Según datos oficiales de la Seguridad Social, en el 2022 se jubilaron sin aportes completos, por vía de moratoria, 239.417 personas de un total de 368.033 jubilados. Se trata de más del 65% de los jubilados, con mayoría de mujeres, quienes arrastran años de trabajo sin aportes de las patronales, en la informalidad y solo acceden a la jubilación mínima. Otras 74.081 personas accedieron a la Pensión Universal para Adulto Mayor (Puam).

La fuerte incidencia de las moratorias por sobre la jubilación “tradicional” se debe principalmente a la responsabilidad de las patronales, el Estado y los sucesivos gobiernos: el 75% de las jubilaciones por moratoria son mujeres, gran parte de ellas trabajadoras de casas particulares que se desenvolvieron en la informalidad, sumado a trabajadores y trabajadores, de diversos sectores, registrados irregularmente o directamente por fuera del sistema. Además de quienes no contaron prolongadamente con un empleo formal.

A sabiendas de esta situación el gobierno ha sepultado el tratamiento de la prórroga de la moratoria jubilatoria colocándola dentro de la agenda parlamentaria que se encuentra trabada en el conflicto que mantiene con la oposición patronal por el juicio político a la Corte Suprema.

Esto bloquea el acceso de unas 800.000 personas a su jubilación en 2023 y 2024 -esto según lo que contempla el proyecto oficial ya que se estiman en más de 2 millones las personas sin posibilidad de jubilarse- que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios a pesar de haber superado la edad para jubilarse, donde casi el 80% serían mujeres.

Del total de 6.884.185 de jubilados más de la mitad (3.629.608) tuvo que acceder a una moratoria jubilatoria para acceder a los haberes jubilatorios, mientras que otros 289.142 pertenecen a la Puam.

La moratoria jubilatoria permite acceder, en la casi totalidad de los casos, a un ingreso equivalente a la jubilación mínima ($50.124 más el bono de $10.000) menos los descuentos correspondientes al pago de la moratoria en cuestión. En tanto la Puam garantiza el 80% de la mínima: es decir $40.099. Todos montos por debajo de la canasta alimentaria de indigencia de $67.187.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta agregó recientemente que “es muy importante que en Argentina podamos conservar lo que ya tenemos, lo que ya nos pertenece, que es que un argentino pueda pagar su deuda y tener una jubilación”; sin embargo, no se trata de una deuda de “los argentinos”, sino de las patronales que no realizaron los aportes y el Estado que amparó esta situación.

La política del gobierno implica que los y las trabajadoras en edad jubilatoria se vean empujados a tramitar la Puam, resignando parte importante del escaso haber que perciben los jubilados de la mínima, a pesar de que la prórroga de la moratoria ya tiene media sanción en el Senado.

La diputada del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, denunció esta situación en el marco del funcionamiento de la comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la Nación, señalando que el FIT-U presentó un dictamen propio que plantea, entre otras cosas, el derecho a una jubilación universal sin pago de cuotas o moratoria alguna, centrando la responsabilidad en las patronales y los gobiernos.

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