La vacunación VIP de los dueños, familiares y directivos de Murata, empresa que presta servicios de vigilancia para el gobierno de la Ciudad, no nos sorprende a los Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral.

Murata es una de las tres principales agencias, junto con Comahue y Briefin, que emplean la mayoría de los 150 mil vigiladores declarados en todo el país. Fue fundada por Guillermo Montenegro, acusado por espionaje ilegal en CABA durante la gestión de Macri, hoy intendente de Mar del Plata.

Su dueño actual, Roberto Raglewski, como jefe de Drogas Peligrosas de la Federal, estuvo involucrado presuntos robos consumados por personal a su cargo en dos operativos. Fue también jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, y, con anterioridad, estando al frente de la Comisaría 45ª, fue acusado de estar involucrado en dos casos de gatillo fácil.

Otro de los dueños sería Ignacio Cocca, director general de Seguridad Privada y Custodia de Bienes de la CABA. Los trabajadores apuntan a él como el nexo político entre la empresa y el gobierno.

Murata S.A. figuró como una de las tantas aportantes truchas a Cambiemos en la campaña legislativa de 2017. Raglewski donó como particular 500 mil pesos e hizo figurar sin autorización a varios empleados  como aportistas. Esta apuesta por parte de Murata tuvo sus frutos con los jugosos contratos y “licitaciones públicas” de las cuales resultó ganadora y le permitió incrementar exponencialmente su facturación.

Hay aproximadamente 330 edificios públicos en la Ciudad de Buenos Aires que eran custodiados por la Policía Federal Argentina (PFA). Luego del traspaso de la PFA al gobierno de la ciudad, comenzó el jugoso negocio de las licitaciones en materia de seguridad. Se dividió la Ciudad en cuatro zonas para cada una de las empresas por un total de 4.400 millones de pesos en 2016. A Murata terminaron adjudicándole más de 1.100 millones de pesos en ese entonces, suma que por la inflación pasada hoy no es inferior a los 3.000 millones.

Murata mata

Todo lo anterior explica la impunidad con la que se maneja Murata con respecto a sus trabajadores. Desde el inicio de la pandemia, esta empresa rechazó la provisión de elementos de cuidado a su personal. Siete trabajadores fueron despedidos por reclamar barbijos y alcohol en gel.

Miguel Olmedo, con 64 años y a 2 meses de jubilarse, fue obligado a trabajar a pesar de estar dispensado por los decretos del ASPO; y, en castigo por haberse tomado 14 días de la licencia que le correspondía fue enviado a un puesto en el Barrio 31, justo en el momento de mayores contagios allí. El 28 de mayo, Miguel falleció por Covid.

La misma suerte corrió Juan Campos, en el mismo sitio, quien padecía comorbilidades por sus afecciones cardíacas, conocidas por Murata, falleciendo pocos días después que Olmedo, y la lista sigue extendiéndose: Atilio Acosta, Néstor Farías, Claudio Andrades y Valeria Páez.

Los contagios fueron ocultados al resto del personal, sin informar a quienes iban como personal de reemplazo el motivo por el cual estaban allí: que sus propios compañeros presentaban síntomas compatibles o que habían dado positivo.

Este modus operandi de apuntaba a impedir que los trabajadores solicitaran el licenciamiento al haber estado en contacto estrecho con pacientes positivos. La otra vía para impedir las licencias consistía en informar a los pacientes de riesgo o con síntomas que la dispensa se otorgaría sin goce de sueldo.

Los aprietes constantes y amenazas llevaron a la muerte también a Martín Pino en 2018, enviado en castigo y sin instrucción a un sector de múltiples cruces de vías en la terminal Retiro del ferrocarril Mitre, siendo atropellado por una formación.

En el mes de julio, los familiares de víctimas de Murata nos reunimos con el legislador Gabriel Solano, del FIT U – Partido Obrero, quien presentó un pedido de informes al Ministerio de Justicia y Seguridad  de la CABA, el cual fue cajoneado por el resto de las bancadas legislativas.

Este martes 13 de abril se inició la causa penal y nuestra agrupación se hizo presente en los tribunales de Comodoro Py.

¡Basta de impunidad!

¡Justicia por todas las víctimas de Murata!

¡Cárcel a los responsables, incluidos los funcionarios del GCBA!

 

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