Duhalde está empeñado en crear la ilusión política de que su gobierno es programáticamente distinto al de Menem. Vaya por caso su interés en presentar en las internas del PJ a RouSsellot como un “adversario” identificado con el menemismo; su enfrentamiento con los pulpos del servicio eléctrico,  la conformación de la lista de diputados del PJ con Alende y Brunelli, es decir con los defensores del “mercado interno”, o su demagogia en el tema de los trabajadores sin vivienda.

Se trata naturalmente, de una estafa.

Duhalde es el régimen del “decretazo” y de la violación de la Constitución provincial. Ha derogado de hecho el sistema de licitaciones públicas por los contratos directos de obras públicas (la madre de todas las estafas), apenas controlados por una comisión de carácter consultivo, facultada sólo a un “control posterior … una vez concluido el contrato y finalizadas las actuaciones” (Clarín, 2/12/92). El llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que maneja un presupuesto anual de 450 millones de dólares (10% del impuesto a las ganancias), es así un coto cerrado de los negociados de la camarilla, como se reveló en el escándalo del viaje de fin de curso ‘92 de escuelas carenciadas del conurbano bonaerense, en cuyo listado de participantes se hicieron figurar “escuelas que se hallan en fase de construcción … o no existen”, o padrones deliberadamente inflados. El propio Carpinetti, en ese entonces presidente del Fondo, reconoció a La Nación que la cantidad de alumnos fue “dibujada” y que no podía “poner las manos en el fuego si alguien se llevó una cometa del dos o tres por ciento” (6/4). El sobreprecio pagado por los “Días Felices” (así se llamó el programa) se estima en 3.000.000 de dólares.

El caso más flagrante de violaciones legales, políticas y constitucionales, por parte de Duhalde, fue la transferencia al Estado de la deuda fraudulenta de la Central Piedrabuena —1.350 millones de dólares—, que se impuso ignorando la votación adversa en la Legislatura, donde no se obtuvo el 66% de los votos requeridos. Pero también debe apuntarse la compra de equipos de comunicación para la policía por 103 millones de dólares en favor de Alcatel/Sofremi (la misma que trató de armar el “negocio” de los DNI con Mera Figueroa) cuando por la denuncia de uno de los pulpos desplazados (Motorola) no se necesitaría una inversión superior a los 400.000 dólares (La Nación, 14/7).

El estatismo de Duhalde

Los propagandistas de Duhalde pretenden que es diferente a los “privatizadores” menemistas e invocan que “el gasto público será este año el doble del de 1990, mientras … no se han privatizado empresas estatales (ni Eseba, ni Obras Sanitarias, ni puertos, ni casinos … )”(Ambito, 17/6). Pero Duhalde, como vicepresidente y cabeza del Senado, fue un impulsor decidido de las “privatizaciones” consumadas en el país. ¿Cambió? No, simplemente cambió el maquillaje.

Mientras beneficia con el “gasto público”, a los grandes pulpos contratistas, prepara de común acuerdo con ellos la “privatización”. La estatización de los 1.350 millones de dólares de deuda por la construcción de la Central Piedrabuena equivalen al 25% del presupuesto anual, y se llegó a esa cifra por “una modalidad de contratación original (por la que) esta obra nunca tuvo precio fijo”, aunque Guadagni (ministro de Cafiero), había reconocido que “un grupo ganó la licitación en 295 millones” (La Nación, 12/7/90). La estatizada “deuda” por Piedrabuena más que duplica la estimación del costo de una usina termoeléctrica de punta (600 millones de dólares).

El gobierno está absorbiendo a través de Eseba las sociedades y cooperativas eléctricas de cada zona (muchas de las cuales están en situación de quiebra por sus deudas impositivas y previsionales) lo que revela, según la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) “la intención de Eseba de monopolizar el servicio para luego privatizarlo” (Página 12, 6/7), pero que ya ha comenzado con el despido de trabajadores. El gobierno Duhalde también hizo aprobar por ley la consolidación de deudas con los proveedores del Estado, mediante la emisión de bonos por 600 millones de dólares, en pesos o dólares “con más intereses compensatorios y exento de tributos” y cotizable en todas las bolsas.

