El gobierno de Duhalde, a través de una resolución de la Dirección General de Escuelas, pretende imponer una nueva metodología para la “prevención de la salud y control de ausentismo del personal docente”. Con todo descaro, lo pusieron en vigencia el mismo día en que fue hecho público (17 de agosto).

Este sistema establece que el docente enfermo debe concurrir al Consejo Escolar a solicitar la carpeta médica, concurrir a una clínica habilitada al efecto y dar aviso obligatorio el mismo día a los servicios educativos  en los que se haya ausentado.  Todo, dentro de las dos primeras horas de su horario de trabajo.

Si la enfermedad no le permite ambular, el periplo debe hacerlo alguien a quien el docente “tenga a su servicio”  (marido, vecino o hijos).  Sólo después de esto será visitado por alguno de los cientos de médicos contratados  por este verdadero Duhalde-Medicar.

La Gobernación ha tenido el empacho de afirmar que esta nueva metodología se imparte en nombre de los “derechos humanos y laborales del docente”!

 

Duhalde-Medicar

La gobernación viene machacando contra el sobredimensionamiento, los altos costos y la ineficacia del sistema educativo.  Pero mediante esta resolución, en realidad, se encarecen ¡y de qué forma! los servicios educativos.  El nuevo sistema de control del ausentismo prevé el contrato de clínicas privadas con un gasto mensual de 1.200.000 pesos, que equivale a una suma “per cápita” superior a la que recauda IOMA (obra social docente).  Duhalde, a expensas de la salud de los docentes, ha abierto un nuevo ámbito para el lucro capitalista, “retornos” incluidos.  No hablemos del abarrotamiento y aumento sideral de trámites que se concentrarán en los consejos escolares.

El anuncio del nuevo régimen ha desatado una gran rebelión.  Hubo numerosas reuniones de delegados y compañeros en muchos distritos.  Las escuelas fueron elaborando pronunciamientos y denuncias contra este nuevo sistema.  Es necesario unificar a la docencia en  un movimiento común.

TRIBUNA DOCENTE  plantea que se convoque a un paro de 24 horas de advertencia, preparatorio de un plan de lucha, reclamando la derogación de la reforma negrera y la restitución del decreto de licencias conquistado en 1984, que establecía la equiparación completa entre suplentes, provisionales y titulares.