Tras el repudio de los choferes de colectivos a la presencia del ministro de Seguridad Sergio Berni en un piquete que se manifestaba por la muerte del trabajador de la línea 620 Daniel Barrientos, el gobernador Axel Kicillof convocó a una reunión en la que solo se resolvió “multar” a las empresas que no hayan incorporado cámaras de seguridad como lo establece la normativa, esto a pesar de la complicidad del propio gobierno en el vaciamiento. El gobierno reconoce haber enviado $2.500 millones para esas cámaras, pero las mismas no existen.

De la reunión participaron el ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, el burócrata de la UTA Roberto Fernández y el propio Berni.

La instalación de cámaras de seguridad en las unidades de transporte bonaerense es una obligación sancionada desde 2016 por la ley 14.897 y refrendada con resoluciones ministeriales posteriores que agregan la incorporación de botones antipánico.

En 2021, la provincia de Buenos Aires giró $2.500 millones en subsidios a las empresas concesionarias del servicio de transporte para que cumplimenten con dicha normativa; sin embargo, las patronales se embolsaron la plata y el gobierno dejó hacer, a pesar de las potestades de control y verificación que “ejerce” regularmente.

En los casos donde sí se implementaron las cámaras esto se hizo de forma deficiente, sin el sistema de soporte material o virtual necesario, por lo que no juegan ninguna función. Además, el gobierno se habría comprometido a enlazar todo el sistema –no implementado- con un centro de monitoreo específico para dicho propósito, cosa que no existe.

Es decir que el dinero que debía ir al cuidado de los choferes y pasajeros terminó en los bolsillos de las patronales vaciadoras. El gobierno se “percata” dos años despues, para salir del apuro de la crisis abierta, pero fue y el cómplice del enriquecimiento de las empresas concesionarias del servicio.

Otro reclamo de los choferes, apenas esbozado por una dirección burocrática que respalda sistemáticamente los planteos patronales, es el de la incorporación de cabinas de seguridad en las unidades de transporte, lo que demandaría una mayor inversión de la empresas vaciadoras, que solo atinaron –pandemia de por medio- a extender una cortina impermeable entre los conductores y los pasajeros.

Se trata de medidas de seguridad de emergencia que el gobierno no adopta en el cuadro de una política que expone a trabajadores y pasajeros a distintos hechos de violencia y delictivos. Unos y otros son víctimas de las zonas liberadas por un aparato policial descompuesto que administra el delito en las barriadas obreras.

Esto es así a tal punto que en los barrios más picantes del Conurbano bonaerense los pasajeros entablan medios de comunicación independientes con los choferes para poder coordinar el acceso a las unidades sin quedar expuestos al delito en las paradas de colectivos.

El gobierno nacional, además, viene de implementar un programa de “paradas seguras”, con la instalación de garitas que en algunos casos cuentan con un puerto USB, en otras algún botón y en la mayoría ninguna de ambos, por lo que solo se trata de “publicidad nacional”.

El vaciamiento de las patronales del transporte público solo es posible con la complicidad de un gobierno que gira subsidios sin control ni verificación de inversión alguna –algo que tiene al parque automotor de la provincia en un estado caótico- y una burocracia que entierra los reclamos obreros, los cuales suelen salir a la luz con métodos de organización y acción independiente.

Es indispensable avanzar en un plan de inversión en infraestructura en los barrios obreros, el establecimiento de cabinas y medidas de seguridad en las unidades de transporte, y el desmantelamiento de la policía bonaerense descompuesta, con la remoción de las cúpulas policiales, responsable de la proliferación del delito, comenzando por la salida del ministro Sergio Berni.