términos reales debido al menor ingreso vía derechos de exportación sobre la soja y subproductos. Sin ir más lejos, hasta el 24 de agosto las cantidades exportadas de soja correspondientes a la campaña 2021/2022 mostraban una caída del 20,3% respecto a los registros del ciclo anterior.

Finalmente, los trabajadores tenemos la tarea de imponer nuestra propia agenda. Lo lograremos ganando las calles, y, en ese sentido, pelear por un paro nacional y un plan de lucha resulta fundamental.

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