Un gobierno oligárquico

Duhalde es el gobierno de los terratenientes, con quienes selló una alianza de entrada incorporándolos a las listas del PJ en 1990. Como fruto de este acuerdo, el impuesto inmobiliario quedó congelado desde esa fecha y a principios de este año se pactó “una disminución entre el 2 y el 14%, correspondiendo el máximo a las propiedades de mayor valuación fiscal, por reducción de la progresividad” (La Nación, 21/1/93). El propio ministro de Economía reconoció que el 35% de los propietarios empadronados no abona el inmobiliario y un 30% del total no está registrado, lo que da una evasión consentida del orden del 50%. Además, los terratenientes “licúan” el inmobiliario acogiéndose al régimen de rebaja por menor aptitud de suelo, contra la sola presentación de un “estudio”.

Duhalde lanzó una línea de créditos del Banco Provincia a tasas preferenciales para refinanciar las deudas bancarias de los productores por las inundaciones. Pero esto beneficia a los terratenientes, que gozan de crédito bancario, no a los pequeños, fuertemente endeudados con cooperativas, acopiadores y vendedores de insumos. En la carrera por las prebendas del gobierno se anotaron grandes propietarios que no vieron caer una gota en sus campos y que sin embargo reclamaron ser parte de las “zonas de emergencia”. (Los satélites climatológicos en uso no distinguen inundaciones en predios menores).

Las víctimas y beneficiarios del operativo “inundaciones” están a la vista. La oligarquía se ha lanzado a la compra de campos inundados a la cuarta parte de su valor. Pero la teta de las inundaciones ha dado aún para más, porque Duhalde acaba de anunciar un congelamiento salarial hasta fin de año con el pretexto de “las fuertes erogaciones” producidas por las inundaciones en la provincia.

Duhalde, un Estado policial

El gobierno Duhalde está cimentando un monstruoso Estado policial, que se expresa en el reforzamiento del aparato represivo, en la impunidad de la “maffia” policial y en la preparación de un andamiaje “legal” que apunta a prolongar los tiempos de detención de las personas (reforma al Código de Procedimientos Penal). Los pobladores de Budge o los trabajadores del Astillero de Ensenada; los alumnos que sufrieron “persecución ideológica”; los asesinatos impunes de jóvenes en el conurbano, Chivilcoy y Gonnet, son un testimonio del Estado policial y ha dado lugar a “marchas del silencio” u otras manifestaciones de repudio.

Duhalde, ya como vicepresidente, había “indultado” a los asesinos del dirigente peronista Miguel Gil, ocurrido en 1975 a manos de la Triple A. Duhalde indultó a Sffaeir y esposa y antes Menem a Domingo López, todos ellos de Chacabuco, y este último uno de los “constructores” de la Liga Federal. El ex comisario Patti revista como asesor de seguridad del gobierno provincial.

Según los propios datos oficiales, la seguridad se llevó el 12% del gasto público provincial contra, por ejemplo, el 17.5% de Salud Pública y Acción Social en el ‘92. En el ‘93 el 12% será largamente superado. Lo significativo, sim embargo, es que la policía no aparece cuando se trata de cubrir la seguridad de los trabajadores sino para reprimirlos, a la vez que los capitalistas tienen perfectamente armada su propia red de seguridad, con una policía paralela que cuida sus fábricas, sus “countries” o sus barrios (y que actúa con absoluta impunidad).

