La dolarización que propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ya se ha aplicado en otros países latinoamericanos y ha tenido gravísimas consecuencias para el bolsillo de los trabajadores.

En enero de 2000, el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad implementó esa medida en un contexto con similitudes con la Argentina actual: la inflación entre marzo de 1999 y el comienzo del nuevo siglo había sido del 300%. Desde 1998, el gobierno se había dedicado a rescatar a los bancos en crisis, fogoneando el aumento de los precios.

Pero lejos de dar un respiro a la angustia económica de la población indígena y trabajadora, la dolarización agravó todavía más sus penurias. En 2002, el salario mínimo estaba en 140 dólares, frente a una canasta básica de 800 dólares.

Estos son algunos precios que apunta un artículo del diario argentino Clarín (23/11/02) en ese momento: cigarrillos a un dólar y medio; gaseosas a dos dólares; pollos a cuatro dólares; pantalones de jeans a cuarenta; camisas a veinticinco. Podés hacer una estimación del impacto comparando esos números con el salario (140 dólares).

Ecuador se había vuelto “uno de los países más caros de América Latina”, según el artículo ya citado. La pobreza trepó a entre el 50 y el 60% de la población, con un 28% de indigencia.

Si la hiperinflación de la etapa previa había destruido ya el poder adquisitivo del salario, la dolarización fue el tiro de gracia para las masas ecuatorianas. Hubo, claro, un sector minoritario que se vio favorecido con la compra de productos extranjeros. La dolarización acentuó también la desigualdad social.

Otra de las consecuencias fue un retroceso de la industria. Ecuador se hizo así más dependiente de los vaivenes del precio del petróleo, ingreso fundamental de su economía. De esta manera reincidió en crisis de deuda y tuvo que recurrir a préstamos del FMI, el cual impuso programas de austeridad que debieron ser renegociados varias veces.

Por último, digamos que la dolarización no evitó el incremento de los precios. Para cumplir con las metas de ajuste del Fondo Monetario, el actual gobierno de Guillermo Lasso inició una senda de aumentos en los combustibles que desencadenó una rebelión popular.

En El Salvador, un año después del experimento dolarizador ecuatoriano, el gobierno de Francisco Flores apeló a la misma receta. Lo hizo no tanto como promesa de una estabilidad monetaria sino porque era una condición de Estados Unidos para aceptar un tratado de libre comercio entre ambos países.

De entrada, la dolarización implicó una estafa para los trabajadores, porque quien ganaba 875 colones pasó a recibir 100 dólares, cuando el equivalente antes de la medida era de 200 dólares. La población trabajadora “perdió la mitad de su poder adquisitivo de la noche a la mañana” (Swissinfo, 31/12/20).

La dolarización destruyó la industria local y al día de hoy el principal ingreso del país son las remesas que envían desde el extranjero los salvadoreños emigrados. El actual gobierno de Bukele introdujo otra fórmula que prometía un despegue, cuando transformó a los bitcoins en moneda de curso legal e invirtió 100 millones de dólares en la compra de esos activos. Poco después, se producía el derrumbe de precios y la quiebra de miles de ahorristas a nivel global. La de las “cripto” es otra de las estafas que promueven loa dirigentes “libertarios” en Argentina.

Incluso, un estudio de Fundar señala que “la experiencia de Ecuador, Panamá y El Salvador nos muestra que (…) la dolarización ha exacerbado o al menos no ha contribuido a reducir la volatilidad económica”, al tiempo que no asegura que se eviten “endeudamiento insostenibles”.

La propuesta dolarizadora que Milei presenta como una especie de fórmula mágica frente a la inflación, como vemos, no es nueva y tiene efectos funestos para la población trabajadora.

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