Después de haber celebrado el “éxito” del dólar soja, el gobierno anunciará un nuevo régimen cambiario especial, esta vez dirigido a la denominada “economía del conocimiento”, y un endurecimiento en el control de importaciones. Son medidas improvisadas que intentan ir arbitrando en la rapiña entre los capitalistas que hacen negocios con la brecha cambiaria.

Durante la vigencia del dólar a $200 para los sojeros, estos liquidaron U$S 8.123 millones de sus ventas al exterior. Sin embargo, el beneficio cambiario implicó un gasto extra de $487.380 millones para el Banco Central, y, además, una vez retirado, las reservas volverán a transitar un sendero descendente.

Atendiendo a esta cuestión, el gobierno flexibilizará el cepo para las empresas tecnológicas, con la expectativa de que incrementen las exportaciones y el nivel de inversión. Según trascendidos, las inversiones extranjeras en el rubro estarán exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas ingresadas al país. A su vez, las compañías podrán disponer libremente del 30% de los dólares obtenidos a través de la exportación. Por último, se le otorgará un crédito fiscal para el pago de contribuciones patronales a aquellas que “realicen exportaciones que representen al menos un 70% de la facturación anual” (Ámbito, 3/10).

Ventajas cambiarias -y fiscales- que tranquilamente pueden provocar el efecto opuesto al esperado ya que facilitan el giro de utilidades de dichas patronales a sus casas matrices. Entonces, en lugar de ser un factor de atracción de divisas, posiblemente incentiven su salida. Lo cierto es que mientras el oficialismo les otorga a estos unicornios de la flexibilización laboral como Mercado Libre y Globant -y a distintos sectores capitalistas- cada vez mayor acceso a los dólares oficiales habilitando enormes negociados con la brecha cambiaria, endurece las restricciones para la población trabajadora.

Sucede que las prioridades del gobierno residen en cumplir con las metas fijadas por el FMI, entre ellas, la de acumulación de reservas. Por eso, también tiene en agenda reducir el peso de las importaciones en la balanza comercial, la cual viene siendo deficitaria en los dos últimos meses. Sin ir más lejos, en agosto, el saldo negativo fue de U$S 300 millones, puesto que las exportaciones cayeron un 6,9% interanual, mientras las importaciones crecieron un 36,2% en el mismo período. Debido a las trabas vigentes, el Banco Central le debe U$S 6.000 a los importadores que solicitaron dólares para cancelar sus compras en el exterior. Aquí juega un enorme papel el sobrestockeo de las patronales importadoras, no con fines productivos sino para cubrirse frente a una devaluación y especular con la brecha cambiaria; tal como evidenció el accionar de las empresas del neumático.

Así las cosas, el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, introducirá modificaciones al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) con el objetivo de quitarles la licencia automática a ciertos bienes y asignarles una no automática. Recordemos que en el caso de las primeras, el BCRA entrega los dólares cumplidos los 60 días de realizada la operación, y, en las segundas, el plazo es de 180 días. Además, el titular de Hacienda amenazó con reforzar los controles impositivos sobre aquellas empresas que recurran a la Justicia para destrabar permisos de importación.

Medidas improvisadas que de ninguna manera revertirán las maniobras de importadores y exportadores contra las reservas, ya que permanece inalterable el control del comercio exterior en manos de estos capitalistas. A su vez, no se pone fin a ningún mecanismo de fuga, con lo que la sangría persistirá. Por otro lado, el gobierno no se propone robustecer el patrimonio del Banco Central para destinarlo a un ciclo de inversiones y satisfacer las necesidades populares; por el contrario, sus anuncios están al servicio del repago de la deuda usuraria y la profundización del saqueo.

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