Los misterios del Banco Provincia

Una de las claves del dominio político de Duhalde es el control del Banco Provincia. Al comienzo, colocó en el directorio, (junto a sus hombres) a Merbilhaa (Carbap) “quien a su vez representa a la UCR de la provincia” (Clarín, 12/6) y a Juan Ramón Nazar (CGE). Este directorio acaba de renunciar y Duhalde anunció la incorporación de representantes de la SRA, CRA, y FAA, junto a “otros” del empresariado. Como se ve, la caja está en manos de los saqueadores capitalistas. En diciembre del ‘87, el Banco Provincia tenía una deuda externa de 1.450 millones de dólares. ¿Qué hizo Duhalde? La refinanció por bonos de EE.UU., a 12 años con una tasa flotante (Página 12, 24/11/91); sobre el resto se está aún negociando (en secreto) una refinanciación con 26 bancos acreedores. Según el presidente del Banco Provincia, existe una deuda del Estado provincial (cuyo carácter no precisa) que “hemos logrado renegociar (la deuda) bajándola en más de 1.000 millones de dólares” (¿sobre cuánto?), es decir, que los bancos le habrían perdonado un 70%, lo que es una clara mentira, más una deuda con el Banco Central (¿del Banco?) que “estamos pagando” (ídem) y cuyo monto tampoco se conoce. A esto debe sumarse la deuda de Eseba, “en un monto de 1.300 millones de dólares”, y la morosidad en la devolución de los créditos otorgados por el Banco (Sebastiani, candidato a diputado por la lista de Duhalde, tiene una deuda de 70.000 dólares). En una palabra, que se abran los libros del Banco, ya que, negociados aparte, todo indica que está en quiebra.

El Banco Provincia y la política impositiva forman el corazón de la alianza de Duhalde con los terratenientes, los industriales y los banqueros internacionales. Entre 1991 y 1992, de todos los impuestos específicos de la provincia, creció en un 70% (768 a 1.255 millones de dólares) sólo ingresos brutos (Clarín, 15/6/92), lo que se logró aumentando los mínimos, “que en el caso del comercio pasan de 30 a 42 pesos por mes y en industria de 17 a 25” (ídem), pero congelando la tasa a los pulpos grandes. Un capítulo de crisis es la relación de la provincia con las comunas, a las que no se les envían más adelantos a cuenta de la coparticipación, que alcanza un 15% del presupuesto provincial y que las comunas resuelven por la vía del impuestazo (tasa vial).

Sacáte el antifaz

En una palabra: “Duhalde es Menem”. Es el régimen del “decretazo”, del congelamiento salarial, del pago de la deuda fraudulenta por la central Piedrabuena, del endeudamiento en cifras desconocidas del Provincia, de la corrupción.

A la luz de lo visto resulta claro que hay que:

1.            Anular la estatización de la deuda (fraudulenta); enjuiciar al Ejecutivo por truchar el presupuesto provincial, investigar la deuda y a sus responsables; abrir las cuentas de los funcionarios corruptos y sus socios capitalistas. Rechazar la privatización de Eseba, de la cual forma parte el “arreglo” Piedrabuena.

2.            Impulsar la organización popular contra el Estado policial; depurar a la policía; municipalizar su función; sustituir a la policía por una milicia civil bajo control popular.

3.            Abrir las cuentas del Banco Provincia; conocer su endeudamiento y su origen; investigación de la deuda de Eseba; confiscación de todos los grandes empresarios y terratenientes morosos con el Banco, condonación de deudas al chacarero pequeño.

4.            Fuera la confiscación impositiva: impuestos progresivos y confiscatorios a la tierra, a las grandes fortunas y a los beneficios capitalistas.

5.            Tierra y vivienda para los sin techo, confiscación de suelos baldíos y grandes extensiones urbanas para dar paso a entrega de terrenos escriturados, créditos accesibles para la vivienda y obras públicas en los barrios.

6.            En el conurbano se concentra la mitad de los 2.500.000 desocupados de todo el país y es el lugar donde se ha producido el mayor aumento del desempleo. Plan de obras públicas y de viviendas bajo control de los trabajadores, financiado con un impuesto de emergencia al gran capital.