La crisis sanitaria está sacando a la luz el profundo fracaso de todo el proceso de “desregulación” y privatización de la salud que pusieron en marcha los gobiernos capitalistas de la última década. Su gran beneficiario, la medicina prepaga, se encuentra hoy en el umbral de la quiebra. En efecto, “si hablaban hace un año de la crisis terminal de un negocio que mueve 2.000 millones de pesos anuales, hoy directamente mencionan la palabra apocalipsis” (El Cronista, 27/2).

Es que “el índice de morosidad en el pago de la cuota se multiplicó por cuatro en relación a 2001, y pasó del 5 al 20%” (ídem). Mientras tanto, “algunas prepagas ya calculan una caída en su cartera cercana al 15%, que se añade a una cifra similar de pérdida de afiliados en los últimos dos años”. Esta situación se agravará en los próximos meses, como resultado del aumento de cuotas que ya están anunciando estos monopolios *forzando a nuevos afiliados a renunciar*, y por los recortes de gastos médicos que implementarán las grandes patronales.

Así, “del total de compañías que reducirán beneficios en 2002, la mitad buscará renegociar la cobertura médica de sus empleados” (El Cronista, 28/2). Este panorama acentuará aún más la afluencia de trabajadores a los hospitales públicos. En la ciudad de Buenos Aires, los nuevos contingentes de pacientes provienen ya no de desempleados del Gran Buenos Aires “sino de habitantes de la ciudad que hasta hace tres meses eran atendidos por el Pami, las obras sociales o las prepagas” (discurso de Ibarra ante la Legislatura, 1/3).

 

Salvar a los capitalistas de la salud

Ante este cuadro, el gobierno de Duhalde anunció un decreto de “emergencia sanitaria”, entre cuyas medidas prevería la elevación en un punto de las contribuciones patronales para las obras sociales. Este “tubo de oxígeno”, ¿es para salvar a los pacientes o a los capitalistas de la salud? Es que junto a esa elevación de los aportes, la “emergencia” de Duhalde “bajaría las exigencias por el Plan Médico Obligatorio” (ídem). Las mayores contribuciones patronales no irán a preservar las prestaciones médicas, sino a los capitalistas de la salud, que subcontratan sus servicios a las obras sociales. Ocurre que “la mayoría de las compañías (prepagas) son propietarias de las clínicas y sanatorios que sufren los incumplimientos de las obras sociales, que con estos fondos (la mayor contribución patronal) podrían saldar sus deudas” (BAE, 27/2). La burocracia sindical ya habría dado el visto bueno a este acuerdo, que entrega la salud de los trabajadores a cambio de una “inyección de fondos” cuyos destinatarios últimos no serán las obras sociales o el Pami (quebrados), sino sus prestadores privados.

 

Los hospitales públicos

El derrumbe de prepagas y obras sociales se abate sobre un hospital público que ya fue desquiciado, precisamente, ¡para pavimentarle el camino a los monopolios de la salud! El concepto de “emergencia sanitaria” *que presenta a esta crisis como resultado de algún cataclismo “natural”* encubre ese largo proceso de vaciamiento, que ha sido denunciado por los trabajadores de la salud. En el Hospital Alvarez “no hay técnicos extraccionistas, y se registra escaso personal en instrumentación, laboratorio, farmacia, camilleros (…). Por otra parte *y como en todos los hospitales de la Ciudad* el 60% del sueldo es abonado en negro, y desde hace 8 años no se han producido nombramientos”. En el Garrahan *tradicionalmente, el más equipado de los hospitales porteños* sus trabajadores denuncian que la sala de terapia intensiva está funcionando a un 60% de su capacidad, como resultado de la falta de insumos y de personal en relación a la demanda de atención. La “emergencia” de Duhalde y su ministro González García nada dice sobre las crecientes necesidades de personal. En cambio *y como ya está ocurriendo en la Ciudad* en nombre de la “emergencia” podría avanzarse sobre las condiciones de trabajo de los profesionales y técnicos, extendiendo sus turnos y duplicando sus tareas.

La privatización del sistema de salud sólo ha dejado en pie a un puñado de capitalistas que lucran exaccionando al Estado y a los trabajadores afiliados. En el otro polo, hay un hospital público en ruinas, y la mayoría trabajadora sin salud.

Para terminar con esta barbarie, el Partido Obrero plantea: gestión estatal de todo el sistema de salud, con mayoría de trabajadores; apertura de los libros de las prepagas, compañías de seguros de salud, el Pami y las obras sociales; cobertura médica integral y efectiva para toda la población; nombramiento y titularización de profesionales y técnicos; inmediato aumento salarial; creación de un nuevo turno de trabajo en hospitales públicos, contratando a enfermeros y profesionales desocupados.